La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló que “hay 116 puertos operativos que funcionan sin la habilitación”. Lo más lamentable es que en un informe aprobado en fines de 2012 el organismo de control ya había alertado sobre esta situación. Sin embargo, a lo largo de los años poco cambió.

El dato surge del análisis que se realizó, entre 2015 y 2016, a la gestión de la Dirección Nacional de Puertos (DNP). El trabajo no fue fácil para el organismo de control ya que “la información generada por el auditado era inconsistente y poco fiable”. 

La AGN pidió, en reiteradas oportunidades, saber la cantidad de puertos. No obstante, “no se le entregó un listado completo y unificado”. De hecho, cuando consultó por ubicación geográfica le respondieron que había 179 puertos; clasificándolos por nacionales, provinciales, municipales y privados le notificaron la existencia de 170. En una tercera oportunidad indicaron que había 161.

Ante esta situación “los auditores cruzaron datos y contabilizaron 255 terminales portuarias”.

De todos los puertos operativos, el informe detalla que “116 no tenían la debida autorización” siendo responsabilidad de la Dirección en cuestión, ya que es la encargada de llevar adelante el proceso de habilitación. De hecho, es una de sus principales acciones.

Para la Auditoría esta irregularidad “da cuenta no solo de la precariedad en la que se encuentran operando muchos puertos, sino también de la ineficiente gestión de la DNP”.

Existe un Registro Nacional de Puertos, creado con el objetivo de conocer a todos los sujetos de actividad portuaria, pero de la muestra tomada por el organismo de control “el 82% de los puertos no estaba incorporado”.

Uno de los puntos críticos en el tema de las habilitaciones es la publicación del decreto de aprobación en el Boletín Oficial. El informe, aprobado en julio de 2017, afirma que allí “se insume un tiempo excesivamente prolongado”. 

Esta demora, que se registra cuando los expedientes son girados al Poder Ejecutivo, genera que “la documentación de respaldo, como permisos de amarre y normas de seguridad e higiene, se tengan que ir revalidando”. 

En el siguiente cuadro se pueden ver algunos casos:

Sobre la autorización de amarre el organismo de control detectó que, de la muestra, “el 94% de los puertos que requieren el permiso no lo tienen”. Es la Prefectura Naval Argentina la que lo otorga y la DNP la que debe ocuparse de solicitar su control.

La Dirección de Puertos tiene la capacidad de sancionar el incumplimiento con la suspensión de la habilitación por tiempo determinado y la caducidad de la misma. Pero, el informe de la auditoría relata que “estas funciones no son ejercidas en forma oportuna ni eficiente” ya que “no existen constancias de sanciones aplicadas” en el período auditado cuando, de la muestra, el 94% no tiene la correspondiente autorización de amarre.

Continuando con las funciones de la Dirección, la Auditoría calificó su gestión en materia de control de “ineficiente”. Entre las observaciones que llevaron a esta conclusión está el hecho que “no hay un Acta de Inspecciones formalmente aprobada” generando que “se realicen de forma discrecional y sin el respaldo correspondiente”.

La AGN también consideró que las inspecciones “son débiles” y se realizan “con escasa frecuencia”. Solo por mencionar un ejemplo, el Puerto de Caleta Olivia fue visitado una vez en septiembre de 2006.

Las 225 terminales portuarias que contabilizó la Auditoría nacional se extienden a lo largo y a lo ancho del país. Por ello, resulta fundamental que haya redes informáticas para el intercambio de datos entre puertos, organismos y entidades interesadas. 

Lo cierto es que, al cierre del trabajo de campo, “no estaban implementadas” y, según el auditado, es porque “no tienen los recursos humanos ni materiales para poner en marcha la red”. 

Fronteras

Existen puertos que funcionan como Pasos Internacionales con países limítrofes, como en Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa. 

Sobre ellos la AGN detectó que “están habilitados en Aduana y Migraciones pero ninguno lo está como puerto”. Su seguridad, “es endeble y carece de seguimiento”.

En 2011, el entonces Ministerio del Interior pidió saber qué puertos funcionaban como pasos internacionales. Esta solicitud, detalla el informe, generó “la necesidad de la DGP de constatar la situación”. De la revisión se desprenden que “carecen de obras de infraestructuras mínimas que puedan garantizar el acceso, embarque y desembarque seguro de personas, un adecuado amarre de las embarcaciones y la prevención de incendios”.