El Gobierno bajó la edad mínima para tener armas a los 18 años
El Decreto 1081/2024 amplía el acceso a la Credencial de Legítimo Usuario (CLU). Además, se plantean medidas para regularizar armas en situación irregular y fortalecer el control sobre las licencias vigentes.
El Gobierno nacional, a través del Decreto 1081/2024, actualizó la normativa sobre armas y permitió que los mayores de 18 años puedan iniciar el proceso para obtener la Credencial de Legítimo Usuario (CLU).
Hasta entonces, esta credencial podía ser tramitada sólo por mayores de 21 años. La CLU es el primer paso necesario para solicitar la tenencia legal de un arma, lo que permite tenerla en el domicilio, transportarla descargada y utilizarla para fines lícitos, como caza o tiro deportivo en establecimientos autorizados.
Para obtener la CLU, se requiere aprobar un examen psicofísico, presentar un certificado de antecedentes penales y acreditar idoneidad en el manejo de armas. Según el decreto, este cambio “armoniza” la legislación vigente con el Código Civil y Comercial de la Nación aprobado en 2014, que establece la mayoría de edad a partir de los 18 años. Antes del decreto, la reglamentación exigía ser mayor de 21 años, lo que resultaba “incongruente”.
La CLU es el primer paso necesario para solicitar la tenencia legal de un arma, lo que permite tenerla en el domicilio, transportarla descargada y utilizarla para fines lícitos.
Diferencias entre tenencia y portación de armas
La diferencia entre tenencia y portación de armas sigue vigente. La tenencia permite poseer armas en el domicilio, transportarlas descargadas y utilizarlas para actividades específicas.
En cambio, la portación, que permite llevar armas cargadas y listas para usar en lugares públicos, está reservada exclusivamente para miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad o para casos con justificación de seguridad personal. Este permiso tiene una validez de 12 meses y no se renueva automáticamente.
Según datos de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), la cantidad de credenciales emitidas entre enero de 2022 y mayo de 2024 fueron 185.535. El 95% eran hombres y el 4,3% mujeres.
En cuanto a edades, el 26% de los usuarios tenían entre 41 y 50 años, seguidos por los de 51 a 60 años con un 21,6%. Los usuarios de entre 18 y 30 años representaban el 9,1%.
Problemas en el control de armas
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN), en un informe solicitado por el Ejecutivo en diciembre de 2023, señaló serias deficiencias en las funciones de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, especialmente en la gestión de licencias.
Según un documento de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el período 2016-2018, se descubrió que hacia finales de 2018, había 379.122 usuarios con credenciales de tenencia de armas vencidas, y se reportaron 625.250 armas con denuncias por irregularidades en sus registros.
De acuerdo con el texto bianual 2022-2023 de ANMaC, 810.668 usuarios fueron dados de baja o suspendidos temporalmente por no renovar sus licencias y permisos a tiempo. De estos, 239.683 usuarios, cuyas licencias habían expirado y no poseían armas registradas, fueron eliminados del registro. Los restantes 570.985, que sí tenían armas registradas pero con licencias vencidas, fueron suspendidos preventivamente hasta que regularicen su situación.
Proyecto de ley para regularización
El Gobierno presentó un proyecto de ley al Congreso para simplificar los trámites de regularización de tenencia de armas en Argentina, según comunicó el Ministerio de Seguridad Nacional.
“Actualmente, más de 800.000 armas de fuego se encuentran en situación irregular. Este Gobierno está comprometido en promover el acceso legal y legítimo a la tenencia de armas”, declaró el Ministerio al anunciar el proyecto.
La propuesta busca flexibilizar los trámites para que los usuarios con tenencia irregular puedan registrar sus armas. También plantea prolongar el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego por cuatro años, permitiendo que las personas entreguen sus armas para su destrucción sin enfrentar consecuencias legales.
En línea con esto, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) emitió una resolución eximiendo a los usuarios legítimos de obtener un certificado de idoneidad al renovar sus permisos, siempre y cuando lo hagan dentro de los 90 días previos al vencimiento de estos.