Un mapa del delito sirve para focalizar geográficamente las áreas conflictivas, conocer patrones de comportamiento según zonas, formular diagnósticos y, a partir de esos datos, distribuir mejor los recursos con que cuenta una fuerza encargada de brindar seguridad.

Para realizar este tipo de mapas se necesita tanta información estadística como sea posible; de lo contrario, las conclusiones serán limitadas y no permitirán elaborar una buena planificación en materia de prevención de delitos.

Sin embargo, un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) señala que la Policía Federal Argentina elaboró un mapa del delito tomando en cuenta solamente los hechos denunciados en las comisarías, sin apoyarse en otro tipo de datos.

En su trabajo, la AGN presenta algunas estadísticas obtenidas por organismos públicos vinculados a la seguridad que, de haber sido contempladas, cambiarían variables clave del mapa de la Federal.

Por ejemplo, un “estudio de victimización” realizado en la Ciudad de Buenos Aires durante 2005 por la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Ese documento concluyó que el 72% de los delitos de aquel año no fueron denunciados ante comisarías, y añadió que un tercio de ese total decidió no acudir a las autoridades porque “la policía no hubiera hecho nada”.

En 2007, el gobierno porteño llevó adelante otra investigación dividiendo la Ciudad en 15 Comunas o Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC). El objetivo del estudio era determinar el porcentaje de victimización en relación a la población de cada zona. Así pudo saberse que el promedio de victimización para toda la Capital fue del 26% con picos de 13,3% en el área de Recoleta y de 33,7% en Villa Lugano, Soldati y Villa Riachuelo.

Si bien los informes de la Federal y de los otros organismos se hicieron a partir de delimitaciones distintas (en el primer caso, la división es por comisarías; en el segundo, por comunas), lo que imposibilita hacer una comparación homogénea, la Auditoría intentó trazar una suerte de equivalencias para su investigación: por ejemplo, explicó que “el territorio de la Comuna 8, que comprende a los barrios de Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati, es aproximadamente el que corresponde a las jurisdicciones de las Comisarías 36, 48 y 52”.

Aquí surgen las diferencias. Es que, al tomar la Federal solamente los hechos denunciados en las Comisarías 36, 48 y 52, obtiene un promedio de victimización del 5,7% para esa zona de la Capital durante 2007, lejos del 33,7% que determinó el estudio del gobierno porteño en ese mismo año.

Concluye la AGN: “Es decir, que en base a esta comparación, es imposible analizar el fenómeno criminal exclusivamente a partir de hechos delictuosos efectivamente denunciados, ya que mientras el nivel de victimización pone a la Comuna 8 al tope en el índice de Victimización en la Capital Federal, las Comisarías con jurisdicción en esa zona registran un nivel de denuncias menor al promedio general de la Ciudad”.

El informe de la Auditoría de la Nación también explicó que todas las Comisarías de la Federal confeccionan un mapa en el que se vuelcan los delitos ocurridos en su jurisdicción, clasificándolos según los distintos tipos contenidos en el Código Penal y leyes especiales. Pero, se observó que cada dependencia “utilizó su propia modalidad para la confección de las estadísticas, (por lo que) la elaboración de mapas de delitos no resulta homogénea”.
 
Eso no es todo. Por una ODI (Orden del Día Interna), fechada en mayo de 2008, la Dirección de Inteligencia Criminal debía elaborar informes analíticos de incidencia delictual incluyendo análisis cualitativo, cuantitativo y comparativo de la evolución de los delitos de robo en general, asalto a mano armada, arrebato con moto, robo-hurto de autos y de otros delitos, debiendo remitirlos a la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, Interior y Delitos Federales Complejos e Investigaciones Federales. Pero los auditores no obtuvieron conocimiento de la elaboración de estos informes. 

Además, del análisis de las Memorias de la Federal también se advierte “la falta de homogeneidad de la información remitida por las Comisarías, y solo en el 10% de los casos se ve reflejada la relación entre la Institución y la Comunidad, tema que ayudaría en la construcción del mapa del delito” (Ver “Con armas viejas y el área de salud desfinanciada: así llegó la Federal al Ministerio de Seguridad”, en esta sección).

Aclaración temporal

El organismo de control logró estos hallazgos durante una investigación que culminó en marzo de 2010, antes de que se produjera el pase de la Policía Federal desde la órbita del Ministerio de Justicia al de Seguridad –ocurrido en diciembre de aquel año-. Pero, para conocer los detalles de este trabajo hubo que esperar 20 meses, hasta finales de 2011, cuando llegó la aprobación y difusión del informe.