En Julio de 2002 nace, bajo el ala del Ministerio de Trabajo (MTEySS), el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) con el objetivo de “asistir a través de una ayuda económica” a trabajadores de empresas adheridas al plan “para paliar los efectos negativos en su relación de empleo e indirectamente para ayudar al sostenimiento del sector productivo”, que al momento se encontraba “en situación de emergencia”. Mensualmente, los beneficiarios acceden a “una suma fija de hasta $600”, que cobran a través de la red bancaria de ANSES. El subsidio “se otorga por única vez y tiene un plazo máximo de 6 meses”.

En su informe aprobado en diciembre de 2011 sobre datos de 2009 al primer trimestre de 2010, la Auditoría nacional indicó que no pudo evaluar el cumplimiento del programa por la multiplicidad de irregularidades e informalidades que registraron alrededor del REPRO.

Desde el punto de vista presupuestario, “el programa no cuenta con una asignación específica ni de fondos, ni de recursos humanos, ni tiene definidas metas u objetivos estratégicos”, de hecho, el proyecto “se  encontraba incluido en el presupuesto de 2009 dentro de una partida denominada ‘ayudas sociales a personas’”.

A lo largo de las tareas de campo, que se extendieron de junio a noviembre de 2010, los auditores “no encontraron Actos Administrativos que aprueben y otorguen beneficios a partir del 2009”. Sin embargo hallaron Actos de pago, que se emiten luego del desembolso de beneficios, “que no hacían mención alguna a la aprobación del subsidio”. Es decir, que aparentemente se abonaron contribuciones sin que hubiera constancia previa de aprobación del beneficio.

El informe del organismo de control aseguró que "no se cumple con el requisito de suscripción de los respectivos convenios de ashesión". Tampoco se pudo constatar la existencia de los informes técnicos que debe presentar la Dirección Nacional de Relaciones Federales (DNRF), que reflejan la opinión del área encargada de controlar los requisitos a cumplir por las empresas. A ello se le suma que habían legajos sin el informe Socio-Económico Laboral que deben presentar las empresas y los expedientes con documentos estaban “sin firmar ni fechar y agregados sin foliar”.

Además, la AGN “no pudo verificar la existencia de estudios sobre la situación económica laboral a nivel nacional y regional que brinden datos cuantitativos sobre las empresas susceptibles de ser potenciales beneficiarias, a fin de respaldar el presupuesto”.

El informe detalla que “para el ejercicio 2009 el total de beneficios programados era de 643.400 y lo ejecutado realmente fue de 886.470”. Según informó el auditado, “la causa del incremento se explica por factores externos (trabajadores afectados por la crisis internacional)”.