Publicado: 26-03-2012

La abogada María del Carmen Verdú, que asiste al menos a dos querellantes en la causa por el accidente ferroviario de hace poco más de un mes en Once, acusó al juez federal Claudio Bonadio de "tomar partido" por los funcionarios y empresarios a los que ella imputó por homicidio.

"Que el juzgado no haya ordenado ya las indagatorias de los empresarios y funcionarios está señalando una toma de partido que va en contra de lo que nosotros estamos planteando", expresó ayer Verdú a Radio América.

La abogada sostuvo además que ve con "muchísima preocupación que no se haya hecho desde la investigación judicial una representación de los funcionarios". Esto es, de acuerdo con la abogada, que la óptica del juez no incluiría las eventuales responsabilidades penales de los funcionarios nacionales y directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) a los que ella acusó.

Bonadio prohibió salir del país sin su permiso a unas tres decenas de funcionarios y directivos de TBA y su controlante, Cometrans, pero al único imputado que indagó por ahora fue al maquinista de la formación que chocó el 22 de febrero en Once. Allí murieron 51 personas. El juez caratuló el caso como un "estrago doloso". Entre los funcionarios con prohibición de salida se encuentran el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y el subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna.

La familia del maquinista de la formación, Marcos Córdoba, teme que éste se convierta en el "chivo expiatorio" del accidente y que las responsabilidades de los funcionarios estatales y directivos de la empresa se diluyan en el tiempo.

Al presentar sus dos querellas -esta semana hará otras en nombre de otras víctimas- la abogada Verdú pidió investigar el caso bajo la figura de homicidio e imputó por ello al ministro de Planificación, Julio De Vido, Schiavi, Luna y otros funcionarios y a los directivos de TBA.

"No decimos que hubo una decisión deliberada de matar a personas sino que la decisión deliberada, y teniendo los medios a disposición de hacer otra cosa, fue no cumplir con la obligación para ambas partes, funcionarios y empresarios", sostuvo Verdú.

"Esta decisión fue deliberada, basada en ánimo de lucro. Hay intencionalidad para que se produjera un resultado que todos sabíamos que era posible en algún momento", agregó la abogada.

De acuerdo con ella, la posibilidad de un choque en los trenes de la ex línea Sarmiento era "altamente probable a partir de accidentes anteriores con víctimas y advertencias formuladas por los propios trabajadores y delegados de la línea Sarmiento y de organismos oficiales", en referencia a la Auditoría General de la Nación.