El programa Ciudadanía Porteña, que otorga subsidios a jefas de hogares pobres e indigentes, deriva a las mujeres separadas de hecho por violencia familiar a una organización jurídica que les exige legalizar la separación a modo de requisito para acceder al plan. La Auditoría porteña (AGCBA) considera que el requerimiento puede implicar “un riesgo para la integridad física y psíquica” de las aspirantes al beneficio, dado que obliga a la víctima a establecer contacto con el victimario, sin ninguna mediación.

La organización jurídica, Unidos por la Justicia (UPJ), que funciona dentro de una de las sedes del programa, firmó un convenio en 2007 con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el cual recibió $ 75.210 para brindar gratuitamente asesoramiento jurídico ya que, para que una persona reciba el subsidio, “toda información y modificaciones sobre el estado civil debe estar documentada legalmente”.

Sin embargo, la AGCBA aclara que, si bien el programa exige legalizar la desvinculación de la pareja mediante un convenio de alimentos o divorcio, la ley de creación de Ciudadanía Porteña “no estipula como requisito la acreditación del estado civil mediante documentación legal a mujeres solteras con hijos o separadas de hecho”.

El informe explica, de 23 mujeres que manifestaron durante la entrevista con abogadas de la ONG, haber padecido algún hecho de violencia familiar, “sólo tres fueron derivadas a un Centro Integral de la Mujer, de la Dirección General de la Mujer de la Ciudad”, y agrega que una de ellas recibió como recomendación de la UPJ que “intente convencer” al agresor de firmar el convenio.

El informe, aprobado este año sobre datos de 2007, señala que “muchos de los casos derivados corresponden a situaciones familiares complejas”, como exclusión del hogar por violencia o “paradero desconocido del progenitor no conviviente”. De esta forma, “tal requisito, implica el agravamiento de una situación de vulnerabilidad previa”, ya sea “para persuadir –al victimario- de firmar un convenio de alimentos, como para exigir su cumplimiento mensual”.

La Auditoría analizó 18 casos que habían sido derivados a UPJ y que tenían intervenciones judiciales previas por situaciones de violencia familiar, en los que detectó que la ONG sólo hacia las siguientes recomendaciones: “búsqueda del domicilio del agresor para iniciar acciones legales”, y “firma de convenio de alimentos con el mismo”.

Finalmente, la Auditoría de la Ciudad agrega que “las indicaciones de Unidos por la Justicia, de ser llevadas a cabo por las mujeres asistidas, pudieron implicar un riesgo para la integridad física y psíquica de las mismas”, y agrega que “en caso de concretarse la firma del convenio, existe a posteriori una alta probabilidad de necesitarse la acción positiva de la víctima para el reclamo de su efectivo cumplimiento y la dependencia económica con el agresor”.