Según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), la Policía Federal Argentina operaba con elementos antiguos, no mostraba relación con la comunidad y enfrentaba casi 20 mil juicios impulsados por sus propios agentes, al momento de pasar del Ministerio de Justicia a la cartera de Seguridad, creada por Decreto de Necesidad y Urgencia en diciembre de 2010.

El organismo de control terminó sus “tareas de campo”, el análisis de la información recabada, en marzo de 2010, aunque hubo que esperar hasta fines del año pasado, unos 20 meses, para conocer los detalles de la investigación (ver aparte).

El documento revela que en la fuerza habían 21.000 efectivos, entre oficiales y suboficiales ¨que portan la pistola marca FM Licencia Browing de simple acción, con una antigüedad de 30 años de servicio¨, y añade: “Estas armas están desactualizadas por el avance tecnológico, hoy en día se utilizan pistolas de doble acción, seguro automático de percutor y mayor capacidad de carga”.

Asimismo, cuando se hizo el informe, la Federal no contaba conchalecos de protección balísticasuficientes para repartir uno a cada efectivo. Y, los que sí estaban asignados a las distintas Dependencias, “tenían una antigüedad superior a los cinco años”, es decir, por encima de lo que se considera su vida útil. La AGN puntualiza: “Se detectaron 9.273 chalecos que ingresaron en el año 2001 y que vencieron en el 2006; 2.617 vencieron en 2008, y 2.652 que (vencieron) en 2010”.

Por otra parte, la Auditoría observó que “no se evidencia la relación de la Institución con la comunidad, (ni) reuniones con vecinos, ni análisis de sus propuestas para mejorar la seguridad”. Para arribar a estas conclusiones, el organismo de control tuvo que reconstruir los informes elaborados en las propias Comisarías de la fuerza, ya que “la Memoria institucional del año 2008 no se ajustaba a la normativa vigente”. En esos reportes tampoco se hacía referencia a los recursos financieros utilizados, ni hay análisis sobre los “desvíos” registrados entre lo planificado y lo efectivamente realizado.

En la misma línea, la investigación de la AGN añadió que la fuerzano contó con una planificación estratégica para los ejercicios 2008 y 2009”, pese a la importancia “fundamental” -según los auditores-, de establecer metas anuales y determinar medios para alcanzarlas; además, tampoco se detectó un “sector específico encargado del seguimiento y control de los objetivos de la Policía ni de la elaboración de Informes de Gestión¨.

Al momento de la auditoría, trabajaban en la Federal 38.542 personas. El presupuesto de la fuerza para 2008 fue de $ 1.949.255.209 y el 79,9% de ese monto, unos $ 1.558.449.615, fue devengado en concepto degastos en personal”.  

En lo que se conoce como Superintendencia de Seguridad Metropolitana se desempeñaban, al cierre del análisis de la AGN, el 41,1% del total de la planta activa, unos 15.868 efectivos. De ese total, 11.450 cumplían funciones en las 53 Comisarías en que se subdividió la Ciudad de Buenos Aires, y el resto en otras áreas.

A pesar de la exactitud de los datos, el organismo de control no pudo encontrar documentos que justifiquen, por un lado, la división territorial de la Capital -“existen Comisarías con superficie menor a 1Km² y otras con más de 8 Km²”, dijeron los auditores-, y, por el otro, el reparto de personal en las dependencias. Algo parecido ocurre con los vehículos; en este aspecto, la Federal  explicó que la distribución de los móviles se realiza en función de la disponibilidad y de las necesidades de cada área. En números, se asignan entre 12 y 20 unidades por Comisaría.

El servicio de emergencias 911 comenzó a funcionar en 2006. Cuando la AGN realizó su informe, la Superintendencia de Seguridad Metropolitana disponía de 30 puestos de trabajo para la atención de llamadas. El problema fue que, de esas terminales, “la mitad no se encontraba operativa con personal capacitado ni con equipamiento necesario para su normal funcionamiento¨. Esto afectó en la cantidad de llamadas no atendidas, que durante todo 2008 llegaron a 1.410.076 sobre un total de 4.716.804 (29,89%).

