El ajuste en la obra pública y su impacto en el superávit fiscal

Las jubilaciones, las transferencias de Nación a Provincia y la obra pública nacional son piezas clave del resultado fiscal positivo en 2024. Si bien el recorte realizado en jubilaciones explica casi un tercio del superávit de las cuentas nacionales, la decisión del Poder Ejecutivo de paralizar la obra pública ha tenido un impacto significativo en todas las provincias.

Durante los primeros 10 meses del año, los recursos destinados a obras con financiamiento nacional respecto a 2023 cayeron de forma pronunciada. La ejecución en obra pública nacional muestra una caída nominal del 24% y del 83% en valores reales.

La obra pública o inversión real directa (IRD) constituye una parte esencial del gasto público nacional. Este tipo de inversiones abarca proyectos como edificaciones, infraestructuras, equipos y mejoras significativas en activos existentes, que prolongan su vida útil o aumentan su productividad. En definitiva, el objetivo último de la obra pública es fortalecer las capacidades productivas del país. La IRD no consiste en transferencias realizadas por el Gobierno Nacional a las provincias para que éstas gestionen y ejecuten de forma descentralizada. Por el contrario, se trata de un gasto que se lleva a cabo de manera centralizada, bajo la dirección de organismos nacionales.

Un ajuste dispar

En un contexto de ajuste en el gasto de capital, el recorte en la obra pública presenta importantes contrastes entre las provincias.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mantuvo como la jurisdicción con mayor recepción de fondos en ambos años, alcanzando $149.009 millones en 2024. Sin embargo, en CABA, la obra pública nacional cayó un 82% en valores reales. Le sigue la provincia de Buenos Aires con $67.507 millones en 2024. No obstante, al ajustar por inflación, se observa que experimentó una caída real del 89%.

En CABA, la IRD se concentra fundamentalmente en áreas de defensa y seguridad, en ciencia y tecnología y en salud. En el ámbito de defensa y seguridad, se destinaron en lo que va del año aproximadamente $65.000 millones ($41.000 millones dirigidos a proyectos especiales de seguridad pública bajo la órbita del Ministerio de Seguridad). En materia de ciencia y tecnología, se destacan los proyectos vinculados a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA), como el reactor nuclear CAREM 2 ($30.000 millones) y en materia de salud sobresalen los programas enfocados en la prevención de enfermedades no transmisibles, puntualmente a partir de un préstamo BIRF ($15.000 millones).

En la provincia de Buenos Aires, los proyectos de la CONEA también concentran parte importante de los fondos asignados a IRD en la provincia, producto de las inversiones en el reactor multipropósito RA-10 de más de $30.000 millones (proyecto con aplicaciones en medicina nuclear, investigación científica e industria).

Las provincias con menor inversión nacional fueron La Rioja, que recibió $1.352 millones en 2024, y San Luis, con apenas $996 millones en el mismo período. Estas jurisdicciones figuran entre las más perjudicadas en términos reales. Mientras que La Rioja sufrió una contracción del 97%, en San Luis fue 94%. Estas cifras expresan la considerable disparidad en la distribución de los recursos de IRD a lo largo del territorio nacional.

Las provincias con menor inversión nacional fueron La Rioja y San Luis, donde los recursos en obra pública cayeron 97% y 94% respectivamente.

Todas las jurisdicciones experimentaron reducciones en términos reales, pero los porcentajes de variación muestran que algunas provincias lograron sortear mejor los efectos de la inflación que otras. Son los casos de Jujuy y Tierra del Fuego, que presentan caídas reales menores al promedio nacional (-29% y -48%, respectivamente), y que contrastan con los retrocesos superiores al 80% observados en provincias como Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires.

Por otro lado, la provincia de Entre Ríos evidenció el cuarto mayor monto nominal devengado en 2024, con $16.398 millones de pesos destinados a obras de mantenimiento vial, construcción de autopistas y desarrollo de infraestructura de saneamiento. Este nivel de inversión es notablemente superior al de otras provincias de tamaño, población o nivel de desarrollo económico similar, e incluso mayor que el de algunas provincias más grandes (como Córdoba o Santa Fe).

Río Negro se destaca como la provincia más favorecida de la región patagónica en términos nominales en ambos años, con una inversión de $13.214 millones en 2024 y $7.243 millones en 2023, aunque su variación real fue negativa en un 59%. Por otro lado, Chubut y Santa Cruz recibieron montos significativamente menores en 2024, con $4.051 millones y $1.173 millones, respectivamente, mostrando caídas reales más pronunciadas, del 90% y 93%.

Dentro de las categorías de IRD, donde se pueden direccionar los recursos públicos, se encuentran dos tipos: Interprovincial y Nacional. Mientras que la primera, que agrupa gastos asociados a más de una provincia, tuvo una caída real del 81%, la segunda registró una contracción del 72%. Este último dato resalta cómo las inversiones de alcance nacional lograron mantener un nivel de ejecución relativamente superior frente a la mayoría de las provincias.

Dentro de la categoría Nacional, más del 70% de lo ejecutado, que asciende a un monto de $63.816 millones, corresponde a la Dirección Nacional de Vialidad, abarcando dos áreas principales: mantenimiento de red por administración y obras en corredores viales.

¿Un nuevo paradigma de inversión o retracción de infraestructura?

El Ejecutivo Nacional ha manifestado su intención de eliminar la obra pública como modalidad de inversión, planteando como alternativa la promoción de la participación privada a través de concesiones y contratos público-privados. Esto produciría un cambio radical de paradigma que podría redefinir las prioridades y los niveles de ejecución de la IRD en los próximos años. 

Si bien no se ha interrumpido totalmente la inversión real directa en 2024, el ajuste ronda en promedio en torno al 83% en términos reales, llegando a un máximo de 97% en La Rioja. No solo se destaca la magnitud del recorte sobre la partida de obra pública, sino también la distribución dispar entre provincias de la reducción. 

El nuevo enfoque de administración de la inversión pública, focalizado en obras puntuales y concentrado principalmente en los proyectos y acciones de mantenimiento, transforma el rol de los recursos nacionales en apenas un complemento del, hasta el momento, potencial impulso del sector privado para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura del país. Este nuevo escenario reconfigura los alcances y límites de la obra pública y nos plantea un interrogante sobre si puede ser compensada esta retracción por la iniciativa privada. 

Para profundizar aún más en el tema se puede visitar el sitio de Fundación Éforo con informes técnicos y ciudadanos disponibles en nuestro sitio web.