La Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció en un fallo la sobrepoblación crítica del sistema penitenciario de Buenos Aires y ordenó a la Justicia provincial hacerse cargo de la situación estructural de violaciones de derechos que sufren las personas privadas de libertad.

El máximo tribunal judicial del país se expidió sobre la sentencia emitida en base a la presentación formulada por el periodista y titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, en 2001, sobre el estado de las cárceles bonaerenses. El hábeas corpus correctivo llegó a la CSJN en 2005.

El habeas corpus es una garantía que busca proteger a los ciudadanos de detenciones y arrestos ilegales. En este caso, el amparo surgió en reparo de las personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires, detenidas en establecimientos policiales superpoblados, y de aquellas detenidas en tales lugares, pese a que legal y constitucionalmente su alojamiento debería desarrollarse en centros de detención especializados.

La cantidad de personas que son alojadas en distintas comisarías de la provincia aumentó un 426% en nueve años, según CELS.

ElAuditor.info dialogó con Mariano Lanziano, coordinador del equipo de política criminal y violencia en el encierro de CELS, y con Leandro Halperin, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, abogado especialista en educación en contextos de encierro, sistemas penitenciarios, derechos humanos y seguridad. Ambos juristas detallaron el fallo de la Corte y ofrecieron soluciones a la sobrepoblación carcelaria.

En relación al hábeas corpus, Lanziano marcó que “el procedimiento jurídico fue el primero y estableció ciertas pautas que después fueron replicándose en la jurisprudencia a partir de 2005 en muchos otros fallos, sobre todo, a la tutela colectiva”. Asimismo, agregó que CELS sostuvo, desde un comienzo, que la discusión que daba el fallo era más amplia que la problemática de las personas que se encontraban alojadas en comisarías.  

Frente a esta situación, la resolución reconoció la grave situación de sobrepoblación en cárceles y comisarías bonaerenses. De igual forma, definió que la detención en establecimientos policiales no resulta adecuada y que no corresponde rehabilitar los que fueron clausurados. “Este fallo presenta un antecedente importante para próximas acciones en otras provincias. El poder judicial es el responsable primario de la situación de las cárceles”, subrayó el coordinador de la organización. 

Por su parte, Halperin sumó una dificultad más a la realidad carcelaria. “La pandemia agravó la problemática, se perdió la posibilidad de realizar actividades que tengan que ver con una vuelta al medio libre no conflictivas”, sostuvo.

En esa sintonía, el legislador expuso disconformidad con las medidas aplicadas, “las políticas públicas son equivocadas, se trasformaron derechos en privilegios dentro de las cárceles, y que esos privilegios sean regulados por la violencia como forma de poder acceder a derechos”. Asimismo, el especialista en sistemas penitenciarios pidió reformular el escenario normativo que tienen las penitenciarias.

Las causas del aumento de internos

Según el CELS, en base a datos del Ministerio de Justicia y el de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la cantidad de personas que son alojadas en distintas comisarías de la provincia aumentó un 426% en nueve años. Además, alcanzó un pico de 5661 en noviembre del año pasado. 

El trasfondo de este aumento exponencial de encarcelaciones es -según Lanziano- una legislación y políticas extremadamente punitivas. “La única respuesta que brindan a la demanda social de seguridad es la privación de libertad”, enfatizó el abogado.

Sumando a esto, desde CELS se denunció que no existen alternativas al encarcelamiento. El coordinador del equipo de violencia en el encierro de la ONG afirmó que “hay pulseras electrónicas que no se están utilizando porque los jueces, a partir de todas las presiones y de sus propios posicionamientos, ni siquiera dan prisiones domiciliarias”. Pese a ello, Lanziano detalló que estos dispositivos son las más controlables y los que menos problemas deberían generar. 

Medidas para evitar el colapso

Frente a la emergencia sanitaria que se atravesó el año pasado, la entidad social alertó a la Suprema Corte bonaerense sobre la necesidad de adoptar medidas estructurales para evitar el colapso del sistema de encierro provincial ante un posible brote de COVID-19. Sin embargo, la SCBA decidió no intervenir.

“La sobrepoblación sigue creciendo, hay menos lugar donde meter a las personas y no hay velocidad de construcción que pueda alcanzar ese ritmo de encarcelamiento”, sentenció el abogado de CELS.

Halperin planteó la necesidad de que se reforme la infraestructura carcelaria, haciendo énfasis en la construcción de nuevas plazas y reacondicionamiento de las existentes.

En el mismo sentido, el abogado destacó que se requiere una “reformulación de esos espacios, pensados no solamente en la seguridad, sino en brindar oportunidades para que puedan acceder a la educación y a la capacitación para el empleo”. Para finalizar, subrayó que “la cárcel pareciera favorecer a la reincidencia, más que a la vuelta al medio libre no conflictiva”.