En 2016 le advirtieron a la Unión Europea que adopte más medidas contra las pandemias

Sobre el fin de la semana pasada se confirmó que el foco de la pandemia de coronavirus se desplazó de Europa a Estados Unidos, tal como lo había previsto la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, la mudanza no significa que la enfermedad haya moderado su castigo al viejo continente. Al contrario, los países del bloque siguen sumando víctimas y, al cierre de esta edición, habían superado la barrera de los 25 mil muertos.

Así las cosas, Europa enfrenta una de las peores crisis de las últimas décadas, incluso habiendo sido advertida, hace casi cuatro años, sobre la necesidad de adoptar más medidas contra eventuales pandemias. 

La recomendación surgió, como en otras oportunidades, de un organismo de control; en este caso, del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE), que elaboró un informe sobre los resultados de un programa regional destinado a abordar las “amenazas transfronterizas graves para la salud”.   

Al momento de presentar su trabajo, el comunicado de prensa del ente -fechado el 8 de diciembre de 2016-, decía: “La planificación a escala europea para proteger a los ciudadanos de amenazas graves para la salud, como la gripe pandémica, presenta insuficiencias significativas” y añadía que, “aunque se dieron pasos importantes en los últimos años, todavía es necesaria una mayor cooperación entre los Estados miembro y sus autoridades del ámbito de la salud pública”.

El programa

La iniciativa analizada por el Tribunal de Cuentas de la UE se llama Decisión 1082 sobre las amenazas transfronterizas para la salud. Fue aprobada en 2013 y es, en rigor, el último eslabón de una cadena de herramientas de las que se valió el bloque para enfrentar potenciales crisis sanitarias. 

Esa cadena se inició en 2001 con la creación del Comité de Seguridad Sanitaria (CSS), un espacio “informal”, según el organismo de control, pensado para coordinar las acciones de los Estados miembro ante lo que entonces era la máxima preocupación regional: las enfermedades transmisibles. 

También figura la Decisión 2119/98 que inauguró una red para la vigilancia epidemiológica y el control, justamente, de las enfermedades transmisibles, que incluía un Sistema de Alerta Precoz y Respuesta (SAPR).

En 2004 se fundó el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (CEPCE), una agencia independiente que se encargó de coordinar la red de vigilancia epidemiológica y el SARP.

Y ya para 2007, todos los países de la Unión Europea pasaron a formar parte del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), un tratado jurídicamente vinculante, que fue adoptado ante el “incremento de los desplazamientos y el comercio, y la aparición y reaparición de amenazas de enfermedades y otros riesgos para la salud pública”, recordó el Tribunal.

Así se llegó a la Decisión 1082/2013/UE que, entre otras cuestiones, formaliza el ya mencionado CSS y amplía el marco jurídico para atender, no solamente las enfermedades transmisibles, sino también incluir las amenazas químicas, ambientales y las de origen desconocido.

Igualmente, la “innovación” de la iniciativa fue, para el organismo de control, la presentación del “mecanismo de adquisición conjunta de productos médicos de respuesta sanitaria”, es decir, la coordinación de compras colectivas de insumos como, por ejemplo, vacunas. 

Los resultados

¿Qué vieron los auditores? En primer lugar, el informe sostuvo que “la aplicación” de la Decisión “se vio obstaculizada por retrasos”. Resulta que, en el marco del programa, los Estados miembro debían “consultarse mutuamente” para coordinar esfuerzos y tenían que enviar al Comité de Seguridad Sanitaria, a partir de 2014 y desde entonces cada tres años, sus planificaciones en la materia. 

Pero el Tribunal notó que “en 2014 solamente nueve países enviaron sus planes a tiempo y otros 17, recién en 2015, remitieron los correspondientes al año anterior”. Eso, sin perjuicio de que los proyectos llegaron al CSS “sin documentación justificatoria de las acciones que allí se plantean”.

