La Oficina Anticorrupción solicitó la elevación a juicio de la causa Los Sauces, que tiene como principal involucrada a la ex Presidenta y actual Senadora, Cristina Fernández de Kirchner. Además solicitó 10 años de prisión para el ex Ministro Julio De Vido, en el marco de la causa Once 2 (sobre la tragedia ferroviaria).

La Auditoría General de la Nación (AGN) advirtió dos veces que el funcionamiento de Trenes de Buenos Aires (TBA) tenía varias fallas. En 2008, por ejemplo, el organismo que comandaba el radical Leandro Despouy aseguró que las empresas tenían un acotado riesgo empresario, lo que equivalía a que ante algún siniestro las empresas estaban libres en lo que respectaba su responsabilidad civil.

En marzo de 2012, luego del accidente ferroviario, la AGN presentó otro informe en donde explicó el estado de situación de TBA durante el período 2007 2009. Ese documento fue lapidario: explicaba como la empresa no realiza, sobre el material rodante que utiliza para la prestación del servicio, el mantenimiento exigido por contrato.

Estos dos trabajos terminaron siendo piezas claves en la causa Once 1, en la cual fueron juzgadas 28 personas, entre ellas Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Claudio Cirigliano y hasta el propio maquinista, Marcos Antonio Córdoba. Ahora, en el marco de la causa Once 2 está siendo juzgado el ex Ministro de Planificación, Julio De Vido, por administración fraudulenta en concurso real con el estrago culposo seguido de muertes, y los informes de la AGN siguen teniendo un papel fundamental en este nuevo juicio.

Es cierto que el control de estas instituciones no es concomitante, sin embargo, en el caso particular de las auditorías a TBA, ni el Poder Legislativo (para quien trabaja directamente la AGN) ni el Poder Ejecutivo se hicieron eco de las advertencias que proponían los informes y a pesar de que sea imposible hacer historia contra fáctica, queda una sensación de que el hecho se podía evitar, así como pueden ser evitadas futuras tragedias.

Transparencia Internacional

Mientras algunos organismos de control y la justicia se encargan de que las causas tengan una conclusión, Argentina queda en el foco de las organizaciones internacionales que se encargan de medir la percepción de corrupción que tiene el mundo. El año pasado nuestro país quedó en el puesto 85 sobre 180.

Cerrando el ciclo 2018, la ONG Transparencia Internacional trabaja para crear el ranking que se presentará en febrero de 2019. Dadas las condiciones de las causas de los funcionarios actuales y anteriores, y siendo que no se avanzó demasiado en ningún proyecto de ley anticorrupción, es probable que Argentina mantenga el puesto o caiga algunos. Todo depende del crecimiento de los otros países.