Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) dice que durante 2005 varios alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires hicieron pasantías en dependencias del Estado y empresas privadas desempeñando tareas que no les correspondían.

El trabajo, aprobado el año pasado sobre datos de 2005, puntualiza que en un convenio firmado entre la casa de altos estudios y la Comisión Nacional de Transporte Automotor, se dispuso la creación de un “grupo de servicios”, denominado Centro de Asistencia de Ciencias Económicas al Transporte Terrestre (CACETT), conformado por pasantes que debía “contribuir al desarrollo del sector a través de investigaciones y prestación de servicios de control, evaluación y fiscalización”. Pero, tras analizar el cumplimiento del convenio, se detectó que “en la práctica, el personal afectado a las actividades del CACETT efectuaba tareas administrativas y operativas propias de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT -otra dependencia-), como inspectores en terminales de ómnibus, cajeros, notificadores, difusión de derechos de los usuarios, call center, atención al público, recepción, instrucción sumariante, etcétera, que distan de las funciones de investigación”.

Por otra parte, el organismo de control agrega que el CACETT obtiene ingresos por venta de bienes, prestación de servicios, aranceles y aporte de promotores, y resalta que aunque es administrado por Económicas, ese dinero se registra como “fondos de terceros”, es decir, “revisten un carácter extrapresupuestario” en la Facultad y “quedan afuera de las prescripciones de la Ley 24.156 (de Administración Financiera) y de los sistemas de control público”. Asimismo, esa recaudación “tampoco forma parte del presupuesto de la CNRT”, completa la AGN.

Pero más allá del CACCET, en la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) ocurrió algo parecido en cuanto a las asistencias técnicas.

La CNC había pedido especialistas en comunicaciones, economía de las comunicaciones, sistemas informáticos y procedimientos en radiocomunicaciones para su Programa de Trabajo, Investigación y Desarrollo, un convenio firmado con Económicas que está vigente desde 1997. En esa dependencia los auditores detectaron que “algunos asistentes técnicos no cumplen el perfil necesario requerido, atento a que el personal contratado ejerce las profesiones de periodismo, locución, carpintería y abogacía”.

El responsable de recursos humanos de la CNC, por su parte, afirmó ante la AGN que desconocía los convenios celebrados entre la Comisión y la Facultad, uno marco de 1991 y el mencionado de asistencia técnica, de 1997. Y añadió que la contratación de los pasantes se hace “en función de las necesidades del organismo para ser afectados a distintas áreas operativas, sin vincularse a un programa de investigación”. Además, los auditores comprobaron que “varios asistentes técnicos prestan servicios en otros organismos públicos, como la Cámara de Diputados y los Ministerios de Economía y Planificación Federal, no surgiendo de las actuaciones analizadas el motivo de tal proceder”.  

Entre sus observaciones generales, la Auditoría destacó que “existen convenios marco de asistencia técnica que no cuentan con la convalidación del Consejo Superior de la UBA”; que, antes de firmar las pasantías, la Facultad no dispone de antecedentes que acrediten la personería jurídica de la empresa que contrata al alumno; y que “no se realizaron procedimientos de control” en firmas privadas ni en organismos del Estado para verificar si los pasantes efectivamente prestaban servicios, lo que, además, sirve de base para calcular la facturación.

Tampoco se controló la labor de los tutores académicos ni de los coordinadores de tutores. Y los datos que manejaban en Económicas estaban “desactualizados”: durante el período auditado, la Facultad no contó con “información confiable e íntegra sobre los convenios o acuerdos marco suscriptos con organismos públicos y empresas privadas, los Programas de Trabajo, y Capacitación, los pasantes activos (ni) los tutores designados”.

En los registros de pasantías, la AGN observó “inconsistencias en la facturación por $ 804.597”. Puntualmente, fueron detectadas “facturas con la misma numeración” y se desconoce qué tratamiento se dio a esos documentos duplicados que, al margen, son confeccionados en la misma imprenta de la Facultad. Los técnicos no pudieron acreditar que se hayan realizado “gestiones formales para la cobranza de facturas impagas que datan del ejercicio 1997 en adelante”.

Económicas sí disponía, al momento del informe, de cobradores externos que hacían las veces de agentes recaudadores. La Auditoría descubrió que no había ningún acto administrativo que los habilite a hacer esa tarea, que desempeñaban con recibos en los que no figuraba ninguna “leyenda preimpresa que los identifique como tales”. Para completar, los técnicos afirmaron que la Tesorería de la Facultad no controlaba los recibos que entregaban los agentes “de manera de asegurar una rendición íntegra de las cobranzas”.