Coronavirus: advierten sobre la falta de control en el uso de fondos europeos

El impacto del coronavirus en Europa llevó al bloque a flexibilizar las normas que rigen sobre los fondos que envía a los países para cuestiones específicas, como la investigación científica. 

La idea fue agilizar los tiempos y que los Estados miembro puedan destinar ese dinero en forma directa a la lucha contra la pandemia. 

Pues, ante este panorama, el Tribunal de Cuentas del viejo continente advirtió sobre la posible falta de control en el uso de esos recursos y recomendó equilibrar la “urgencia” de la situación con el “cumplimiento de la buena gestión financiera”.

Contexto

Al cierre de esta edición, Europa acababa de superar la barrera de los 130 mil muertos por coronavirus. Además, se llevaban registrados casi un millón y medio de contagiados. 

Por eso, a mediados de abril, y teniendo en cuenta que “los Estados miembro se vieron afectados de un modo sin precedentes” por la pandemia, el Parlamento europeo aprobó la “flexibilización excepcional” de los reglamentos vigentes en los llamados Fondos Estructurales y de Inversión.

Se trata, como ya se dijo, de recursos orientados al desarrollo regional, a la investigación, al ámbito agrícola y marítimo, entre otros aspectos de interés comunitario. 

Puntualmente, la decisión del Parlamento apunta a que los países puedan destinar esa ayuda a las exigencias sanitarias del contexto, sin tener que dedicar sumas fijas a los temas mencionados. 

Por reglamento, tanto el Parlamento como el Consejo de la Unión Europea pidieron la intervención del Tribunal de Cuentas del bloque, para que dé su visión sobre la medida. Así surgió el dictamen con las advertencias del organismo de control. 

Riesgos

El Tribunal inició su análisis aclarando que “entiende” la situación que atraviesa el continente, con la necesidad de “adoptar medidas extraordinarias”, como la “movilización urgente de todos los recursos financieros disponibles para afrontar las consecuencias” del coronavirus. 

No obstante, el dictamen enumera los “riesgos que comporta” la decisión del Parlamento europeo.

Por ejemplo, se señala que, si bien la propuesta permitiría “seleccionar y financiar acciones que fomenten la capacidad de respuesta ante la crisis”, en rigor “no facilita detalles sobre a qué tipo de operaciones, ni sobre cómo podrán llevar un seguimiento de las mismas los Estados miembro y la Comisión". 

Es más, “tampoco establece requisitos de control con respecto a las inversiones” que se harían con los recursos, como el desarrollo de los sistemas informáticos para registrar el avance de la pandemia. 

“En consecuencia, la Comisión no podría disponer fácilmente de información fiable sobre el gasto en respuesta al brote de Covid-19, lo cual podría afectar a la rendición de cuentas del uso de los fondos ante los ciudadanos de la UE”, concluye el Tribunal.

Afectar el control tendría un "efecto negativo sobre la confianza de los ciudadanos", dijo el Tribunal.

Por otra parte, hay una referencia al tiempo que deberían estar vigentes estas medidas. Es que, así como “algunas se mantendrían por un período especificado, otras irían hasta final de 2023, una vez que finalicen los pagos del actual período de programación”. Y “teniendo en cuenta la incertidumbre sobre la duración de los diferentes aspectos de la crisis, es importante que la Comisión supervise atentamente la evolución de la situación, para poder garantizar que sigan solo mientras sean necesarias para el propósito ‘temporal y excepcional’ antes citado”.

Exposición al fraude

Asimismo, el Tribunal destaca el impacto de la flexibilización sobre la tarea misma del control. Es que, según el dictamen, el brote podría ser usado como ”justificación” de los auditores “para utilizar un método de muestreo no estadístico en su trabajo”, lo que “implica el riesgo de que las muestras resultantes no sean representativas y den lugar a porcentajes de error y opiniones no fiables”. 

Para completar el cuadro, el ente añade que “esto podría limitar el control de los fondos en un momento en que, probablemente, el gasto esté más expuesto al riesgo de error o de fraude. Por tanto, esta propuesta podría afectar a la capacidad de la Comisión para proporcionar garantías del uso legal de los recursos, con las consiguientes repercusiones en el proceso de rendición de cuentas y en la auditoría del Tribunal”.

La confianza de los ciudadanos

Como "comentario final", el organismo de control europeo dijo que, si bien “esta reacción a corto plazo es necesaria”, remarcó que “no debería implicar compromisos sustanciales en la rendición de cuentas (ya que esto) tendría un efecto negativo en la confianza de los ciudadanos de la UE en sus instituciones”.

Además, el dictamen observa que la Comisión trabajó “con presiones políticas y plazos muy ajustados para presentar su propuesta”, y que esta situación “aumenta el riesgo de que surjan problemas imprevistos relacionados con el diseño y la ejecución de las medidas”.

“La Comisión deberá vigilar estrechamente la evolución de la situación”, opinó el Tribunal de Cuentas europeo, en referencia a la ya mencionada vigencia de la flexibilización, y completó: “Será importante volver a las normas habituales en cuanto sea posible”.