Además, el texto cuestiona como “inaceptable” que los países se hayan inclinado por “autoevaluaciones optativas” para medir si cumplían el Reglamento Sanitario Internacional.

¿Por qué? Básicamente porque, sin una mirada externa, esas evaluaciones resultan “insuficientes”, dijo el Tribunal, ya que no permiten transparentar las capacidades de respuesta de los países ante amenazas sanitarias.

Y esto, que parece jerga de la familia del control, toma especial relevancia hoy. Los auditores recordaron que, meses antes de emitir su trabajo, se celebró la 69˚ Asamblea Mundial de la Salud, en la que se concluyeron dos cuestiones relacionadas al tema: en primer lugar, que las evaluaciones externas y cruzadas entre los países son una “buena práctica” de la implementación del Reglamento Sanitario Internacional y, por último, que “la falta de aplicación del RSI fue un factor que contribuyó a la intensificación del brote de ébola” que, para entonces, ya había matado a más de 11 mil personas.

La laguna

Formalmente, la gestión de las crisis sanitarias está estipulada en un Memorando de Entendimiento, que data mayo de 2013 y fue firmado por las direcciones de Salud y Seguridad Alimentaria, Migración, Interior, Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea. 

En pocas palabras, ese documento detalla la manera de coordinar las actividades transversales para aumentar la capacidad de respuesta del bloque ante emergencias. 

Sin embargo, cuando el Tribunal hizo su informe, tres años después de la firma del memorando, “aún se estaban desarrollando los procedimientos operativos normalizados para aplicar el acuerdo”, dice el texto, lo que demuestra -a palabras de los técnicos- la existencia de “lagunas de coordinación interna”. 

Alerta precoz

Si bien el organismo de control reconoce que el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta (SAPR) “se gestiona y aplica convenientemente”, remarca que “presenta una serie de limitaciones, debidas a su diseño desfasado, que no permite la integración de los instrumentos informáticos más recientes, la conexión con redes sociales o la plena compatibilidad con los dispositivos móviles”.

¿Por qué esa interconexión era tan necesaria? Porque al momento de la auditoría “no había plataforma o un instrumento específico de conocimiento de la situación a nivel de la UE que permita obtener una visión general, en tiempo real, de las medidas nacionales de salud pública adoptadas para combatir las amenazas transfronterizas”. 

¿Y cómo hacían?, los técnicos observaron que “o bien se emplea el SAPR para tal fin, o bien se intercambian correos electrónicos entre los miembros del Comité de Seguridad Sanitaria”.

Las lecciones del tiempo

En 2015, un hospital español tuvo “dificultades” -dijo el Tribunal- a la hora de conseguir en toda Europa la antitoxina que le permitiera enfrentar un caso de difteria. Así fue que el mencionado Comité asumió la tarea de armar un grupo de trabajo para generar procedimientos de respuestas “rápidas y coherentes” del bloque ante emergencias.

¿Y cómo se iba a formar ese grupo? Lógicamente, si de bloque se trata, el equipo estaría integrado por enviados de todos los países. El problema fue que, al momento de su trabajo, el organismo de control “no pudo obtener pruebas de que se hubiera llegado a un acuerdo sobre el procedimiento pertinente, o que se iniciaran tareas específicas al respecto”. 

Es más; el Tribunal constató que “los progresos en la organización” para la compra conjunta de vacunas contra la gripe pandémica H1N1, iniciada en 2009, “habían sido lentos, debido a la escasa capacidad de respuesta de los Estados miembros y a la falta de un mecanismo europeo para afrontar las necesidades urgentes de productos médicos, lo que reduce potencialmente la preparación de la Unión Europea ante la gripe pandémica”. 

Hoy, en plena pandemia de coronavirus, no han dejado de llegar noticias sobre el desabastecimiento de insumos médicos en el viejo continente y las dificultades de los países para hacerse de las herramientas que permitan avanzar con los tratamientos.