La Policía Federal tiene una Dirección de Asuntos Jurídicos que la representa en todas las causas de las que forme parte. Al cierre de las tareas de campo de la Auditoría, cada letrado del área se encargaba, en promedio, de unos 560 juicios. El nivel de litigiosidad está relacionado con normas dictadas entre 1991 y 2003 en materia de remuneraciones y obra social.

Según el informe, hay tres decretos, de 1991, 1993 y 2003, que incorporaron suplementos con características no remunerativas ni bonificables a los sueldos de activos y retirados. Las medidas provocaron los denominados “Juicios por Blanqueo”, donde ya existen fallos de la Corte Suprema de Justicia reconociendo el pedido de los demandantes. Sobre estas causas, la AGN observó que la Federal “no informa al Poder Ejecutivo Nacional sobre la conveniencia de proseguir rechazando los reclamos administrativos relacionados con los haberes¨; es que esta situación genera diferencias entre los sueldos del personal que cuenta con sentencia favorable, en detrimento de otros agentes en igualdad de condiciones, cargo jerárquico y antigüedad, pero sin sentencia. Hasta el 30 de septiembre de 2009, los auditores contabilizaron 9.769 Juicios iniciados, que representan a 25.182 actores. Las causas en trámite sin sentencia firme ascienden 6.929. Para completar el cuadro, “la Dirección (de Asuntos Jurídicos) no lleva un registro de los juicios concluidos”.

Otro sector analizado por el organismo de control fue la Superintendencia de Bienestar que, como su nombre lo indica, pretende “propender al bienestar moral y material de los integrantes de la Institución y sus familiares, mediante la prestación de servicios sociales y asistenciales”.

Por un decreto de 1983, esta especie de obra social se financiaba con el 3% de los haberes del personal de la fuerza. La falta de recursos hizo que en 1993 se modificara este esquema -también mediante un decreto-, estableciendo cuotas extraordinarias que ascendieron al 5%. Ya para 2007, la cuota se elevó al 6%, con la chance de trepar hasta el 8% si el afiliado incluía a su grupo familiar en las prestaciones.

El tema fue que, paralelamente a este proceso, se dictaron los decretos que incorporaron suplementos no remunerativos ni bonificables a los sueldos del personal, lo que provocó un desfinanciamiento de la Superintendencia de Bienestar.

Esto también derivó en la iniciación de juicios contra la Federal. Los reclamos pretenden retrotraer la situación hasta antes de la vigencia del decreto de 1993, es decir, bajar la cuota al 3% de los haberes, y que se reintegren los montos abonados durante estos años. Al 30 de septiembre de 2009, la cantidad de juicios iniciados y en trámite por este tema ascendía a 4.952, que representan a 8.229 actores.  

La investigación de la Auditoría General de la Nación sobre el funcionamiento de la Policía Federal contiene hallazgos obtenidos entre 2008 y el primer semestre de 2009. Las tareas de campo comenzaron el 11 de agosto de 2009 y finalizaron el 31 de marzo de 2010.

Dentro de la AGN, una vez que los técnicos efectúan la labor de campo, y tras la revisión del supervisor y el Jefe del Departamento que corresponda, el informe en cuestión es remitido a nivel gerencial para su consideración. Luego, los asesores de los Auditores Generales evalúan el trabajo y, si no hay reparos, el proyecto va al organismo auditado, en este caso la Federal, para que realice su descargo (trámite que ocurrió el 31 de marzo de 2010). El documento vuelve al equipo que hizo la investigación –que efectuará las modificaciones que corresponda-, y el camino comienza de nuevo; del Jefe de Departamento al Gerente, de ahí al cuerpo de asesores de Comisión y finalmente llega a los Auditores Generales que se encargarán de la aprobación definitiva, es decir, de la Resolución del organismo y su difusión. Obviamente, cualquier pedido especial de análisis o consideración de algún aspecto de la investigación prolonga los plazos.

Tras el fin de las tareas de campo, se inició un proceso que duró 20 meses, hasta el 16 de noviembre del año pasado, para que el informe sea aprobado por el Colegio de Auditores y difundido a la ciudadanía.  

En el medio de este período, en diciembre de 2010 y por un Decreto de Necesidad y Urgencia, se creó el Ministerio de Seguridad y la fuerza pasó a funcionar, con el estado de situación descripto por el organismo de control, bajo la órbita de la entonces flamante cartera.