Domingo soleado. Temperatura agradable y alcanza con acercarse a la plaza para ver a los vecinos disfrutar los espacios comunes al aire libre. Las plazas y los parques se convierten en lugares de encuentro, como lo pueden ser las colas en una feria o la vereda para entrar al cine o el teatro, o los alrededores del Obelisco para festejar un acontecimiento deportivo.

Sin embargo, las calles y las plazas también pueden concentrar los reclamos de sectores de la población.

En los últimos tiempos los argentinos estamos haciendo de las calles los lugares que explicitan el desencuentro, son los territorios que marcan nuestras diferencias y contradicciones. La validez de los reclamos parece medirse por la cantidad de gente que se reúne o por la visibilidad de la protesta. Si esto fuera exclusivamente así, ¿dónde quedarían aquellas necesidades y postergaciones que no parecen tener la misma urgencia o similar poder de convocatoria? No todos los proyectos y propuestas pueden ir acompañados de una manifestación callejera de adhesión, esto desvirtuaría aún más el sistema representativo señalado en nuestra Constitución.

Este año, que es electoral, comienza a notarse la inmovilidad de ambas Cámaras del Congreso. El oficialismo, en minoría, no quiere arriesgar en el tratamiento de proyectos que le interesen para no toparse con sorpresas que debiliten su gestión ejecutiva. Por temor no propone.

Por otra parte, la oposición se agazapa y oferta proyectos de impacto electoral sin evaluar sus consecuencias, tratando de que el Poder Ejecutivo pague los próximos costos.
Transcurridos cincuenta días desde la apertura de sesiones, sólo un proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados, el de la provisión de energía continua y gratuita para los electrodependientes (quienes para vivir necesitan una máquina conectada a la red eléctrica, una suerte de cordón umbilical que depende de nuestro precario suministro energético).
Todos hemos nadado y padecido las aguas gelatinosas de la burocracia, pero a la inercia de algunas oficinas públicas (y privadas) hay que sumar la parálisis que la política partidaria provoca en la actividad parlamentaria. A continuación citaremos algunos proyectos, decisiones y propuestas que hacen a la transparencia de la gestión demorados en el Congreso, como los hay en el área de salud, seguridad y otros temas importantes de la realidad nacional.

a) Defensor del pueblo de la Nación, cargo vacante desde 2009, órgano creado en la Constitución (arts. 86 y 43), cuya misión es la defensa y la protección de los derechos y garantías de los ciudadanos ante actos u omisiones de la administración pública. El defensor del pueblo es elegido por el Congreso y el Congreso no lo elige.

b) La AGN entiende en el control de la gestión, la legalidad, las rendiciones de cuenta, la auditoría de la actividad económica y financiera de la administración pública. Fue creada en 1992 y con la Constitución del 94 adquirió su máxima jerarquía. La propia Constitución exigió una ley del Gongreso para reglamentar su funcionamiento. Desde 1994 hasta la fecha no se ha reglamentado, aunque hay proyectos presentados al respecto.

c) La ley de extinción de dominio se refiere a que pasen al Estado los bienes cuyo origen o producto sean consecuencia de delitos. El proyecto reglamenta el art. 17 de la Constitución y está momificado en la Cámara de Diputados. 

Estos tres ejemplos son sólo la punta de un rascacielos de proyectos y reglamentaciones que duermen a la espera de acuerdos políticos que el Congreso parece no encontrar. 
La tarea legislativa no es sólo atender, en la creación de normas, las necesidades más urgentes de la población; también lo es prevenir, con la sanción de leyes, futuros problemas y reclamos. Un Congreso activo, dialoguista y, aunque más no sea un poco, menos atento a la urgencia electoral puede consolidar instituciones y hacer que alguna tarde soleada salgamos a las plazas y calles a disfrutar del aire libre y no a reclamar acerca de frustraciones y desigualdades.
*Secretario adjunto de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) y presidente de Fundación Eforo.