En agosto del año pasado, el Consejo Federal de Educación –órgano responsable de coordinar la política educativa entre Nación y las 24 jurisdicciones provinciales– emitió la Resolución 431 por la cual estableció que el calendario escolar 2023 tendría “al menos 190 días efectivos de clase”. Después de años sin alcanzar siquiera el mínimo de 180 días por año establecido en la Ley 25.864, la decisión traía muchas expectativas y entusiasmaba a integrantes del sistema educativo, familias y sociedad en general.

En la resolución se incorporó un anexo que establecía el detalle de las fechas previstas para el inicio, receso invernal y finalización de clases para cada una de las provincias argentinas: en todas ellas se estipulaba el primer día de clases entre el 27 de febrero y el 2 de marzo. Sin embargo, fueron pocas las que lograron comenzar el calendario escolar según lo previsto. El motivo principal de esta demora fueron los paros docentes, pero también se perdieron valiosos días de clase debido a graves problemas de infraestructura escolar, condiciones climáticas y hasta por el día internacional de la mujer.

La crisis del sistema educativo lleva varios años, y sus efectos pueden verse tanto en los alarmantes resultados de aprendizaje en las materias básicas así como también en las elevadas tasas de abandono escolar. A pesar de ello, se siguen malgastando esfuerzos y desaprovechando oportunidades para fortalecer el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes en Argentina.

El año pasado el Ministro de Educación Jaime Perczyc hizo otro anuncio rimbombante que cayó en saco roto: una hora más de clase por día en las escuelas primarias de todo el país. En sus declaraciones manifestó que “sumar horas de clase es más conocimiento y mejor educación”, pero muchos especialistas ponen en duda esta afirmación, ya que más tiempo en la escuela no es sinónimo de más aprendizaje. 

Un informe de la OCDE destaca que “los sistemas necesitan evaluar cuidadosamente los probables beneficios y desventajas de las reformas al tiempo de aprendizaje y considerar alternativas para asignar los escasos recursos antes de emprender tales cambios” y agrega que “incrementar la duración del día escolar puede ser una estrategia eficiente para algunas escuelas y sistemas, pero no para todos”. El caso de Argentina se ubica lejos de tanta reflexión y análisis, el agregado de una hora de clases más bien parece una medida efectista y aislada de las preocupantes condiciones que atraviesa nuestro sistema educativo y el contexto que rodea a las escuelas.

Respecto al comienzo de clases, hubo conflictos con paros docentes en un total de 15 provincias: si bien en algunas de ellas esto implicó una parálisis total del sistema y en otras se redujo a determinadas ciudades o establecimientos educativos en particular, otra vez aparece este problema recurrente en el país. Por legítimos desacuerdos salariales entre el Gobierno y los sindicatos se recurre a medidas de fuerza que terminan perjudicando a quienes más lo necesitan: estudiantes y familias son rehenes de los gremios docentes. 

Un clásico de comienzo de año en el que todos perdemos por goleada. Sin embargo, año tras año el problema se repite y se agrava, sin respuestas efectivas por parte del Gobierno ni alternativas de reclamo por parte de los gremios que no lesionen el derecho a la educación.