Según la Auditoría porteña, las empresas CLIBA, AESA, URBASUR, INTEGRA Y NITIDA, encargadas de llevar a cabo la higiene urbana en la Ciudad de Buenos Aires, recibieron un incremento extra de $ 1.149.772.022 durante los cuatro años de servicio pactados por contrato. El monto representa el 116% del presupuesto original y no contempla el año de prorroga ni los seis últimos meses en los que estuvieron operando con contrato vencido.

Desde agosto de 2010, fecha en la que debía haber finalizado el servicio, se prorrogó el contrato, pero “de hecho”, o sea, de manera informal, hasta que se realizara la Licitación Pública. A partir de las irregularidades, que fueron publicadas por la Auditoría en diciembre del año pasado, y teniendo en cuenta que recién anteayer el Gobierno porteño inició la apertura de los sobres para adjudicar a los nuevos contratistas, sólo queda esperar que estas observaciones sirvan para la nueva gestión de limpieza urbana.

En tanto, uno de los aspectos destacados por la AGCBA fue que, además de los $ 2.140.900.129 gastados para el período 2005 a 2008 inclusive, durante 2009 (año de  prorroga estipulada) el servicio de higiene urbana tuvo un presupuesto de $ 1.083.778.791.

El informe, aprobado el año pasado, dice que el aumento del 116% del presupuesto se produjo, entre otras cuestiones, “a causa de la ampliación de servicios, re-determinaciones de precios y reconocimiento de mayores costos”. Esta información pude relacionarse directamente con otra: “No se estipuló el servicio -de instalación y mantenimiento- de contenedores de recolección de residuos en el Pliego de Bases y Condiciones”, el mismo que determina las tareas y características de los contratos a firmar. Es decir, no se tuvo en cuenta a la hora de iniciar el servicio en 2005 que habría contendores en las calles que mantener y otros que instalar.

Por otra parte, la Auditoría añade que las firmas, cada una en su zona correspondiente, debían prestar el servicio de Recolección Diferenciada en todos los considerados grandes generadores de residuos, como hoteles de cuatro y cinco estrellas, edificios públicos, la Corporación Puerto Madero y edificaciones que superen los 19 pisos. Asimismo, el Ejecutivo porteño cuenta con la Dirección General de Limpieza (DGLIM) para controlar el cumplimiento de este apartado de la licitación. Sobre esto, la investigación apunta que la DGLIM “no posee una base de datos unificada de las rutas y establecimientos incorporados al servicio de recolección diferenciada para su control y seguimiento”, y además, la prestación dada fue “menor en cuanto a la cantidad de establecimientos previstos originalmente en el pliego de bases y condiciones, por causas no atribuibles a los contratistas”. Dice la AGCBA: “Se evidenciaría el pago total por un servicio prestado en déficit, por la falta de intervención de la DGLIM en controlar e incentivar la incorporación de más establecimientos”. 

La Auditoría, asimismo, indicó que la Dirección General de Limpieza “no cuenta con un inventario unificado y homogéneo de los contenedores distribuidos en las distintas zonas”.
 
Los centros de acopio y reciclaje que nunca se hicieron

Por el Pliego de Bases y Condiciones, las empresas recolectoras estaban obligadas a construir un Centro Verde por zona asignada. Debían ser lugares destinados a realizar la selección, acopio y reciclaje de papeles, cartones y vidrios desechados para su posterior venta por medio de las cooperativas de recuperadores.

Pese a ello, a diciembre del 2010, de los seis centros que debían estar construidos, lógicamente antes de que finalice la prestación de servicios, “se encontraban operando sólo dos Centros Verdes”, uno en Retiro, y otro en la calle Barros Pazos al 3700.

La difusión del servicio

En la licitación vigente hasta ahora, los costos del programa de comunicación y publicidad del servicio, sus normas y horarios, “corren por exclusiva cuenta y cargo de las empresas de recolección de residuos”, quienes debían destinar a tales fines “el 3% de su facturación”. La AGCBA afirmó que, “en ninguno de los dos casos verificados, se alcanzó el porcentaje exigido”, y ejemplificó con datos del ejercicio 2009. Ese año, la firma encargada de la Zona 1, CLIBA, facturó $ 208.136.408,45, de los que debió destinar $ 6,2 millones a difundir su servicio, pero gastó algo más de $ 4 millones (1,93%). Lo mismo ocurrió con la compañía que operó en la Zona 4, NITTIDA. Su facturación 2009 ascendió a $ 175,8 millones y, pese a que debió usar $ 5,2 millones en difusión, destinó $ 2,8 millones (el 1,62%).