Entre los aportantes de dinero a los partidos, hay personal provincial y municipal.También aparecen donantes con DNI equivocados. La Justicia Federal ahora debe analizar las declaraciones.

Según la declaración de gastos de los principales partidos, la última campaña electoral fue "autofinanciada" por militantes, pero que en su mayoría reciben sueldos del Estado provincial o de los municipios. En la rendición de cuentas de los gastos de campaña los principales aportantes que figuran son funcionarios y empleados públicos de distinta jerarquía. Eso ocurre especialmente en los listados de aportantes del oficialismo.

Según esos informes, hay pocas empresas aportantes, aunque hay empresarios que sí figuran de manera particular. Pero en la lista de benefactores hay varias curiosidades, como personas que figuran con un DNI que no les corresponde y hasta casos en los que hay aportantes que figuran con números de documento gemelos. 

Las tres principales fuerzas políticas que compitieron en la elección del 28 de junio gastaron casi 4 millones de pesos sólo para promocionar a los candidatos a legisladores nacionales. En su rendición de cuentas no se apartaron de lo que "prometían gastar" antes de cerrados los comicios. El Frente Cívico Federal gastó 1.767.304 pesos, con un déficit de 8.884 pesos. El PJ, 1.589.783 pesos. El Partido Demócrata 598.494 pesos, pero sólo recaudó poco más de la mitad, por lo que le quedó un déficit de 269.934 pesos.

La ley electoral obliga a los partidos a rendir cuentas de sus gastos luego de pasados 90 días de la votación. Esas declaraciones ya están disponibles y, por los datos brindados, al parecer los partidos consiguieron buenos precios para su publicidad, que representa casi el 95% de los gastos totales.

En el detalle de aportantes del PJ figura una larga lista de empleados públicos, funcionarios y, por supuesto, los propios candidatos. De un muestreo realizado al azar surgieron algunos datos curiosos.Por ejemplo hay aportantes que figuran con un documento que no les corresponde. 

Así, por ejemplo, figura A. Ávila con un documento que pertenece a una mujer que es empresaria y se llama A. Martínez. En la misma lista, según la declaración de los responsables delPJ, Villegas J. y Román A. son la misma persona, pues ambos figuran con el mismo documento.También coinciden en que cada uno aportó 5 mil pesos para cubrir los gastos partidarios.

Los seguidores del gobernador Celso Jaque casi no mencionan empresas entre sus aportantes.En el ítem sobre "aportes de personas jurídicas" aparecen donaciones del propio Partido Justicialista. La única empresa que figura es Globe Metales.Se trata de una firma conocida, pues ya aportó para la campaña de Jaque en 2007. Esa empresa es la que se quedó con la antigua Ferroaleaciones Stein, una firma que tuvo serios inconvenientes ambientales en el parque petroquímico.

El año pasado Globe Metales firmó un acuerdo con la Provincia y la Nación para buscar alternativas de generación eléctrica que le permitan producir, además de anunciar que plantarían bosques para generar carbón vegetal.Este año, Jaque también autorizó la venta de terrenos del parque petroquímico a esa empresa, una operación acordada por Cobos (le cedieron 2,5 hectáreas a 2.400 pesos).

Pero Globe Metales no sólo aportó al PJ. La empresa también figura en la lista da patrocinantes del Frente Cívico Federal, principal partido de la oposición y ganador de las últimas elecciones. Aportó 17.308 pesos a cada una de las dos fuerzas mayoritarias.

El cobismo recurrió al mismo recurso que el PJ para juntar fondos, según declaran.Los propios políticos aportaron hasta 25 mil pesos cada uno para financiar su campaña. En la mayoría de los casos los montos aportados superan con holgura el salario de cada uno. Pero, según explican, la forma de recaudar fue a través de la venta simbólica de tarjetas para cenas especiales. 

Entre otras empresas que figuran como benefactoras del Frente estáel Banco Patagonia, aunque con cifras muy menores. Según la declaración esa entidad donó una vez 500 pesos y otra 2.500. También figura "Fluvialmar", una firma de transporte marítimo, y Freeway, ligada con los servicios públicos.

Ahora, la Justicia Federal tiene la responsabilidad de fiscalizar esos números para saber si son reales o, como se dice en la jerga política, "están dibujados". Para ello se contrató una auditoría de medios a nivel nacional. 

La situación es distinta con los gastos efectuados para cargos provinciales. En ese caso quien debería auditar las cuentas es el Tribunal de Cuentas, pero incluso entre los partidos hay diferencias en la interpretación de la ley y en la presentación no detallan gastos ni origen de los fondos.