Varios dirigentes acusan a los miembros del organismo de control por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público. Es porque, dicen, hace más de 12 años que no se audita la caja de previsión social de la provincia.

Un grupo de dirigentes autoconvocados presentó una denuncia penal en contra de los vocales del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según aseguran, hace más de doce años que no se realiza una auditoria de la caja de previsión social de la provincia.

La denuncia se dio a conocer en la sede de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), filial Río Gallegos, entidad que es querellante en la causa. Según trascendió, la presentación se basa en el incumplimiento del artículo 123 de la Constitución Provincial del examen de las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas provinciales y municipales. En diálogo con gestionpublica.info, el secretario adjunto de ADOSAC Provincial, Alejandro Leone, explicó: Hace 12 años que no se presentan balances de la caja de previsión social, es decir, no sabemos su estructura patrimonial ni su movimiento anual.

Desde la Asociación remarcaron que los responsables de las auditorias son los vocales del Tribunal de Cuentas, y es por eso que, según Leone, no están cumpliendo con los deberes de funcionario público. En la denuncia detallan la omisión de auditar, controlar, exigir y eventualmente observar las rendiciones de cuentas que periódicamente debe elevar la Caja de Previsión Social. Igualmente, el secretario adjunto de ADOSAC Provincial recordó: La problemática de los balances de la caja es histórico, del otro lado no dan explicaciones, el Frente para la Victoria nunca las dio ni las van a dar.

El ANSES está aportando muchísimo dinero, alrededor de 300 millones de pesos anuales, los cuales tendrían que estar en ese balance como ingresados en la caja de previsión, pero no nos consta eso, porque no dan información, resaltó a gestionpublica.info Alejandro Leone. La denuncia se presentó ante el fiscal Martín Sedán.