Armas de fuego y un proyecto que dispara controversias

El Congreso comenzó a debatir un proyecto de Ley, presentado por el Ejecutivo, orientado a aprobar la regularización de armas de fuego y la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (Ley 26.216). Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que con la iniciativa buscan "promover y facilitar el acceso legal y legítimo a la tenencia de armas de fuego".

Mientras la discusión ya comenzó en Diputados, desde varios sectores mantienen los cuestionamientos y preocupaciones ante la propuesta. Organizaciones civiles como el Centro de Estudios Legales y Sociales advierten sobre ciertos riesgos en caso de su implementación y remarcan que el acceso a las armas “es una excepción y no un derecho”.

La tenencia de armas de fuego por parte de la población civil no es un tema nuevo y ya hubo otros proyectos que intentaron abordarlo. Con una perspectiva de género, la diputada nacional del GEN, Margarita Stolbizer, trabajó en una iniciativa que prohibía su acceso a quien haya sido denunciado por un caso de violencia de género. 

En el Gobierno estiman que hay más de 800.000 armas en el país que se encuentran en una situación irregular actualmente. En el país, se registran unas ocho muertes diarias debido al uso de armas de fuego en causas mayormente vinculadas a conflictos interpersonales, femicidios o suicidios.

Regularización excepcional 

El proyecto establece una obligatoriedad de regularizar la entrega de armas en un plazo de 360 días para todo el territorio nacional. Asimismo, la iniciativa propone prorrogar por cuatro años más el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, creado en 2007.

La iniciativa contempla eximir de acción penal y faltas administrativas a quienes se acojan al procedimiento.

Según el mensaje emitido por las autoridades del gobierno, la propuesta apunta a "ofrecer una opción clara a la ciudadanía en relación con las armas de fuego: o bien su tenencia legal, a través de un procedimiento de regularización excepcional, o bien la entrega voluntaria y anónima, para su destrucción a cambio de un incentivo".

Los autores del proyecto señalan que el objetivo es identificar y tener un registro de armas que circulan en el país. La iniciativa contempla una amnistía, eximiendo de acción penal y faltas administrativas a quienes se acojan al procedimiento de regularización dentro de los plazos establecidos.

Desarme voluntario

El proyecto también dispone un nuevo período de vigencia del Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, prorrogándolo desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027. Dicho programa, que es anónimo y sin consecuencias legales para quienes adhieran, fue creado en 2007 y su plazo había vencido a fines de 2023. El Ejecutivo fundamenta ofrecer "una salida" a quienes decidan desprenderse de armas que poseen irregularmente.

Por último, el documento argumenta que “las barreras burocráticas, la dificultad para acceder a la realización de los trámites, los tiempos excesivos y muy poca digitalización han sido algunas de las razones que ayudaron a la falta de registración de la tenencia de armas, de las cuales se estima que más de ochocientas mil están en una situación irregular".

“Un factor de riesgo”

La iniciativa generó controversias desde diversos sectores tanto políticos como organizaciones civiles. En comunicación con El Auditor.info, Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Seguridad y Violencia Institucional del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) apuntó a que en Argentina “el acceso a las armas de fuego por parte de la ciudadanía es una excepción y no un derecho”.

Para la coordinadora, “los límites parten de entender que la circulación de las armas constituye un factor de riesgo” y uno de las prioridades en términos de seguridad ciudadana debe ser “reducir los niveles de violencia”.

 “Habilitar el uso de armas de fuego de forma regulada puede provocar un aumento del uso y la circulación".

“Si bien en el país tenemos bajas tasas de homicidio, hay lugares específicos donde estos números superan ampliamente la media nacional, como en la ciudad de Rosario, de Resistencia en San Miguel de Tucumán y en muchos municipios del Conurbano Bonaerense", explicó Darraidou.

Según Darraidou, abordar estos problemas requiere un compromiso estatal integral, respaldado por el arco político y las organizaciones sociales. “Es urgente evitar la propagación de las redes de criminalidad en los territorios. Esto no solo por su conexión con la violencia, que es definitivamente prioritaria, sino también por su capacidad de limitar la vida de las comunidades”, señaló.

La especialista del CELS destacó que “una de las áreas claves es la lucha contra el lavado de dinero y la desregulación del sistema financiero, ya que eso favorece actividades ilegales”. Además, explicó la importancia de perseguir la circulación de armas de fuego, reorientar las prioridades de las investigaciones policiales y judiciales, y desmantelar las redes de corrupción estatal que facilitan los mercados ilegales.

Darraidou resaltó la necesidad de construir un horizonte vital para las personas de los barrios populares, especialmente los jóvenes, a través de políticas de inclusión social. También consideró que, en la actualidad, se están implementando medidas que precarizan aún más la vida de las personas en situación de pobreza. “Habilitar el uso de armas de fuego de forma regulada puede provocar un aumento del uso y la circulación, esto consecuentemente generará más violencia social", finalizó.

“Una amenaza para la mujer”

Como representante legislativa, Margarita Stolbizer, diputada nacional del bloque GEN, confirmó su posición “contraria al armamentismo y la portación de cualquier tipo de la población civil” en comunicación con El Auditor.info. Para la funcionaria, la liberación del acceso a las armas implicaría convalidar un contexto de violencia con el que ella no está de acuerdo. 

