Pese a los incumplimientos, y tras 81 meses de revisiones, no anulan la concesión del Zoológico
En 1997 se creó una Comisión para verificar el estado de ocupación de los bienes públicos de la Ciudad. La Auditoría porteña dice que recién en 2004 se autorizó la continuidad de la explotación, aún cuando la empresa desconoció sus compromisos desde el principio del vínculo. Hay irregularidades en el pago del canon, el cobro de entradas, y en las habilitaciones.
Según un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), el Gobierno porteño demoró 81 meses en autorizar la continuidad de la concesión del Zoológico, pese a que durante años la empresa Zoo-Botánico 2000 no cumplió varios de los compromisos asumidos desde el principio de la explotación, en 1991.
El trabajo recuerda que en 1997, la Administración de la Ciudad creó la Comisión de Verificación del Estado de Ocupación de los Bienes de Dominio Público (CVEOBDP). Ante esa área, las empresas debían presentar la documentación relacionada a sus respectivas explotaciones. “El incumplimiento de las obligaciones traería aparejado la extinción automática de la concesión y la inmediata desocupación administrativa del bien”, explica la AGCBA. A pesar de que la Comisión fue disuelta en 2001, sus funciones –y atribuciones- fueron transferidas a la Dirección de Concesiones y Privatizaciones (DGCyP).
Pero, más allá de las falencias detectadas en el cuidado de la fauna y de las instalaciones, el Zoo ni siquiera cumplió con las obligaciones que tenía ante la CVEOBDP. La Auditoría enumera que, entre otros papeles, “no se adjuntó la Oferta, y no toda la documentación se hallaba autenticada por Escribano Público”. Además, el informe dice que la empresa presentó actas notariales extraprotocolares de toma de posesión y de realización de inventarios, pero “sin los anexos que daban cuenta de los inventarios de la biblioteca, de aves, reptiles, mamíferos, y otra de bienes muebles, enseres útiles y material perteneciente al Zoológico”. No obstante, nadie reclamó esa documentación.
“Finalmente, el trámite -ante la CVEOBDP primero y la DGCyP después-, que culminó con la continuidad de la explotación, demandó 6 años y 7 meses desde la presentación de Zoo-Botánico 2000 y el dictado de la resolución, en 2004”, completa la AGCBA.
Historia
La privatización del Zoológico comenzó en 1990, cuando el entonces intendente de Buenos Aires llamó a una licitación pública para concesionar del rubro “remodelación urbana Plaza Italia-Zoológico-Botánico-Avenida Sarmiento”. La Auditoría porteña cuenta que ese mismo año, “ante la oposición de la Sociedad”, se dejó afuera de la operación al botánico y, finalmente, la empresa Zoo-Botánico 2000 S.A. se hizo cargo de la concesión a partir del 1° de febrero de 1991, por un plazo de 20 años.
El organismo de control señala irregularidades desde el momento mismo de la licitación. En primer lugar, no se cumplió el contrato en cuanto a la entrega del predio “que se materializó el día fijado, pero sin que hubiera sido desocupado”. En ese momento, había dos calesitas y cuatro kioscos.
“Los principios de legalidad, contradicción e imparcialidad se vieron afectados (porque) las propias autoridades municipales del zoológico tuvieron relación en el proceso licitatorio y con la empresa adjudicataria”, agrega el informe, y especifica que el por entonces coordinador ejecutivo del zoológico, que al mismo tiempo dirigía el Botánico y tenía nivel funcional de subsecretario, fue accionista de Zoo-Botánico 2000. Y quien dirigía el zoológico desde septiembre de 1989, “formó parte de la comisión evaluadora de las Ofertas y luego continuó siendo director, dependiendo de la concesionaria”.
En cuanto al estado del complejo, la AGCBA sostiene que “la documentación licitatoria fue confeccionada sin un adecuado conocimiento del bien licitado. El desconocimiento de la situación edilicia del predio al momento de la licitación era compartido por ambas partes: oferente y concedente”. Tanto es así que, a sólo 18 meses del inicio del contrato, Zoo-Botánico 2000 pidió duplicar la inversión estimada por las “dificultades, patologías, fallas, estados ruinosos, falta de documentación, ausencia de planos y necesidades de rediseño” en el terreno.
