El conflicto entre los reclusos de la cárcel de Devoto y las autoridades llegó a su fin. Finalmente, en la mesa de diálogo, que contó con la representación del gobierno Nacional a través del sercretario de Justicia, quedó asentado el compromiso de retomar el funcionamiento normal del establecimiento en cuanto a seguridad, alojamiento y disciplina. 

Pero la polémica del sistema carcelario no termina ahí. En las últimas semanas se desató un debate en torno a cómo descomprimir la población carcelaria como medida de prevención para evitar la expansión del coronavirus.

Varios medios afirmaron que se exigía la libertad de los presos. En ese sentido, la semana pasada, en diálogo con este medio, Leandro Halperín señalaba que "es parte de la infodemia”. Además explicó que un recluso puede pedir su libertad también cuando no hay pandemia, "de ahí a que haya posibilidad de que sea cierto, es algo que ni siquiera se plantea”.

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La periodista especializada en temas judiciales, Sol Garnica, habló en Radio Si y comentó que "las medidas que se tomaron replicaron una recomendación de la Comisión Internacional de Derechos Humanos y de la Organización de Naciones Unidas para tener en cuenta la situación de las personas privadas de su libertad en marco de la pandemia de Covid-19”.

Si bien se dijo muchas veces que las salidas fueron masivas, para Garnica no fue tan así. “Sobre un universo de 45.00 presos, el cálculo que hace el Servicio Penitenciario bonaerense es que salieron alrededor de 500 personas, cuando normalmente salen 1.700 por mes. La lista del Sistema Federal indica que hay 1.280 reclusos en situación de riesgo, de los cuales solo salieron 320”, detalló.

Uno de los fallos más discutidos fue el del juez Víctor Violini, quien había habilitado mediante un Habeas Corpus colectivo las prisiones domiciliarias de unos 2.300 detenidos en la provincia de Buenos Aires por ser adultos mayores, tener enfermedades preexistentes o tratarse de embarazadas. 

Con respecto a esta decisión, Garnica detalló que “está suspendida porque la Fiscalía de Casación dijo que estaba en desacuerdo, la llevó a la Corte bonaerense que finalmente la detuvo. No significa que no sale más nadie".

Por su parte, muchas víctimas de delitos se mostraron en contra de una posible liberación masiva y organizaron distintos manifiestos para hacer pública su postura.

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En diálogo con El Auditor.info, Jimena Aduriz, madre de Ángeles Rawson que integra el Observatorio de Víctimas de la Cámara de Diputados de la Nación, reveló que “la decisión del Juez Violini fue muy ofensiva”. “Fue una medida que se otorgó sin ninguna contemplación jurídica, me impactó de una forma dolorosa y negativa, me asustó y sentí que volvían a matar a mi hija”, agregó.

Luego de algunos días de incertidumbre, Aduriz admitió que la decisión de la Corte bonaerense la llenó de orgullo y alivio. “Ocho de cada diez personas estaban en contra de la media de los jueces y eso me demostró que todos tenemos un lugar diferente desde donde actuar. Nosotros estamos en el Observatorio, pero hay muchas otras ONG de víctimas y también estuvo el reclamo de la ciudadanía con los cacerolazos”, destacó la mamá de Ángeles Rawson.

En ese sentido, consideró que “se tiene que instalar la Ley de Víctimas y ser conocida”. Es importante que el pueblo la conozca y hay que hacer docencia con eso. Más allá de las víctimas, la ciudadanía se mostró preocupada e indignada y eso me dejó la sensación que de que podemos unirnos y reclamar por cualquier cosa que sea injusta o que esté mal”, concluyó.