Salta.- Recientemente se generó un interesante debate público respecto de la publicidad que adquirieron ciertos informes de la Auditoría General de la Provincia. Por haberme sido protagonista, me atrevo a realizar algunas reflexiones de interés general, invitando a un debate público, abierto, responsable y respetuoso a quienes no opinan igual. 

El debate se origina por la publicidad que adquieren los informes de auditoría, tanto a través de la página web de la Auditoría General como a través de salidas en los medios de comunicación por parte de quién suscribe la presente, así como también por las Conferencias Públicas que organiza también el suscrito, a los efectos de dar mayor difusión a los informes de auditorías. 

Algunos hombres de la política, que merecen mi mayor respeto por su trayectoria y porque sé que opinan convencidos y de buena fe, consideran que tanta difusión pública puede dañar la imagen y la credibilidad pública en la Auditoría General. Ellos seguramente se enrolan en la doctrina que considera a los entes de control como instituciones cuasi jurisdiccionales que deben guardar idénticas formas que los Jueces, quienes sólo hablan "a través de sus sentencias" (en este caso "informes"). 

Esa respetable doctrina debería estudiarse en el marco del "caso Salta", puesto que nuestra Provincia ha previsto en la Auditoría General una institución muy novedosa, y, a mi criterio, "de avanzada" respecto a lo que se conoce en otros lugares. Veamos 3 motivos. 

1. Los auditores generales son elegidos previo "plebiscito público", porque luego de que la Cámara de Diputados los selecciona, en la Cámara de Senadores debe realizarse una "audiencia pública", convocada de igual modo, a la cual pueden acudir todos los ciudadanos y objetar a los auditores propuestos, sea porque no lo consideran idóneos, porque no aseguran imparcialidad o porque en otras actividades públicas o privadas no demostraron honorabilidad y prudencia. De más está decir que, cuando se realizan objeciones deben aportarse las pruebas de las mismas y explicarlas en un ámbito de respeto y debate. Aquellos ciudadanos que no deseen o no puedan acercarse al recinto donde se realiza la audiencia pueden enviar sus opiniones por escrito, adjuntando las pruebas de sus dichos. 

La ciudadanía debe estar atenta a las próximas convocatorias a esas audiencias, para lo cual es un deber de la Cámara de Diputados publicar con mucha antelación por lo todos los medios de comunicación, y de manera insistente, los nombres y los antecedentes personales de cada uno de los propuestos. Sería muy interesante que algún programa de radio o televisión transmitiese en vivo la audiencia pública. 

2. La Auditoría General de la Provincia, al contrario de otros organismos de control del país y del mundo, no actúa bajo dependencia de ningún poder del Estado -se trata de un órgano extrapoder- y no remite sus informes a ningún organismo para su aprobación -una vez aprobados en la auditoría son "opiniones definitivas"-. Este dato es esencial para legitimar cualquier explicación pública de los informes. 

3. Como órgano que no depende de ningún poder del Estado, la Auditoría General informa a los ciudadanos (por ello la Ley le ordena "publicitar" sus informes), lo cual debe realizarse en los términos y formas que pueda ser entendido por todos los sectores de la sociedad. Esto es muy difícil de realizar de manera escrita, incluso por una cuestión de tiempo, por lo cual a nadie debe molestar ni extrañar escuchar a un Auditor General en un programa de radio o televisión o escribiendo en algún diario. Es bueno que los auditores expliquen periódicamente que están haciendo y por qué. 

La exposición pública de los Informes y de sus autores incrementa la credibilidad ciudadana, contribuye a que la sociedad conozca quiénes controlan y cómo se controla al Gobierno del Estado y genera una mayor cultura de control social. "Ciudadano que conoce controla mejor". Las instituciones que pierden credibilidad y respeto son las que se ocultan en las paredes de las oficinas públicas. La "función pública" está para ser "juzgada" por los ciudadanos. Tantas instituciones aletargadas y gobiernos "de puertas cerradas" han generado en Argentina una intensa desconfianza de la sociedad hacia el Estado, afectando nuestro progreso. 

La Auditoría General de la Provincia es sólo una herramienta del soberano para ejercer el control ciudadano sobre los gobiernos. El Auditor cumple el mismo rol que el "machete": va desmalezando para que su dueño (el ciudadano) pueda ver mejor que hay detrás de los matorrales. Y no desaparece como Institución porque, como en el campo, en el Estado también las malezas crecen todos los años.