Festejó ayer la oposición el requerimiento de la Justicia suiza sobre las causas penales que pesan sobre Hugo Moyano y sobre su hijo a raíz de una investigación que se lleva en ese país por lavado de dinero. El radicalismo y la Coalición Cívica se subieron a ese pedido inmediatamente, sobre todo porque la situación no sólo complica a Moyano, sino que condiciona a Cristina de Kirchner que, en medio de la campaña, tiene que definirse en escándalo como este que, además, puede continuar creciendo o morir si es que la investigación no muestra progresos.

De ahí el brete en que quedó metida la Presidente y que la oposición ya está midiendo.

«Estamos frente a una disyuntiva que marcará claramente dónde se ubica cada uno. El Gobierno, que alimentó tanto a Hugo Moyano durante toda su gestión, tiene que decidirse: Justicia o impunidad». Así, desde Chubut, Ernesto Sanz le tiró la responsabilidad sobre el destino de esta causa a Cristina de Kirchner, aunque por ahora poco se sabe del contenido real de la investigación.

De todas formas, la Coalición Cívica reclamó la paternidad de la denuncia original contra Moyano: «Carrió tenía razón, aunque muchos decían que exageraba, cuando señalaba que Moyano terminaría perseguido por la Interpol porque la corrupción terminará en un escándalo a nivel internacional», decía ayer Juan Carlos Morán.

Carrió tiene un menú completo de investigación sobre Moyano. «El lavado de dinero puede ser internacional, pero también estamos investigando si es propietario de dos estancias en el centro de la provincia de Buenos Aires», dicen en esa fuerza.

Para Carrió y Morán, el panorama de Moyano es el siguiente: «Involucrado a la mafia de los medicamentos, manipulador de los subsidios de APE, vinculado a los barras bravas de Compromiso K, administrador de cajas oscuras como el Belgrano Cargas». En esos temas lo están siguiendo y de ahí que ayer se festejara la «pista» internacional que abrió la Justicia suiza.

Así el Congreso no quiso perder la oportunidad: se anunció ya que apurarán el debate del informe de la Auditoría General sobre el funcionamiento de la Administración de Programas Especiales y una ampliación de la Comisión Investigadora sobre el caso de la mafia de los medicamentos para que investigue también a los Moyano.

«Como una ampliación de la Comisión Investigadora de la mafia de los medicamentos, buscamos también que se sepa qué pasa con los millonarios recursos que manejan Moyano y los suyos», anunciaron ayer desde Misiones Gerardo Morales y José Cano.

Por si eso no alcanza, los sindicatos también tendrán su propia ley para controlar los fondos que reciben de la retención a los trabajadores: allí se declara «el carácter de fondos públicos de los aportes de los trabajadores en todos los sindicatos del país, tanto los destinados a las obras sociales como los sindicales, para que estén sometidos al control de la AGN», según anunció ayer el radicalismo.

«Incluso, se establecerá que los gremios tengan la obligación de rendir cuentas mensualmente a la sociedad sobre el manejo de los fondos de los trabajadores», insistió Morales.