Según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), durante el ejercicio 2005 la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires registró “serias irregularidades en el manejo de los fondos y deficiencias de control”.

El trabajo, aprobado el año pasado, señala que se otorgaron “sumas de dinero en forma mensual y con carácter discrecional a favor del personal de la Facultad en concepto de ayuda social”. Los auditores añaden que estas entregas fueron dispuestas por el decano de Económicas, que se “excedió en sus atribuciones”, que los montos en cuestión oscilaron entre los $ 80 y los $ 960 mensuales por empleado, y que el gasto total del ejercicio por ese rubro fue de $ 855.399.

Además, la casa de estudios destinó $ 165.656 “a distintos beneficiarios por ayuda económica” para solventar cuestiones que, por un lado, no estaban imputadas al concepto del gasto correspondiente según el clasificador presupuestario de Económicas y, por el otro, eran retroactivos o correspondían a ejercicios anteriores. La AGN sostiene que muchas de esas erogaciones “eran previsibles y deberían haber estado incluidas en el presupuesto” de la Facultad. En este punto también se registran desembolsos por “haberes no devengados y no liquidados en tiempo y forma, que correspondían a altas de 2004 no autorizadas en el sistema”.

Asimismo, hubo recursos que fueron asignados “sin causa relacionada con los objetivos de la Facultad” a asociaciones civiles, fundaciones y a la APUBA, el gremio del personal de la Universidad. Como ejemplo, el informe reveló que, mediante una resolución del Decano, se contrató en forma directa “compras navideñas a solicitud de APUBA por $ 8.322,38, no resultando procedente que con cargo al presupuesto (de la dependencia) se adquiera mercadería que tiene vinculación con el accionar propio de una entidad gremial”. Y, al margen de la normativa vigente, también se registraron incorporación de personal, reconocimientos de servicios prestados y prórrogas de contratos en forma mensual, por pedido de distintas dependencias de Económicas, por razones de “necesidad impostergable”.

En cuanto a compras y contrataciones, el organismo de control detectó que la Facultad realizó erogaciones “por conceptos similares a través de diferentes modalidades”. El informe ejemplifica que hubo gastos por $ 287.165,40 que abarcan refacciones, servicios de seguridad y traslados de personas, entre otros rubros.

La AGN observó un “número importante de asignación de cajas chicas que no fueron informadas oficialmente y revisten el carácter de extraordinarias y/o especiales, no contempladas en la normativa aplicable”. En este sentido, los técnicos descubrieron que “se asignaron aproximadamente 22 cajas chicas extraordinarias para distintos fines: organización de eventos, obras en distintas dependencias de la Facultad y compra de materiales de computación, (y así) se atendieron erogaciones que corresponden a gastos que pueden preverse con la debida antelación y tramitar bajo el régimen de contrataciones” vigente.

Durante el período analizado, Económicas anticipó “fondos no vinculados con subsidios para investigación, cuya metodología de asignación no surge de normativa que regule los requisitos mínimos para su otorgamiento, periodicidad y rendición”, dice la AGN, y completa que “esta metodología afectó el control de las operaciones”.

El organismo de control analizó unos expedientes de la Facultad y observó “varias irregularidades” en la documentación respaldatoria: en rendiciones correspondientes a junio de 2005, por ejemplo, hay comprobantes de períodos anteriores, “incluso de 2004”; o desembolsos que no coinciden con la finalidad prevista, como nafta, compra de neumáticos, gastos en autos, farmacias, cafetería, viáticos, quiosco y tickets de bares y restaurantes “que incluyen el pago de la propina”. Y, además, se verificaron pagos de honorarios “que no se encontraban formalizados a través de contratos de locación de servicios u obra”, puntualiza el informe.

Alquiler

Económicas alquiló un edificio para sus Posgrados. La AGN concluyó que la locación “no fue aprobada por un proceso licitatorio” y que el área de contrataciones no intervino “en ninguna etapa” de la operación.

El contrato en cuestión fue firmado por tres años con un valor total de $ 972 mil, unos $ 27 mil por mes. Pero, según un dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la UBA, ese monto “es superior al fijado por el Tribunal de Tasación de la Nación”, afirman los auditores, y amplían que “la diferencia no pudo ser cuantificada por no haberse tenido acceso a la tasación”.

La Auditoría añade que otra característica del contrato de locación, fue que se renovó en forma sucesiva a partir del primer período cumplido cuando, incluso en el convenio original, decía que “se trataba de vencimientos de plazos improrrogables”.