Según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), durante 2005 la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires realizó “numerosas” cesiones de instalaciones a partir de resoluciones del decano que fueron “establecidas sin competencia”. El trabajo agrega que no se pudo saber si al titular de la casa de altos estudios le habían delegado esas facultades y, además, las decisiones no recibieron una ratificación del Consejo Superior de la UBA.

El organismo de control indica que por estas cesiones, Económicas no recibió ningún tipo de canon, y que entre los beneficiarios figuran el gremio APUBA, las agrupaciones T.N.T., Manuel Belgrano, Franja Morada y la Editorial La Ley.

Pero hubo una agrupación de la Facultad que, a pesar de haber recibido espacios de la sede en forma gratuita, cedió a su vez esas instalaciones “con carácter oneroso”, apunta el informe. Se trata del centro de estudiantes de Económicas, que mediante una decisión del decano –autorizada esta vez por el rectorado de la UBA-, obtuvo en 1998 cuatro sectores: el del patio rotonda, junto al aula 14; frente al aula 12, sobre la calle Junín; al lado de la sala de auxiliares docentes que da a la Avenida Córdoba; y al lado del local de APUBA, sobre la calle Uriburu.

Tanto en el espacio de la rotonda de la planta baja, como en el que está al lado de la oficina de auxiliares docentes, el Centro de Estudiantes cedió a un tercero la explotación exclusiva del servicio de fotocopiado.
 
En 2001, el decano de Económicas concedió al centro de estudiantes el permiso de uso precario de un espacio físico para la instalación de expendedoras de bebidas. En esa autorización no se contemplaba la instalación de un bar comedor dentro del local. Sin embargo, a partir de una resolución del decano de 2003, el organismo de control detectó que el centro había cedido a terceros la explotación del comedor estudiantil y de las máquinas expendedoras de bebidas.

Además, esa decisión disponía “la caducidad de los permisos de uso precario e intimar al centro de estudiantes a que devuelva los espacios físicos permisionados, bajo apercibimiento de la ocupación administrativa y las acciones judiciales que correspondan”. No obstante, a la fecha de cierre de las tareas de campo de la AGN, en 2005 -el informe fue aprobado el año pasado-, “tanto el bar como las expendedoras de bebidas y artículos comestibles se encontraban operando normalmente con el mismo concesionario”.

La Auditoría sostiene que cuando el centro de estudiantes cedió espacios a terceros con carácter oneroso, “desvirtuó la motivación de la concesión que le hiciera la Universidad, e incumplió con los fines en beneficio de la comunidad estudiantil”, establecidos en su propio estatuto.

Playas de estacionamiento

Al cierre del informe de la AGN, la Facultad de Ciencias Económicas tenía tres playas de estacionamiento: una, en Córdoba 2178, que no contaba con habilitación municipal para funcionar, y las otras dos, en Viamonte 2189 y Uriburu 711, que tenían la habilitación en trámite.

Sobre la recaudación, el informe afirmó que “no existen procedimientos formales aprobados (sobre) la percepción y rendición de los ingresos provenientes de las playas; hay demoras en los registros contables; no hay constancia de que se realicen arqueos en forma periódica; la rendición se basa en un sistema de tickeadora que no realiza copia de respaldo y la base de datos se borra una vez por mes”.

El organismo de control tampoco pudo determinar si se chequean los comprobantes, “de manera de asegurarse que se rindan todos los recursos percibidos, (una) circunstancia que afecta la integridad de la percepción, depósito y rendición de la recaudación”. Además, según la AGN, “la Facultad no acreditó la cobertura de seguros por responsabilidad civil”, y no aclaró por qué hubo ingresos de las playas que se registraron “varios meses después de la efectiva recaudación”, como surge del parte diario de tesorería.