La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) detectó, sobre una muestra de 50 hogares, que el programa Ciudadanía Porteña, que otorga subsidios a familias pobres e indigentes a cambio de la escolarización de sus hijos, reinserción laboral y controles médicos, no cuenta con la certificación escolar del 92% de los jóvenes ni con la totalidad de los certificados de vacunas y chequeos sanitarios.

Esta iniciativa contó para el período 2007 con más de $ 214 millones para beneficiar a unas 240 mil personas en condición de pobreza o indigencia. Su objetivo es promover la educación, la cobertura sanitaria y favorecer la búsqueda de empleo de los adultos a través de un sistema de contraprestaciones.

La Auditoría porteña pudo constatar sobre una muestra de 50 casos, que sólo el 7 % de los hogares con hijos en edad escolar había presentado certificados de escolaridad, pese a que la ley 1878/05 exige, como contraprestación del plan en materia de educación, el cumplimiento de asistencia y permanencia de los niños en la escuela, corroborándolo mediante certificados trimestrales.

Asimismo, el informe, elaborado sobre datos de 2007 y aprobado este año, añade que “no se hallaron los certificados de los controles de salud estipulados”, ni los de vacunación de niños y adolescentes, y que no contaban con los certificados del “92 % de las personas mayores, conformadas por personas mayores de 18, embarazadas, personas con discapacidad o desnutrición”.

Deficiencias en la entrega de subsidios

El trabajo de auditoría explica que también se detectaron irregularidades en la asignación de los subsidios. Fue a partir de una muestra de 103 hogares inscriptos en el programa en diciembre de 2007 y su posterior revisión en el Registro Único de Familias Beneficiarias de Programas Sociales (RUB).

La AGCBA señaló que “doce hogares fueron calificados erróneamente como no pobres”, aunque siete de ellos se encontraban “por debajo de la línea de indigencia”, y que se negó el subsidio a cuatro familias por residir fuera de la Ciudad, “no obstante haber presentado el certificado de domicilio en Capital”.

A su vez, la muestra reveló que algunas familias recibieron la categoría de ‘beneficiario’ pese a que “superaban la línea de la pobreza”, con ingresos mayores “en un 8 y 39 %”. Además, “figuraba como integrante del programa una persona que, al mismo tiempo, era titular del beneficio para otro hogar”.

Otros cinco casos presentaban “diferencias entre el número de integrantes consignados en la inscripción y en lo observado desde el RUB”. El informe aclara que esta situación amerita la suspensión o la baja del beneficio, pero, agrega también que “no se registró ningún tipo de acción por parte del Programa”.

Si bien la Auditoría de la Ciudad destaca que el programa representa un importante avance en términos de inclusión, determina que presenta debilidades sobre “postulantes que quedaron fuera de la inscripción, inscriptos mal evaluados y falta de articulación con las áreas de educación y salud”.