La semana pasada, en medio de las turbulencias provocadas por los anuncios del presidente Mauricio Macri y su ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quedó en claro que el Gobierno no tiene un plan alternativo para reencarrilar el rumbo de la economía.

Lo que se presentó como una reducción a la mitad de todos los ministerios, más allá de los ganadores y perdedores en semejante reestructuración, dejó como único dato destacado la renuncia del ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana, pero de ahorro para alcanzar los objetivos que le exige el FMI para soltar todos juntos los 29.000 millones de dólares hubo poco y nada.

Todo sigue más o menos igual, aunque si se quiere bajo una estructura diferente de poder. Los políticos no parecen dispuestos a hacer el esfuerzo que les demanda la crisis que atraviesa el país, y mucho menos en la víspera de un año electoral que, por otra parte, parece querer adelantarse, al menos en los debates.

De los tres consensos que necesitaría el país para salir adelante, según el propio Gobierno, el equilibrio en las cuentas públicas se presenta como el más difícil de lograr. El déficit cero es una imposición del FMI y una de las metas a cumplir que más obstáculos presenta. Los funcionarios insisten en buscar las culpas del presente en cuestiones ajenas al marco de sus decisiones políticas y económicas. La sequía del campo, el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, el aumento de los precios del petróleo, la pesada herencia y también, sobre todo a partir de la causa de los cuadernos, la corrupción en la obra pública durante el kirchnerismo.

Macri y Dujovne las llaman tormentas que no podían preverse. Ahora bien, es cierto que una sequía puede sorprender, sin embargo el Gobierno parece no registrar que algunas de estas tormentas fueron provocadas por sus propias decisiones: a saber, gran endeudamiento en dólares, eliminación de la obligación de liquidar exportaciones, liberación del precio del dólar, enfriamiento salvaje de la economía.

Lo que no pudieron ver los funcionarios lo vieron con claridad los inversores y por eso la famosa lluvia jamás llegó. Qué inversor se animaría a invertir en un país que no genera condiciones económicas, políticas y sociales para honrar sus deudas. Y peor aún, la suba anunciada de las tasas de interés en Estados Unidos hace que los inversores se sientan todavía menos tentados a invertir en la Argentina.

Volviendo a la cuestión de la necesidad de equilibrar las cuentas públicas, la pregunta que nadie debería dejar de hacerse es quiénes serán los que pagarán el ajuste. El Estado esquiva el bulto; las provincias, que prácticamente ya acordaron con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, su plan de contingencia, lo harían en una medida menor. La negociación es ardua, ya que el Gobierno necesita quitarles y al mismo tiempo pedirles el apoyo para cumplir con uno de los requerimientos más importantes del FMI: la aprobación en el Congreso del Presupuesto 2019 con equilibrio fiscal primario o, dicho de otra manera, déficit cero.

El no podemos seguir viviendo por encima de nuestras posibilidades que esbozaron Macri y Dujovne cierran la mira sobre los que siempre pagan: los trabajadores. Y también pagarán algo los exportadores, en esa suerte de vuelta a las retenciones que ahora se denominan derechos de exportación.

Si bien el apoyo explícito de Donald Trump y del FMI trajeron un poco de tranquilidad en el mercado cambiario, hay algunas noticias que llegan desde el Norte y son poco auspiciosas para la Argentina. El último viernes, la Reserva Federal anunció que subirá dos veces más la tasa de interés hasta fin de año (septiembre y diciembre), lo que podría provocar la migración de capitales de los llamados mercados emergentes. Mientras la plata del FMI llegué, el Gobierno no debería tener problemas para afrontar el pago de intereses de la deuda contraída al menos durante 2019, año electoral clave. Pero de ahí al déficit cero hay un gran trecho.

Ya hay quienes sostienen que al Gobierno no le quedará más alternativa que volver a abrir la canilla de los impuestos. Para pasar del déficit primario de 2,6% de este año a 0 por ciento, se necesita un ahorro de 500 mil millones de pesos, que saldrían de una mayor presión tributaria sobre trabajadores y empresas.

De los exportadores, con la medida anunciada de manera transitoria, el Gobierno espera recaudar unos 68.000 millones este año y otros 280.000 el próximo (cifras que equivalen al 2% del PBI). El impuesto que seguirán pagando los trabajadores es una inflación sin control. No se trata precisamente de una receta nueva, el Gobierno la viene aplicando en sus diferentes vertientes desde que llegó al poder en diciembre de 2015. Eso sí, de su promesa electoral de pobreza cero, las noticias son más bien malas.

*Sociólogo y periodista.