Adivinanza: Financia mucho y controla poco ¿de quién se trata?
En este caso no se trata de la Secretaría de Transporte, aunque bien podría serlo. Se trata de la Administración de Programas Especiales (APE). La Auditoría nacional detectó errores de carga en la base de datos, troqueles de dudosa legitimidad, cobertura para tratamientos a personas muertas y faltan rendiciones de cuentas por $689 millones.
El organismo, que desde el lunes pasado está bajo la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud (antes era un ente descentralizado), “tiene como objetivo principal la administración de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución”. Las Obras Sociales le solicitan a la APE “apoyo financiero para compensar los gastos de tratamientos de alto impacto económico, siempre que se encuentren dentro de las prestaciones médico-asistenciales bajo cobertura”.
Para aproximarnos a la magnitud de dinero que maneja el organismo, la AGN señaló, en su informe aprobado hoy, que entre 2005 y 2010 “la Administración pagó una suma de $3.649.374.850” a Obras Sociales.
¿Cómo otorga APE el dinero a las Obras Sociales?
Para obtener el financiamiento, las Obras Sociales presentan ante la APE documentación que da cuenta de la efectiva prestación de los servicios de salud. Esos expedientes que ingresan a la Administración por Mesa de Entrada, y son “entre 350 y 400 por día”. Al respecto la AGN señaló que “la dotación de personal es insuficiente para el cúmulo de trabajo existente”.
El apoyo financiero es brindado a través de subsidios, reintegros o vías de excepción: En el primer caso, se otorgaba el dinero antes de que el ente de salud preste el servicio médico (esta modalidad finalizó a principios de 2008, salvo cuando haya riesgo de muerte); en el segundo, con posterioridad a la ejecución de la práctica y del pago al prestador. Las vías de excepción, tal como su nombre lo indica, son solicitudes de las Obras Sociales que están fuera del marco normativo de patologías cubiertas, “y solo pueden ser aprobadas por la máxima autoridad del organismo”.
¿Control? de expedientes
El organismo de control indicó que el orden de llegada de la documentación que remite Mesa de Entrada “no siempre es cronológico”. Y agregó que “como la derivación del legajo al técnico analista- que es quien evalúa el pedido de financiamiento- es “manual”, es factible una “discrecionalidad en su tratamiento”.
Además, encontraron “una enorme cantidad de expedientes en trámite, es decir, que se encontraban a la espera de ser analizados, producto de la gran cantidad de legajos que ingresan por día y la escasa cantidad de analistas para su revisión”. A ello se le suma “el escaso espacio físico que provoca inconvenientes con el acopio y administración física de la documentación demorada”.
Los trabajos de auditoría, que se centraron en evaluar el período 2005/2010, resaltaron que en la APE “no se verifica la veracidad de los datos del Auditor Médico de la Obra Social, ni si los prestadores se encuentran inscriptos en el Registro correspondiente”, ya que solo “se controla que ambos requisitos estén adjuntos a la documentación como exige la normativa”. Para expresarlo de manera más clara, “al rededor el 44% de los médicos de los agentes de salud no estaban registrados en la Superintendencia”, mientras que “casi un tercio de los prestadores tenían su habilitación vencida”.
Durante el análisis de los legajos presentados para reintegros financieros, el organismo de control encontró “troqueles de dudosa legitimidad”. De una muestra de 45 expedientes hubo 12 casos en los que los laboratorios “no pudieron certificarlos como legítimos por diferencias en la tipografía, la impresión o el cartón utilizado”. Sin embargo, se señala que “al no existir contramuestras” sólo en cuatro casos “se pudo certificar la ilegitimidad”.
En algunos legajos, la AGN “dudó respecto de la autenticidad de la documentación” para los reintegros de prestaciones por observar “similitud de firmas, tipologías de diversas recetas, prescripciones y recibos”.
De 346 casos de beneficiarios con discapacidad, a cuya documentación la Auditoría tuvo acceso, más del 70% “no tenía emitido el correspondiente certificado”.
Por otra parte, verificó que tampoco había constancia de que en cada expediente “figure la conformación del beneficiario por la medicación o prestación” brindada por la Obra Social, ni que se adjunten “hasta tres presupuestos de proveedores o prestadores a fin de que la APE disponga de los elementos necesarios para definir el valor máximo de apoyo financiero a otorgar”. Cabe señalar, que “la Unidad de Auditoría Interna nunca fue habilitada ni ocupada”.
Un dato por demás llamativo fue el resultado del cruce de información entre los datos del sistema PAMPA del APE (donde se registra toda la información del ente) con el padrón de fallecidos del Registro Nacional de las Personas: “hubo 117 beneficiarios que habían muerto con anterioridad al período de cobertura del tratamiento o la fecha de prescripción”.
Rendición de cuentas
La Auditoría nacional subrayó que antes de brindar apoyo financiero, la Administración de Programas Especiales “no verificó si la Obra Social adeuda rendiciones de subsidios”. Al respecto, la AGN evaluó “las rendiciones pendientes –de subsidios- o recuperos por prestaciones no efectuadas” y, según los registros del Ente, entre 1999 y 2010 “el saldo pendiente era de 689.027.542,72 pesos”, monto que representa “el 57% de los subsidios pagados”. A esta situación se suma que tampoco detectaron “antecedentes de aplicación de sanciones a los Agentes de Salud”.
