Durante la campaña electoral de año pasado, el ahora presidente Javier Milei blandía una motosierra amarilla como sinónimo de su intención de aplicar un drástico ajuste sobre los gastos del Estado, con la promesa de recortar partidas superfluas e innecesarias a fin de lograr el equilibrio fiscal que ponga un freno a la caída libre de la economía nacional. Sin embargo, la “caja de herramientas” libertaria no se agota sólo en la mentada motosierra, sino que también tiene una licuadora: otro artefacto que aporta despiadadamente al objetivo de no gastar más de lo que ingresa en las arcas del tesoro nacional. 

La licuadora es más sutil que la motosierra, aunque igual de efectiva: frente a una inflación que se acumula mes a mes, los salarios se mantienen a niveles tan bajos que implican una pérdida brutal del poder adquisitivo. Por lo tanto, no hace falta que el poder ejecutivo ponga en marcha la motosierra para recortar los sueldos de empleados públicos, docentes o jubilados. La estrategia del Gobierno es mantener esos montos en niveles mínimos, dejando que la inflación haga su trabajo. Después del aumento de 27% para los jubilados –otorgado a partir de este mes por la ANSES–, quienes cobran la jubilación mínima perdieron un 33% de su capacidad de compra frente al mismo mes del año anterior. Del mismo modo, los salarios del sector público perdieron un 28% interanual.

La Ley de Administración Financiera estipula que el Ejecutivo debe presentar el proyecto de Ley de Presupuesto ante el Congreso Nacional antes del 15 de septiembre. El año pasado, el entonces diputado Javier Milei presentó una nota solicitando al ex ministro y candidato Sergio Massa que se suspenda la presentación de dicho proyecto de Ley hasta tanto se sustancie el balotaje presidencial. Luego del impacto político de la elección y con un Congreso convulsionado, la consecuencia fue que no se aprobó la Ley de Presupuesto para este 2024. Esto trae algunas implicancias a nivel general: además de impedir que la sociedad conozca la estimación de ingresos y gastos del Estado Nacional, concentra en la Jefatura de Gabinete la potestad de manejar discrecionalmente todos los recursos, inclusive otorgándole la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias sin ningún tipo de control. 

No tener presupuesto aprobado por Ley también trae otras consecuencias: las partidas se “reconducen” para el año siguiente en los mismos montos que el año anterior. De esta manera, y con la misma lógica que la licuación de salarios y jubilaciones, se termina realizando un “ajuste por inflación” a distintas áreas del sector público. En este caso, la licuadora perjudica de manera directa a las Universidades Públicas. Esta situación viene siendo advertida por  el Consejo Interuniversitario Nacional: en un comunicado emitido el 21 de febrero el organismo denunció una “situación crítica en las Universidades” debido a la asfixia presupuestaria que vienen sufriendo a partir de la asunción del nuevo Gobierno Nacional, manifestando que “de no mediar acciones que rectifiquen el rumbo, se verá seriamente afectado el pleno funcionamiento de las instituciones universitarias públicas”.

La lógica de la licuadora también se puede observar en el manejo del presupuesto destinado a sostener las universidades públicas: con una Ley de Presupuesto prorrogada y alrededor de 60% de inflación acumulada entre diciembre y el mes de febrero, las instituciones universitarias públicas cuentan con el mismo presupuesto estipulado en 2023 para afrontar un año en el que la inflación acumulada llega a la escalofriante cifra de 285%. A partir de ello podemos entender la gravedad de lo denunciado por el CIN, replicado por distintos rectores de las casas de altos estudios que vienen reclamando por una actualización de las partidas presupuestarias que permitan cubrir –aunque sea– los gastos mínimos de funcionamiento para el transcurso de este año. Algunos de ellos plantearon públicamente que con el presupuesto actual sólo alcanzarán a cubrir los costos hasta el mes de mayo. 

Si bien el diálogo entre las autoridades universitarias y el secretario de Educación está abierto, reina la incertidumbre, ya que –a pesar de la urgencia del planteo– no reciben respuestas concretas. Además, se suman a la preocupación las consideraciones erróneas vertidas por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien manifestó en su conferencia de prensa habitual que “estamos en contra de todo lo que se transfiere a las universidades, que nadie sabe bien qué pasa, que no se traduce en cantidad de egresados" agregando que el Gobierno quiere "que las universidades sean lugares que se usen para estudiar y no para otra cosa". Esta apreciación revela una ignorancia supina sobre las funciones sustantivas de la Universidad Pública en la Argentina, las cuales no sólo se agotan en la mera enseñanza sino que se complementan con las funciones de investigación y extensión universitaria, establecidas por la Ley de Educación Superior Nº 24.521.

Ante estas declaraciones vale la pena hacer el ejercicio de pensar: ¿cómo podría garantizarse el dictado de una carrera universitaria si las instituciones no tienen fondos para pagar los servicios básicos que requieren para su funcionamiento? Si el “sinceramiento tarifario” de servicios como la luz y el gas –aunque necesarios– hacen estragos en la economía doméstica, podemos imaginar el impacto que tendría en Universidades que cuentan con el mismo Presupuesto del 2023 para afrontar los compromisos del año en curso. También se abren otros interrogantes vinculados al sostenimiento de los colegios preuniversitarios que dependen de casi una veintena de Universidades, o qué pasará con los hospitales universitarios, que además de cumplir una importante función académica y de investigación, ofrecen un servicio de calidad para toda la población. 

Por ello es que el CIN también reclamó por la mejora de los salarios docentes y no docentes, por la continuidad de los programas universitarios destinados a obras de infraestructura, equipamiento y becas (los cuales se encuentran en plena vigencia legal), así como por los fondos necesarios para el desarrollo de las actividades de ciencia, tecnología y extensión universitaria. El sistema científico-tecnológico tampoco escapa a los recortes de presupuesto, en línea con la idea libertaria de que al Estado no le corresponde financiar estas actividades. La comunidad científica también se manifestó en contra de estas medidas, incluso con una carta suscrita por 68 premios nobel de ciencia del mundo entero donde plantean que “el progreso económico y social en las sociedades modernas y la creación de riqueza a partir de los recursos naturales de un país están estrechamente vinculados a una fuerte inversión pública en ciencia y tecnología”.

En columnas anteriores cuestionamos el intento del Gobierno Nacional de desligarse de su responsabilidad de sostener la educación obligatoria, afirmando que el Estado Nacional tiene un deber fundamental en garantizar un piso mínimo de cumplimiento del Derecho a la Educación en todo el territorio argentino . En el caso de las Universidades Nacionales la responsabilidad del Gobierno es exclusiva e ineludible: si hay un futuro posible para la Argentina, es con más y mejor Universidad Pública.