El presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia, Mardonio Díaz Martínez, consideró que la prioridad es informartizar el organismo para lograr celeridad en la resolución de las causas que se inician. En la actualidad, la ley no precisa en qué plazo se debería finalizar un sumario que se inició porque se advierte alguna irregularidad. Por aplicación del Código Cívil, la investigación puede extenderse hasta 10 años e incluso llegar hasta veinte o más.

Un informe que fue publicado por EL ANCASTI la semana pasada daba cuenta de las limitaciones que tiene el organismo para sancionar a los funcionarios y se planteaba algunas reformas necesarias a la ley de creación del Tribunal de Cuentas. El presidente de la institución consideró que la reforma a la ley no sería la prioridad sino que lo urgente sería informatizar el Tribunal de Cuentas. 

"Por año tenemos entre 3.000 y 4.000 cuentas del Estado que hay que hacerlas a mano. Además, se gasta mucho dinero en mandar los auditores al interior para realizar auditorías in situ. En cambio, con un buen sistema informático eso desaparecería y sería todo mucho más rápido. Serviría al Estado para evitar que sean tan largos los procesos", dijo en diálogo con EL ANCASTI. 

Una de las mayores restricciones al control que tiene el organismo está en la misma ley 4621, de creación del TC . Fija "la suspensión de las actuaciones cuando la responsabilidad pudiera alcanzar a los legisladores y funcionarios que están sujetos a juicio político". Muchos expedientes se paralizan cuando se trata de ministros, intendentes, concejales y hasta secretarios sujetos al juicio político. Los procesos sólo pueden continuar cuando el funcionario ha cesado en su mandato. 

Díaz Martínez consideró que se trata de garantías que están fijadas incluso en la Constitución de la Provincia. Después, lo incorporaron varias cartas orgánicas de los municipios por lo que se garantiza protección a un amplio abanico de funcionarios. "El sistema es así", se resignó al indicar que sólo cumple la ley. 

Precisarán auditorías por regalías

El Tribunal de Cuentas accedió al pedido que algunos meses atrás realizó el secretario de Minería, José Sinner, cuando envió una nota en la que pidió mayor "precisión" en las auditorías que elabora el organismo referidas a la inversión de los fondos de regalías mineras. Desde el Gobierno entendían que no eran contundentes para aplicar la sanción de restringir el envío de fondos. 

Díaz Martínez coincidió en que algunas auditorías no contenían serias irregularidades sino observaciones de tipo contable por las que no se podría suspender las partidas."Se precisarán las auditorías para que el Gobernador tenga en sus manos los casos que en que fueron desvíos de la ley", dijo. Esto implicará la incorporación de los informes que realizarán ingenieros con respecto a la realización de cada una de las obras en el terreno. Y por otra parte, los informes serán enviados al intendente y a los concejos para que tengan una posibilidad de defensa. Luego, con esa respuesta se enviarán al Ejecutivo. 

CLAVES

Las reformas necesarias 

El presidente del TC admitió que algunas modificaciones deberían partir con la reforma misma de la Constitución. La Carta Magna establece que el organismo estará integrada por tres miembros. El presidente con el título de abogado y dos vocales con el título de contador.

Díaz Martínez sugirió que podría contar con cinco miembros que se dividan en salas para contar con distintas competencias. 

Admitió que el presupuesto para el organismo es acotado (0,3% del presupuesto general de la provincia). Reconoció que necesitaría unos 20 ó 30 auditores más pero insistió con que muchas carencias se solucionarían con la informatización. 

Negó que el sistema del TC concentrara la mayoría de las decisiones en la figura del Presidente. Opinó que hay temas como la política de recursos humanos que no se puede compartir con todos los vocales porque sería un caos.