La puja aún vigente entre defensores y detractores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, eclipsa algunas cuestiones que se dieron antes de la sanción de la norma, en octubre de 2009, como por ejemplo la labor del Estado en materia de control a las empresas que hasta entonces emitían y distribuían señales de televisión por cable.
 
A fines del año pasado, la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe en el que analizó el desempeño de los dos organismos que aplicaban la reglamentación heredada de la última dictadura militar, el viejo Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), que controlaba aspectos culturales, legales, comerciales y administrativos de las señales, y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), encargada de chequear técnicamente la prestación de los servicios.
 
Entre las observaciones más importantes, la investigación de la AGN concluye que “no resulta posible determinar el grado de cumplimiento de las metas presupuestarias respecto de las inspecciones al servicio de TV por cable”.
 
¿Qué significa esto? Hasta octubre de 2009, ambos organismos debían explicar a la Secretaría de Hacienda de la Nación cómo ejecutaban sus presupuestos para controlar a las licenciatarias. Ocurre que esos formularios no contenían información desagregada en el ítem “inspecciones”. Además, tampoco se pudo obtener documentación que respalde los controles hechos, según el COMFER, entre 2007 y 2008. En pocas palabras, a partir de los datos obtenidos, es imposible saber si las empresas de cable fueron controladas o no antes de la nueva Ley de Medios.
 
La AGN añade que los planes anuales de inspección del Comité carecían de parámetros cuantificables que permitan vincularlos con sus metas presupuestarias. Por ejemplo, para 2007 el organismo preveía hacer controles mensuales “sin identificar a las emisoras o (a) los titulares de cable, ni el tipo de revisión”. Ya para 2008 y 2009 hubo cambios: los planes ni siquiera fueron aprobados por “actos administrativos que les den la formalidad necesaria”.
 
Por otra parte, tras analizar 109 actas hechas por los inspectores del COMFER, la Auditoría identificó “debilidades” en el control del servicio. Es que, de ese total, había unas 40 originadas a partir de oficios judiciales, de las que “19 no se ejecutaron dentro del año en que fueron dispuestas, demorándose un promedio de 18,47 meses”, algo que, para los auditores, “afectó el carácter de oportunidad de la gestión del organismo”. Sobre los 69 documentos restantes, “el Comité se centró en verificar el ordenamiento de la grilla de canales, modificada a partir de mayo de 2008”. Sin embargo, a pesar de esta preocupación, el informe dice que “no se observó un control eficaz sobre el grado de implementación por parte de los licenciatarios de aspectos relativos a una mejor calidad de los servicios por la incorporación de tecnología digital”.
 
Asimismo, la AGN dio detalles sobre un “control precario” en cuanto a la documentación societaria de las empresas. Dice el informe: “Se observa que lo que verbalmente informa el titular (de la licencia) no siempre es convalidado por el inspector actuante y, en caso de requerirse documentación, el plazo a otorgarse corre por cuenta del inspector”, y completa que “esto es consecuencia de la falta de reglamentación de los procedimientos”, trámite que se esperaba desde el año 2000. Hay más: el informe sostiene que aunque se detectaron demoras en la tramitación de expedientes, y hubo incumplimientos efectivamente verificados, no se aplicaron sanciones a las compañías.
 
La Comisión no tiene quién le exija
 
El informe de la AGN agrega que “en el período auditado (2007-marzo de 2009), la Comisión Nacional de Comunicaciones no realizó inspecciones técnicas del servicio de TV por cable”, y explica que esta dependencia, que actualmente funciona bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal, “adoptó el criterio de (hacer) controles sólo a requerimiento del COMFER”, lo cual, más allá de que no coincidir con la reglamentación vigente, nunca ocurrió mientras duró la investigación.
 
Diferencias sutiles
 
Según la Auditoría, pese a que los organismos en cuestión, el COMFER y la CNC, controlaban el servicio de cable en forma conjunta, no operaban con la misma base de datos. Es más, se manejaban con información bien distinta: al momento de la investigación, el Comité contabilizaba un total de 1.531 licenciatarios, pero la Comisión tenía registrados “66 licencias vigentes, cinco caducas y una quiebra”.