El 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y este año la Auditoría General de la Nación (AGN) volvió a emitir un informe crítico sobre la gestión del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). En diálogo con este medio, la Directora de Promoción y Protección de Derechos Humanos en Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, aseguró que todavía falta un reconocimiento legal de las tierras.

En una actualidad marcada por la campaña política, Rey remarcó que no hay candidatos interesados en estos temas. Es una deuda pendiente de las distintas administraciones. Nuestro país tiene la paradoja de ser muy bueno en cuanto a legislaciones, a tal punto que incorporamos derechos de los pueblos originarios en nuestra Constitución Nacional y en las constituciones provinciales, pero hay una brecha muy grande entre el universo de las normas y lo que pasa en la vida real, resaltó.

Hace dos años lanzamos la web `Territorio Indígena´ para ilustrar la situación de los pueblos originarios en nuestro país. Allí nos encontramos con una violación sistemática de todos los derechos, señaló.

En el portal www.territorioindigena.com.ar se puede encontrar un mapa que muestra las comunidades indígenas que existen en Argentina y destaca la problemática macro que deben enfrentar los pobladores tales como violencia, ambiental, territorial, desalojo, personería jurídica y criminalización.

La realidad que se ha vivido en los últimos meses nos lleva a pensar que los mayores casos de violencia se están llevando adelante en el sur del país con las poblaciones Mapuches, explicó García Rey y agregó que allí hay un discurso arraigado desde el gobierno y los privados por el cual los vinculan a estos con la delincuencia. De esta forma justifican actos como la reciente desaparición de Santiago Maldonado, indicó.

INAI y control

Recientemente, la AGN aprobó un informe de seguimiento sobre el trabajo del INAI en materia de censos de las poblaciones indígenas. En el documento publicado por el portal elauditor.info se destaca que no se han desarrollado mecanismos de registración, seguimiento y control de acciones programadas y ejecutadas en el cumplimiento de las funciones específicas del Instituto, es decir, no se pudo certificar el trabajo realizado por el ente.

Para los auditores, se incrementó la población indígena y, a su vez, se estimaron más hectáreas ocupadas por las comunidades, que también se tienen que relevar. Sin embargo, en tres provincias aún no se inició el relevamiento.

Hay una falencia muy fuerte que no se resolvió al mover el INAI del Ministerio de Desarrollo al de Justicia, el cambio no generó nada y no tuvo una traducción en nuevas políticas públicas, explicó García Rey.

Según aseguró, el nuevo informe de AGN muestra cómo se ejecutó la ley 26.160 de emergencia territorial, la cual vence en noviembre de este año y que requería de mucha voluntad política para relevar los pueblos originarios como antesala para avanzar en la titulación de territorios.

Los resultados del nivel de acatamiento de esa norma hablan por sí mismos, los desalojos siguieron sucediéndose pese a que la ley les puso un freno hasta tanto no se avanzara en el relevamiento, remarcó y agregó que es un escenario en donde el gobierno nacional se compromete desde agosto de 2016 a presentar en el Congreso un proyecto de prórroga de la ley por 4 años más, pero nunca lo hizo.

Hay varios proyectos de distintas fuerzas políticas que no han avanzado demasiado y por eso nosotros vamos a estar lanzando una campaña para que se prorrogue la norma dando cuenta de números concretos de las comunidades que no se han censado, concluyó.