Para la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) no fue posible establecer cuántos empleados trabajaron en la Dirección General de Limpieza (DGLIM) durante 2008. Según un informe del organismo de control, el propio titular del área afirmó que en ese ejercicio contó con 92 personas, pero la Subsecretaría de Recursos Humanos del Gobierno porteño reveló que en la DGLIM se desempeñaban 246 agentes en el mismo año.

La dependencia en cuestión es la encargada de ejecutar el programa de disposición final de residuos sólidos urbanos. Los auditores señalaron que el manejo de la información en la DGLIM es “inadecuado e insuficiente”. De hecho, se resalta que hubo “inconvenientes” en la confección de la investigación, porque “la mayor parte de la información requerida por nota a la Dirección no fue proporcionada”. Asimismo, la AGCBA observó un “considerable desconocimiento por parte de los funcionarios” que trabajan allí en relación a aspectos relevantes de su gestión, por ejemplo, la dotación de personal.

Controles

En su labor, la DGLIM debe fiscalizar los certificados mensuales que emite la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), que desde 1977 es la única proveedora del servicio de disposición final de los residuos sólidos.

Sin embargo, la Auditoría porteña detectó que la Dirección “no realiza en todos los casos controles sobre los registros de tara histórica que se encuentran ingresados en el sistema informático de la CEAMSE”. La tara es el peso de los camiones transportadores de residuos cuando están vacíos. La importancia de esta observación, explicaron los técnicos, es que para verificar la labor de la CEAMSE, se contrasta la tara bruta (el camión cargado) con la tara histórica, que se mide dos veces por año, y de esa diferencia surge la tara neta, el peso que se usa de base para calcular cuánto hay que pagar por el servicio de disposición de los residuos.

De los ejemplos analizados por la AGCBA, se comprobó que en dos casos había “diferencias sustanciales entre la tara histórica y la que se consigna en el certificado entregado por la CEAMSE, situación que causa un perjuicio económico para la Ciudad. Esto se debe a que a menor tara histórica, mayor peso neto y, por consiguiente, mayor valor del servicio”. Esto fue observado en un camión de la empresa AESA, interno 3301 con patente BUZ 225, y en otro de la firma CLIBA, interno 1351 con patente GOT 176 (ver cuadro).

Además, el informe sostiene que la Dirección de Limpieza “no ejerce las inspecciones en lo que se refiere al desempeño de la CEAMSE, y que se limita a controlar –mediante GPS- que el dominio (patentes) de los camiones que ingresan a las plantas de transferencia sean correctamente consignados en el certificado mensual”. Es más, los técnicos añadieron que “todo el sistema de certificación del servicio descansa en la información que le provee la contratista y el Ente de Higiene Urbana, y no se verifica la existencia de un control por oposición”.

Basura cero

En la Ciudad Buenos Aires rige una ley, la 1854, que establece el principio de “basura cero”, definido como “la reducción progresiva de la disposición final” de residuos mediante un conjunto de medidas orientadas a disminuir la generación y alentar la separación selectiva, la recuperación y el reciclado.

Según esta norma, la merma en la generación de basura debía llegar hasta la prohibición de la disposición final de materiales reciclables para 2020. No obstante, el organismo de control apunta que, del informe anual de gestión de residuos sólidos urbanos, “en 2008 (el período analizado por la AGCBA) no se ha operado una reducción con respecto a 2007, lo que marca una tendencia contraria a las metas fijadas”.