Al margen, la Auditoría manifestó “dificultades” en la realización de su informe, que fue aprobado el año pasado sobre datos del período 1990-2008. Concretamente, se refería a que “no tuvo acceso al expediente por el cual se tramitara la licitación pública para la concesión” del Zoológico, y “sólo se encontró parcialmente la oferta del concesionario”.
Paquete accionario
Luego de Zoo-Botánico 2000, en 1998 se hizo cargo de la concesión Corporación Interamericana de Entretenimientos (CIE). En julio de 2003, el Grupo CIE Argentina SA cambió su denominación por Controladora Comercial CIE SA de Capital Variable. Seis meses más tarde, en enero de 2004, hubo una fusión por absorción, donde CIE Internacional SA de Capital Variable fue la absorbente de Controladora Comercial CIE SA de Capital Variable.
A partir de todos estos movimientos, la Auditoría porteña concluyó que “el concesionario transfirió su paquete accionario en al menos cuatro oportunidades, realizando modificaciones en la composición de su capital y cambios en el contrato social, sin previa autorización de la Administración, incurriendo en falta grave conforme el Pliego de Bases y Condiciones Generales, y sin que la Dirección General de Concesiones le aplicara las sanciones”.
Según los estados contables del Jardín Zoológico correspondiente a 2006, su controlante es, en un 95%, CIE RP S.A.. Mientras que el expendio de las entradas está a cargo de Ticketmaster Argentina S.A., salvo la de las calesitas, que están subconcesionadas por Dagusa S.A.. “Según surge del análisis de la documentación relevada, existirían relaciones entre varios subconcesionarios, que se verificarían en participaciones recíprocas accionarias, cargos directivos o representaciones legales entre esas mismas concesionarias. El Jardín Zoológico cuenta en la actualidad con cinco subconcesiones”, apunta la AGCBA. No obstante, los técnicos destacaron que “todas las actividades que se desarrollaban en el predio del Zoológico carecen de habilitación”.
Canon
Zoo-Botánico 2000 debía pagar por mes un canon equivalente al 10% de los ingresos gestionales de la explotación. Cuando se hizo cargo del predio, el concesionario se comprometió a realizar obras de restauración y, hasta no recuperar la inversión, ese canon surgiría sólo de las entradas generales, excluyendo los demás ingresos gestionales. Pero las obras no avanzaron.
Tras la crisis de 2001, el Gobierno porteño estableció un plan de facilidades de pago para los concesionarios de bienes de dominio público que estuvieran en mora, como Zoo-Botánico 2000. La Auditoría reveló que la empresa fue incluida en la moratoria sin haberlo pedido y sin cumplir con los requisitos que imponían el beneficio.
Pero eso no es todo: el informe añade que la Dirección de Concesiones y Privatizaciones informó que aquella inversión que hiciera la empresa ya había sido recuperada en 1999. Es decir que en todo ese tiempo el canon se calculó sobre una base menor: “Así se generó una diferencia entre lo efectivamente pagado y lo que hubiera correspondido”, explican los auditores. Esa diferencia –actualizada- ascendió a $ 1.406.241,82.
Aumento de las entradas
Entre febrero de 1998 y el mismo mes de 1999, el Zoológico porteño incrementó el valor de la entrada general de $ 3 a $ 4 sin la autorización del Gobierno de la Ciudad. No obstante, el canon se continuó liquidando sobre la base del valor menor.
Tras detectar este incumplimiento, la empresa fue intimada a pagar $ 231.151 por capital adeudado e intereses.
Según la Auditoría, el concesionario tampoco abonó en tiempo los cánones correspondientes al primer semestre de 2003. Luego de varias intimaciones, la empresa y Ciudad firmaron un Acta Acuerdo por la que se refinanció la deuda de $ 207.849,94 en 12 cuotas mensuales consecutivas a pagar desde septiembre de aquel año.
La AGCBA menciona que no se le brindó la información sobre la cantidad de entradas vendidas, tanto pasaportes como de entradas generales, ni de lo recaudado por las distintas atracciones, justamente las variables económicas que están contempladas en los contratos celebrados entre Zoo-Botánico 2000 y los cinco subconcesionarios.