El Tribunal de Cuentas de Córdoba tiene nueva sede. Desde febrero, el organismo funciona en Rivera Indarte 33, en la peatonal de la capital provincial. Uno de los objetivos de la mudanza es que todas las actividades se concentren en un solo lugar. Para eso, el inmueble donde antes funcionaba la Agencia de Inversión fue modernizado. La inversión de la provincia para mejorar las condiciones laborales de los 350 empleados fue de $95 millones.

El edificio tiene ocho pisos y, entre los trabajos realizados, se destaca la reparación integral de la estructura y de los ascensores. Además se realizaron tareas de pintura, se demolieron pisos, se construyeron oficinas y se colocó iluminación LED. Las obras fueron hechas con una perspectiva sustentable, ya que se implementó el Programa de Gestión Inclusiva de Reciclado Estatal y se dispusieron tanques de agua termosolares.

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Andrea Abramo, y el ministro de Obras Públicas provincial, Ricardo Sosa, recorrieron las nuevas instalaciones.

La mudanza también se enmarca en un proceso de modernización del Tribunal y, para cumplir con esa meta, la construcción del nuevo edificio fue orientada para favorecer las condiciones laborales, la digitalización de expedientes, y según detallaron, habrá lugares específicos de capacitación y adecuación tecnológica para apuntar al teletrabajo.  

El Tribunal se mudó a un edificio del Siglo XIX y allí funcionó el Monte de la Piedad, una entidad que otorgaba préstamos industriales e hipotecarios.

El edificio donde funciona el Tribunal es histórico. En el Siglo XIX era propiedad de Gerónima Oliva de César, abuela del ex-gobernador Ramón Cárcano. La mujer vendió la propiedad a la provincia y se emplazó el Monte de la Piedad, una entidad benéfica donde se entregaban préstamos industriales e hipotecarios. 

En diálogo con El Auditor.info, el Abogado Fiscal del Tribunal de Cuentas y Secretario General de la Seccional Córdoba de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), Arturo Maldonado, detalló que los anteriores edificios "no cumplían mínimamente con los estándares de seguridad y estaban en deplorable estado edilicio", por lo que consideró que cualquier mejora era bien recibida. No obstante, fue cauteloso: "el uso diario dirá si constituyó un avance o no para el organismo y para sus trabajadores".

Maldonado cuestionó que “pese a ser requerido por el gremio nunca se consultó ni informó a los trabajadores respecto de la refuncionalización del edificio" al cual se trasladó el Tribunal. “No se nos dio acceso a los planos, ni a los planes de contingencia o evacuación y desconocemos si los trabajos realizados cumplen con la legislación en materia de seguridad laboral”, planteó el abogado. 

En cuanto al objetivo de modernización, el referente se mostró escéptico y consideró que posiblemente se de en las formas y en algunos procedimientos. “Más que el retoque superficial y baladí para el cual se diseñó la modernización, lo que el ciudadano reclama en la provincia de Córdoba es que el Tribunal de Cuentas se avoque al tratamiento del fenómeno de la corrupción”, concluyó.