“Implica muchos riesgos derivados del acceso a las armas a personas que no han sido evaluadas en sus capacidades, o que la tenencia de personas autorizadas derive en que otros sin capacidades puedan obtenerlas”, apuntó Stolbizer.

Hace varios años que la diputada trabaja en un proyecto de Ley con perspectiva de género, en el que se busca reducir la cantidad de armas en manos de la población. El documento hace foco en la prohibición de la tenencia, portación, transporte y uso de armas a toda persona que haya sido denunciada por violencia intrafamiliar o de género, y suspender su condición de Legítimo Usuario.

“El arma en el domicilio siempre es una amenaza para la mujer, su sola existencia lo es. Una de cada 4 mujeres víctimas de femicidio ha muerto producto de un arma de fuego”, consolidó Stolbizer, quien forma parte de la organización mundial El Foro Parlamentario de Armas Pequeñas y Ligeras, lugar desde donde impulsa medidas de mayores controles y restricciones sobre esta problemática.

Renovación más flexible

Además de la presentación del proyecto de ley, el Gobierno ya dispuso una modificación en los requisitos para el uso legal de armas. Por medio de la resolución 67/2024, los legítimos usuarios que solicitan la renovación de la credencial, si lo hacen previo a los 90 días antes de que esta expire, están exentos de tener que acreditar la idoneidad. La medida fue firmada por Juan Pablo Allan, director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).

Desde la ANMaC señalan que esta modificación responde a la necesidad de optimizar el sistema de registración, sin que ello afecte las condiciones y aptitudes requeridas para ser legítimo usuario de armas de fuego.

Control

Según un informe de la AGN correspondiente a los años 2016 y 2017, más de 370.000 ciudadanos poseían armas denunciadas y/o con sus permisos vencidos.

La Auditoría General de la Nación (AGN) relevó la gestión de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), el organismo encargado de aplicar y controlar la Ley Nacional de Armas y Explosivos en Argentina. Según un informe de la AGN correspondiente a los años 2016 y 2017, más de 370.000 ciudadanos poseían armas denunciadas y/o con sus permisos vencidos. Pese a que uno de los objetivos de la ANMAC es desarrollar políticas para prevenir la violencia armada, el organismo de control no pudo verificar la implementación del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego ni la realización de capacitaciones sobre el tema.

La auditoría también encontró fallas en los procesos de control de la ANMAC, con expedientes incompletos, sin foliatura y demoras injustificadas en las tramitaciones. En un caso, se detectó un faltante de 2.000 unidades de munición, sin que conste una decisión administrativa posterior.

Por otro lado, la Sindicatura General de la Nación realizó un relevamiento sobre el funcionamiento de la ANMAC luego del recambio presidencial. El informe reveló importantes falencias que ya habían sido advertidas años atrás por la Auditoría General de la Nación (AGN).

Una de las principales irregularidades detectadas fue el incumplimiento de las funciones de la Agencia, al permitir que usuarios inhabilitados mantengan en su poder material controlado. Según un informe previo de la AGN, en 2018 había 379.122 usuarios con credenciales de tenencia de armas vencidas y 625.250 armas denunciadas.

El informe de la SIGEN también encontró demoras significativas en la determinación de sanciones por infracciones cometidas por usuarios colectivos, así como en la anotación de inhabilitaciones derivadas de sentencias judiciales en el Banco Nacional Informatizado de Datos.

¿Quién puede ser portador de armas de fuego?

En Argentina, la Ley 20.429 regula la adquisición, uso, tenencia, portación, transmisión, transporte, introducción al país e importación de armas de fuego, de lanzamiento, agresivos químicos, pólvoras, explosivos y otros materiales. El organismo estatal que se encarga de regular esta normativa es la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).

Para poder poseer y utilizar legalmente un arma de fuego es necesario contar con la Credencial de Legítimo Usuario (CLU). Este trámite es posible si se es mayor de 21 años, se aprueba un examen psicofísico, se presenta un certificado de antecedentes penales limpios y se acredita la idoneidad en el manejo de armas.

Una vez obtenida la CLU, se puede realizar el trámite de tenencia, que es el documento que autoriza a mantener un arma de fuego registrada ante la ANMAC, en poder de un legítimo usuario. Esto permite transportar el arma descargada y separada de sus municiones, y utilizarla únicamente para fines lícitos como la caza o el tiro deportivo. Además de la CLU, el proceso de tenencia requiere que el arma esté registrada ante la Agencia, presentar fotografías de la misma y completar los formularios correspondientes para cada arma y munición. La tenencia solo habilita el uso del arma en establecimientos autorizados, sin poder transportarla cargada para su uso inmediato, según lo establecido por la ANMAC.

En los últimos dos años, la ANMaC ha destruido 34.732 armas de fuego, 21.177 kilogramos de municiones convencionales y más de 4.350 kilogramos de explosivos, entre otros materiales. Esto representa un aumento significativo en comparación con años anteriores, cuando no se realizaban actos de destrucción.