Publicado: 10-01-2012

Capital Federal.- La reciente transferencia de los subterráneos a la órbita del Gobierno de la Ciudad y el inmediato aumento de la tarifa abre el debate acerca de la pertinencia de la política de transporte y la planificación del sector en su conjunto.

En primera medida, debe decirse que el traspaso anunciado por parte del Gobierno Nacional se realizó en el marco de un reajuste en la política de subsidios.

Algunos de los argumentos esgrimidos rondan en torno a que el subte circula en su totalidad al interior de la Ciudad de Buenos Aires y que ésta podría gestionar mejor dicho medio por cuanto la administración local conoce mejor su dinámica.

Ninguno de los argumentos es estrictamente cierto. Según datos del INTRUPUBA el 30% de los 300 millones de pasajeros anuales no son porteños, sino que utilizan el subte como segundo medio de transporte luego de tomar colectivo o tren desde la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, si bien es cierto que la Ciudad debe gestionar sus propios recursos, porque así lo marca su autonomía, el subte no puede planificarse por separado del resto de los medios de transporte del Área Metropolitana.

Ello es una señal a considerar y marca el tinte bajo el cual se tomó dicha decisión. El sistema metropolitano de transporte está compuesto por ferrocarriles y colectivos, en la órbita de Nación, y subte y taxis bajo potestad de Ciudad. Esto evidencia la imposibilidad de realizar una planificación del sector sin un diálogo y acción coordinada entre las jurisdicciones que se traduciría en la puesta en funcionamiento del Ente Coordinador del Transporte Metropolitano.

Por su parte, la fuerte preocupación del Gobierno Porteño, únicamente asociada a la presión fiscal que hubiesen tenido los subsidios sobre las cuentas públicas, llevó a tomar una decisión apresurada e ilegal. Apresurada por cuanto resulta necesario realizar una auditoría integral de costos, que involucre los negocios colaterales de Metrovías, tales como publicidad, comercios en estaciones, alquiler de espacios para tendido de fibra óptica y antenas de celulares, entre otros. Y, asimismo, ilegal debido a que la decisión del Ejecutivo Porteño arrebató las facultades otorgadas al Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad en lo referido a la tarifa, y a la Legislatura que debe ratificar o no el convenio de traspaso.

En lo que respecta al aumento tarifario ya se evidencian impactos distributivos. Según estimaciones del Laboratorio de Políticas Públicas el monto mensual de los viajes para un trabajador que percibe el salario mínimo de $2300 representaba, con el boleto a $1,10, el 2,63% de su salario. Mientras que, luego del aumento, dicha proporción ascendió al 6%.

En este contexto, en donde la preocupación estuvo signada más por cuestiones fiscales que por una vocación de ordenamiento y mejoramiento del sector, los usuarios de la red son los más perjudicados, tanto por el impacto económico como por los posibles problemas en la calidad de prestación del servicio.