Información para la inclusión: las dificultades que deben sortear las personas con discapacidad
Si bien la Ley 26.653 exige el acceso a una información pública precisa, son muchas las barreras que enfrentan las personas ante cada nuevo trámite o normativa. La falta de claridad y lo engorroso de los procedimientos son las principales quejas.
En Argentina, la Ley 26.623 obliga al Estado, sus organismos y empresas a garantizar la accesibilidad en sus páginas web para personas con discapacidad. Sin embargo, falta mucho para que haya una efectiva aplicación de la normativa y la información sigue siendo confusa y brindada bajo métodos poco inclusivos.
En el caso del sitio oficial la Agencia Nacional de Discapacidad se puede encontrar información sobre diversas cuestiones como la pensión no contributiva por invalidez laboral, asignación por trasplante, certificado médico oficial; el Certificado Único de Discapacidad; el Programa Federal Incluir Salud; el Registro de Prestadores, entre otros servicios. También sobre actividades culturales, recreativas, deportivas y físicas, y la Agencia cuenta con el chatbot TINA por Whatsapp al número (54–11) 3910-1010 o en el link argentina.gob.ar/tina. Sin embargo, los usuarios siguen enfrentando muchas barreras. Tres testimonios dan cuenta de las dificultades que aún persisten para acceder a una información accesible y clara.
Andrea Grassia es periodista con discapacidad visual y activista en la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI). Si bien su condición no le genera complicaciones de accesibilidad, sí considera que la información no es clara y se requiere de cierta formación para poder descifrarla. “La falta de claridad en las normativas y procedimientos es uno de los principales obstáculos para acceder a la información pública”, sostuvo ante El Auditor.info.
“Advierto que hay una falta de accesibilidad en general para poder comprender, por ejemplo, temas relacionados con las pensiones no contributivas. La normativa para el acceso a estas pensiones, e incluso las citaciones, generan mucha confusión”, detalló.
“No sabía por dónde empezar”
Blanca Zárate Zaracho, quien trabaja como peluquera, vivió de cerca las dificultades del sistema al momento de tramitar su Certificado Único de Discapacidad (CUD) por su discapacidad motriz. "Al principio no sabía por dónde empezar; preguntaba y nadie me decía nada claro", recordó.
“Tenés que empezar todo desde cero: completar formularios y hacer estudios. Aunque antes era todavía más complicado, te pedían más estudios. Cuando logré reunir todo, me mandaron a una sede en Constitución. Saqué un turno y me lo dieron para dos meses después. Tenía todos los papeles listos, pero ojo, si pasan más de seis meses, los documentos se vencen y tenés que empezar de nuevo”, detalló.
En esa línea, Zárate Zaracho aseguró que “la situación se complica aún más cuando la gente va en sillas de ruedas porque a veces los mandan a lugares lejanos sin siquiera asegurarse de que la dirección sea correcta”.
“Da la sensación de que juegan con las personas y ni siquiera se toman el tiempo de explicar adecuadamente los pasos a seguir. Muchas personas sienten temor de iniciar el trámite por miedo a ser maltratadas. Hay quienes no comprenden bien lo que se les solicita y no siempre cuentan con alguien que, con paciencia, les explique o les proporcione una lista clara de requisitos”, relató.
“Existe una gran deficiencia”
Para Daniel Arzúa, periodista con discapacidad motriz, “existe una gran deficiencia en la manera de comunicar información, tanto desde el gobierno como en la sociedad en general”.
“Cuanto más confusa es la información, más difícil se vuelve tomar decisiones informadas”.
Para fundamentar su postura, Arzúa citó el caso de la vacunación contra el dengue: “Hay mucha desinformación. En mi caso particular, no tengo dificultades para entender la información que recibo, pero sé que para personas con discapacidad cognitiva o intelectual, la ausencia de canales accesibles y de un lenguaje claro hace que la comunicación sea casi incomprensible”.
El periodista también destacó cómo la confusión en la información afecta a cuestiones sensibles: “Cuanto más confusa es la información, más difícil se vuelve tomar decisiones informadas. Esto se refleja en áreas como las pensiones por invalidez, donde las personas no logran entender los procedimientos y terminan perdiendo derechos. En mi opinión, es una estrategia deliberada para restringir el acceso a esos beneficios”.
El Auditor.info se contactó con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para obtener información sobre la metodología utilizada al momento de informar a la población sobre los cambios en las normativas, sin embargo, la institución no proporcionó ninguna respuesta.
Una guía para las pensiones no contributivas
Teniendo en cuenta estos obstáculos en el acceso a información clara y precisa, y ante el proceso de auditoría de las pensiones no contributivas "por invalidez" que recientemente inició la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) elaboró una guía para brindar información relevante sobre el procedimiento, así como recursos útiles para quienes recibieron la citación.
El documento incluye aclaraciones sobre el contenido de la notificación, información sobre los derechos de las personas con discapacidad frente a estas auditorías, así como recomendaciones y notas modelo para presentar en ANDIS en caso de necesitar apoyos para concurrir a la citación o tener dificultades para asistir al organismo.