Publicado: 30-01-2012 
  
Mendoza.- Después de 8 años de creado por ley, jamás se implementó el Ente Regulador del Transporte Público. Hoy, a 15 años de otorgadas las concesiones a las empresas encargadas de la revisación técnica de las unidades, advierten que la Legislatura nunca ratificó los contratos y que, a pesar de haber adherido a la ley de emergencia económica, la provincia no podría adelantarse a replantear las concesiones del transporte. Resultan terminantes evidencias de que Mendoza carece desde hace décadas de una verdadera estrategia o de un plan maestro que trascienda los cambios de gobierno para actualizar la estructura del transporte público en todas sus ramas.

A mediados del gobierno de Arturo Lafalla, a fines del siglo pasado, se puso sobre la mesa del debate que ya era un problema grave y se plantearon las primeras propuestas. Se postergaron por el cambio de gobierno y Roberto Iglesias entró en una densa trama de negociaciones y replanteos ante la necesidad de dar continuidad a las concesiones del transporte. En abril de 2004, a propuesta del Ejecutivo que ya encabezaba Julio Cobos, se sanciona en la Legislatura el estado de emergencia en el transporte, luego de un intenso debate público.

El Estado -autorizado por esa Emergencia- se hizo cargo incluso de comprar ómnibus y hacer otras inversiones para morigerar el evidente atraso, la gran ineficiencia y desorden del transporte. Como complemento, Cobos intentó poner en marcha la construcción y puesta en servicio de la primera de cuatro líneas del Metrotranvía, que habían sido planteadas en los ?90 por empresas privadas y cajoneado tras el cambio de gobierno en 2000.

También se anunció el inicio de un estudio de toda la estructura de transporte y de los puntos de uso y extensión de la demanda en el Gran Mendoza, con apoyo de un organismo internacional. Recién con el gobierno de Celso Jaque se inició el trajinado y lento proceso que debió haber habilitado la primera línea del Metro hace ya un año, junto con la licitación de las restantes de Luján, Las Heras y Guaymallén.

Hoy no se sabe en qué quedó el estudio de fondo que financiaba un organismo internacional; se discuten las concesiones; se admite que nunca se implementó el ente regulador; que la Legislatura nunca aprobó por ley las concesiones de la revisación técnica; el Estado discute también el método de subsidio y pago por kilómetro recorrido, amagando con aplicar el régimen de la tarjeta SUBE -inspirada en Buenos Aires- y acusa a ese método de "haber contribuido al desfinanciamiento de las arcas provinciales"; funcionarios públicos del primer nivel ejecutivo se contradicen en cuanto a la compra de unidades para sostener en pie el servicio de trolebuses y las empresas prestadoras insisten en que no les cierra la ecuación económica y que no sólo requieren el actual subsidio, sino que reclaman otro mecanismo de mayor envergadura, para el caso de que el gobierno no se anime a sincerar la tarifa en función de los costos actuales.

Es un panorama casi dramático. Sobre todo si se tiene en cuenta que la posibilidad de descongestionar la ciudad del colapso actual, depende básicamente de que el Estado pueda instrumentar un digno, eficaz y moderno sistema de transporte público de pasajeros. Como están las cosas, es una prioridad en las políticas que se dispone a ejecutar el nuevo gobierno.