Publicado: 07-03-2012

“Nos dirigimos hacia una catástrofe que se puede evitar”, habían advertido al Gobierno.

Desde el año 2003 presentaron unas 300 denuncias al Gobierno y a la empresa TBA en las que alertaban sobre la falta de inversiones en el mantenimiento de los trenes. Allí denunciaban la falta de repuestos y de herramientas en el área de mantenimiento, el mal estado de los coches que datan del año 50, la falta de señalización en los pasos a nivel, entre otros temas.

Hoy, a una semana de la intervención estatal a TBA, la empresa concesionaria de la línea Sarmiento, el delegado Rubén Sobrero le llevará al fiscal Federico Delgado nuevos informes.

El dirigente de la lista bordó de la Unión Ferroviaria cree que si el Gobierno y la concesionaria no revierten la situación, una tragedia como la del miércoles 22 de febrer o “puede volver a suceder en cualquier momento”.

Una de esas denuncias fue premonitoria. El 30 de mayo de 2005 informaron sobre el defectuoso estado del material rodante del servicio eléctrico del tren que supervisaba Roque Cirigliano, primo de los dueños de TBA.

“Esta carta lleva el objetivo de exponer, que el servicio eléctrico ya está en colapso y las consecuencias pueden ser las pérdidas de vidas”, manifestaron entonces en una carta dirigida al ministro de Planificación, Julio De Vido, y al entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, entre otros funcionarios.

La tragedia de Once puso sobre el tapete el estado endeble del sistema ferroviario. “La frecuencia de los accidentes que se registran nos dan, lamentablemente, la razón. (...) Esto también es indicativo de la poca valoración que las diferentes administraciones y organismos de control dieron a estos alertas, ya que continúa la degradación del servicio sin que nadie intervenga de forma eficaz. Las magnitudes de los siniestros, que hasta hoy, en forma providencial, no dejaron un alto número de víctimas, están señalando que nos dirigimos a una catástrofe que estamos totalmente convencidos se puede evitar”, añadía la denuncia entregada hace siete años.

Ya en 2005 los delegados de la Unión Ferroviaria consideraban que TBA gozaba de impunidad: “Debería ser considerado un acto delictivo no procurar los medios para proveer de seguridad a millones de usuarios que utilizan el ferrocarril”.

En otro tramo, advierte a los organismos de control sobre los subsidios que recibe la empresa de los Cirigliano. Los delegados de la Unión Ferroviaria aludían que el servicio público “requiere un atento, preciso y sistemático mantenimiento que TBA, en nombre de una ecuación financiera deficitaria, obvia en desmedro de la seguridad y confort de los usuarios”.

A fines del año pasado, Sobrero viajó en la línea del Sarmiento junto al secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, desde Once hasta Flores. En esa reunión le comentó el estado del sistema ferroviario.