Vence la oferta a los bonistas y hay U$S 42.346 millones en juego
El monto equivale a la quita combinada de capital e intereses. Si todos los acreedores aceptan, los mayores vencimientos se trasladarán al período 2026-2030. El plan no incluye el préstamo del FMI y abarca solo el 20% de los compromisos totales del país.
Mientras crecen los rumores sobre una posible prórroga de la negociación con los bonistas, en rigor este viernes 8 de mayo vence el plazo de la primera oferta oficial, en la que el Estado busca postergar el grueso de los vencimientos y lograr una quita de hasta 42.346 millones de dólares.
¿En qué consiste la propuesta? Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el país pretende reestructurar 21 series de bonos emitidos bajo legislación de Nueva York y del Reino Unido, o sea, deuda externa propiamente dicha.
Estos títulos forman parte de la llamada deuda performing -lo que quiere decir que están en situación de pago normal-, y suman U$S 65.620 millones, aunque el prospecto de la oferta sea de casi mil millones menos, porque no contempla las tenencias intra-sector público.
El universo en cuestión puede dividirse en dos grupos: el primero corresponde a los Bonos Par y Discount, emitidos en dólares y euros durante los canjes de 2005 y 2010, por un total de U$S 24.258 millones.
Mientras que el segundo incluye a los Bonos Globales Birad -en dólares-, Birae -en euros- y Biraf -en francos suizos-, lanzados entre 2016 y 2018, que suman U$S 41.362 millones.
Aclaración del cuadro: la palabra “indenture” refiere a un contrato de fideicomiso bajo legislación estadounidense entre Argentina y el Bank of New York Mellon, que representa a los acreedores. Establece derechos y obligaciones para ambas partes, como cláusulas de acción colectiva, que permiten modificar condiciones de los acuerdos con el consentimiento de un porcentaje de los tenedores.
La foto del presente y las proyecciones
En cuanto a la situación actual, la OPC detalla que el perfil de vencimientos que hasta hoy afronta el país concentra devoluciones de intereses y amortizaciones para los períodos 2021-2023 y 2025-2028.
Esa inminencia llevó al Estado a plantear, en medio de la pandemia del coronavirus, el canje de los mencionados papeles por otros con distintas características de plazo, tasas de interés y monedas.
Se trata de diez nuevos títulos, cinco denominados en dólares y los restantes en euros, amortizables en cuotas anuales que vencen en 2030, 2036, 2039, 2043 y 2047.
El devengamiento de intereses comenzaría, en todos los casos, tras un período de gracia de dos años y medio, puntualmente el 15 de noviembre de 2022, por lo que el pago del primer cupón se haría efectivo recién al año siguiente.
Asimismo, la tasa de interés de todos los papeles es la llamada “step up”, que parte de un valor bajo, se incrementa gradualmente con el tiempo y llega al tope establecido en cada título. Según el bono, se pagan cupones semestrales o anuales.
Y hay distintos plazos de amortización para cada bono cuotificado anualmente.
¿Qué ocurriría si los acreedores aceptan?
Según la Oficina parlamentaria, si mañana los bonistas aceptan la propuesta del Estado, se lograría una reducción neta de los compromisos por -la ya mencionada cifra de- U$S 42.346 millones.
De ese monto, el 9% corresponde a una quita nominal de capital, mientras que el 91% restante surge de la reducción del flujo futuro de intereses que se dejarán de pagar.
Además, la mayor carga de vencimientos se trasladaría al período 2026-2030, debido a la mayor emisión de los bonos de ese último año, que tienen menos plazo y menos cuotas de amortización.
En el último cuadro puede verse cómo se descomprime el pago de amortizaciones e intereses por los próximos cinco años, y se distribuye los nuevos desembolsos a partir de 2026.
Más allá del canje
No obstante, la negociación con los acreedores dista de ser el único frente abierto para el país en materia de deuda.
De hecho, el monto de este posible canje equivale al 20% del total de los compromisos totales del Estado que, según el Ministerio de Economía, en marzo sumaban unos U$S 323.400 millones.
Esto, en rigor, significa que varios capítulos que la deuda quedan afuera de la mentada reestructuración. Por ejemplo, a principios del mes pasado se pospusieron pagos por U$S 18.388 millones correspondientes a títulos emitidos bajo legislación argentina, que suman casi U$S 50 mil millones.
Además, el país le pidió al Club de París postergar por un año el pago de U$S 2.100 millones que vencían este mes, en el marco de una deuda que se viene negociando desde 1956.
Y también quedan exceptuados los préstamos otorgados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que totalizan unos U$S 43.556 millones y que, si no hay ningún acuerdo con la entidad, habrá que comenzar a cancelar en su totalidad a partir del año que viene -y hasta 2023-, sin contar el pago de los cupones de intereses semestrales.