Allá por octubre de 2010 desde El Auditor Info dimos a conocer el deficiente control que el área de Rentas de la Ciudad realizaba sobre las obligaciones fiscales de los Grandes Contribuyentes. Un nuevo informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) va más allá y sostiene que “no hay un criterio de selección de ese tipo de tributarios”, por lo que no se sabe porqué algunos son fiscalizados y otros no.

Es importante primero definir qué son los “Grandes Contribuyentes”. Según la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) son todos aquellos que “por los montos que tributan o las actividades que desarrollan revisten de mayor interés fiscal para el Gobierno porteño”. También es fundamental aclarar que el organismo de control “relevó el proceso de fiscalización que se realiza sobre los Ingresos Brutos de este grupo tributario”.

El informe explica que el Departamento de Investigaciones Fiscales, que depende de la Dirección que lleva el mismo nombre, “no contaba con documentación que respalde la selección de los contribuyentes a ser fiscalizados durante el año 2012”.

El responsable del sector les explicó a los auditores cómo se realizaba la selección los Grandes Contribuyentes, pero como “no hay evidencia de esos procedimientos”, la AGCBA no puede opinar sobre “la razonabilidad de la elección”.

De hecho, se descubrió que “no había un listado de Grandes Contribuyentes en proceso de fiscalización”. La Auditoría “hizo el pedido de esa información el 2 de mayo de 2013 y fue suministrada por el organismo auditado el 18 de julio de ese mismo año” dado que “se elaboró el archivo de manera exclusiva para cumplir con el pedido del ente de control”.

Del análisis que se hizo sobre esos datos la Auditoría opinó que son “erróneos” ya que se informó que había 275 Grandes Contribuyentes cuando, a criterio de la AGCBA, “había 506, de los cuales 180 tenían iniciado el proceso de fiscalización para el año 2012”.

En parte la equivocación surge “de las limitaciones del sistema informático”, originalmente llamado New Fisc, que como “no cuenta con toda la información necesaria la Subdirección General de Fiscalización debe realizar reportes alternativos en planillas de cálculos y Access”.

La AGCBA tenía como objetivo principal analizar la labor de la Subdirección, junto a todas las Direcciones que de ella dependen, entre abril y noviembre de 2013. Sin embargo, “se verificó que en 2011 y 2012 hubo diversos cambios tanto en la estructura como en la definición de misiones y funcionamiento”, por lo cual se decidió “extender el alcance hasta esas fechas”. El informe finalmente se aprobó en octubre de 2014.

Los procedimientos

Además, la Auditoría detectó importantes demoras en diferentes instancias de la fiscalización. Por empezar, “el plan de acción de 2012 fue aprobado el 21 de agosto de 2012”, es decir, cuando ya había transcurrido más de medio año.

Por otro lado, en el 84% de los casos analizados “no se cumplió con el plazo de 48 horas que se establece para notificar a los inspectores la asignación de una fiscalización”. El promedio para esta comunicación fue de 11 días.

“En el 37% de la muestra tampoco se respetaron los dos días fijados para que el supervisor y el inspector interviniente se constituyan en el domicilio fiscal del contribuyente para notificar e iniciar la verificación”. La media para estos casos fue de dos semanas y media y se encontró un caso extremo de 143 días entre que se le notificó al inspector sobre la labor asignada y la fecha en la que le informó al futuro fiscalizado.