La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) estableció acuerdos de cooperación y capacitación con universidades públicas y privadas para instaurar políticas con perspectiva inclusivas en el ámbito académico y así desarrollar prácticas que acompañen a los estudiantes con discapacidad. 

Entre las casas de estudio del sector público ya forman parte de la iniciativa la Universidad Nacional de La Plata, la de Lanús, la de Matanza y la de Malvinas Argentinas. En cuanto al sector privado ya están comprometidas la Universidad Gran Rosario, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, y la Universidad de Concepción del Uruguay. 

"Todas las carreras deben contemplar la formación en discapacidad", aseguró Fernando Galarraga.

Paralelamente, ANDIS estableció acuerdos colectivos con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), integrado por los rectores de todas las universidades nacionales y un espacio similar en el ámbito privado, por el cual se busca visibilizar la discapacidad en la formación profesional a partir de propuestas académicas.

Con la incorporación de estas políticas públicas inclusivas, las formaciones relacionadas a lo social contarán con las herramientas necesarias que trasciendan y contribuyan a fomentar el ejercicio de los derechos de todas las personas, con una mirada social y transversal. “Todas las carreras deben contemplar la formación en discapacidad”, aseguró Fernando Galarraga, director ejecutivo de ANDIS en referencia a que los establecimientos deben acompañar la trayectoria de los estudiantes en comunicación con El Auditor.info.

Al mismo tiempo, Galarraga aclaró que si bien la transformación cultural es a largo plazo, el organismo tiene la intención de instaurar la temática de la discapacidad de manera transversal y con distintas propuestas académicas.

En el marco jurídico, la Ley 22.431 de protección a personas con discapacidad establece que se debe garantizar el 4% de los puestos de trabajo en todos los organismos que componen al Estado. En este sentido, Galarraga aspira a que “en la docencia universitaria se cumpla ese porcentaje”.

Para la implementación del acuerdo con las universidades, Galarraga especifica que “desde el Estado se brindará capacitación en las áreas que se solicite con mesas de trabajos destinadas a cada tema” y, además de apoyar formaciones específicas, “se propondrá la creación de certificaciones especiales”.

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Adecuación de materiales

En ese mismo eje, la Universidad de la Matanza, por medio de la iniciativa de la Biblioteca Leopoldo Marechal, lanzó el programa de voluntariado de “adecuación de materiales de estudio” con el objetivo de convertir los formatos textuales convencionales a textos accesibles para los estudiantes con discapacidad visual, parcial o total.

El programa está dirigido a los estudiantes y docentes de las unidades académicas de la universidad y al personal no docente de la comunidad que les interese participar de una iniciativa enfocada en el trabajo conjunto y colaborativo, desde la digitalización hasta la reestructuración y corrección de archivos digitales.

Además durante el año se brindan charlas en el marco del proyecto de voluntariado universitario y en la agenda de discapacidad. En el transcurso de la pandemia, se implementaron políticas universitarias para garantizar la accesibilidad académica de todos los estudiantes: digitalización de apuntes y material bibliográfico académico, adaptación de textos y escritos del material de estudio. Y al mismo tiempo, se incorporó un equipo de intérpretes de lengua de señas con el fin de brindar acompañamiento en la clases a quienes lo requieran.

Proyecto de Ley para capacitar docentes 

En esta misma línea, la abogada Romina Nuñez presentó un proyecto de Ley que tiene como objetivo capacitar, sensibilizar y concientizar a la comunidad educativa de los niveles obligatorios de todas las modalidades del Sistema Educativo Nacional sobre discapacidad y dificultades en el aprendizaje. 

Con la intención de incorporar un trato adecuado y no discriminatorio para estos estudiantes, se establece brindar las herramientas pedagógicas que puedan promover la inclusión y la capacitación de todo el personal docente de manera obligatoria.

“El área universitaria no se pudo incluir en el proyecto porque es un ente autárquico, pero que inicialmente se incorpore a la educación media ya es un avance”, explicó Nuñez en diálogo con El Auditor.info, en función al alcance educativo de la normativa.

Entre otros aspectos, el proyecto busca promocionar la sensibilidad y concientización sobre la discapacidad en el ámbito educativo considerando que se debe garantizar el acceso al derecho conforme la legislación vigente. 

De esta manera, Nuñez asegura que "se posibilitaría la participación plena y efectiva de todos los estudiantes y se cumpliría con lo establecido en los tratados internacionales incluidos en nuestra Constitución".

Actualmente son optativas las herramientas o capacitaciones con perspectiva de discapacidad en la educación, por lo que Nuñez recalca la necesidad de la sanción del proyecto para "asegurar la formación obligatoria de todo el personal". 

En referencia a la necesidad de un proyecto de esta envergadura, Nuñez asegura que cotidianamente recibe consultas de padres que no pueden acceder a una matrícula escolar por que el sistema “carece de herramientas y capacitaciones con perspectiva inclusiva”, mientras que al mismo tiempo, lo vive a diario por tener un hijo con trastorno del espectro autista.