Publicado: 07-03-2012
  
Buenos Aires.- Una auditoría de la AGN dio cuenta de que agentes usan pistolas con más de 30 años de antigüedad y que gran cantidad de chalecos antibalas caducaron en 2006. El Gobierno no da respuestas.

Los recursos que destina el Gobierno nacional para brindar seguridad se destinan, en su gran mayoria, a los cuerpos de élite y a las fuerzas de choque y antimotines. Es decir, existe una clara estrategia de prepararse ante lo que puede ser un rebrote de la protesta social, causada por el ajuste que viene implementando con los subsidios, sumado a las movilizaciones ciudadanas generadas por los efectos de la megaminería en el interior del país.

Pero, de forma paralela, los agentes de la Federal que tienen la función de prevención y disuasión (entre ellos los que trabajan en La Plata, custodiando depedencias), están siendo librados a su propia suerte, lo que no hace más que contradecir lo que siempre pregona, en público, la ministra de Seguridad, Nilda Garré. Una clara muestra de ello es el informe de la Auditoría General de la Nación, el mismo organismo que viene advirtiendo desde hace años el deplorable estado de los trenes, que dio cuenta de que las pistolas de los agentes de la Federal tienen un promedio de 30 años y están desactualizadas. A ellos se les suman chalecos antibalas vencidos y escasa provisión de balas y otros materiales de reposición. Esos son algunos de los inconvenientes que tienen que afrontar los efectivos de la PFA.

Los resultados del informe se dieron a conocer en los últimos días, y hasta el momento no hubo ninguna información oficial respecto a cómo el Gobierno piensa reequipar a la fuerza.
 
Este informe data de fines de 2010, el momento cuando Garré dejó la cartera de Justicia para pasar a la de Seguridad, que había sido recientemente creada. Sin embargo, la auditoría -controlada políticamente por los K- sospechosamente tardó veinte meses para aprobar y difundir la investigación. Y lo que resulta aún peor es que la situación no ha cambiado demasiado en los últimos dos años.

El informe de la AGN revela que en la fuerza había 21 mil efectivos, entre oficiales y suboficiales, "que portan la pistola marca FM licencia Browning de simple acción, con una antigüedad de treinta años de servicio", y añade: "Estas armas están desactualizadas por el avance tecnológico, hoy en día se utilizan pistolas de doble acción, seguro automático de percutor y mayor capacidad de carga".

Asimismo, cuando se hizo el informe, la Federal no contaba con "chalecos de protección balística" suficientes para repartir uno a cada efectivo. Y los que sí estaban asignados "tenían una antigüedad superior a los cinco años", es decir, por encima de lo que se considera su vida útil. La AGN puntualiza: "Se detectaron 9.273 chalecos que ingresaron en el año 2001 y que vencieron en 2006; 2.617 vencieron en 2008, y 2.652 que (vencieron) en 2010".


Extrañas prioridades

Consultado por Hoy, el titular de la asociación civil Fiscales sin Fronteras, Eduardo Guarna, aclaró que "la provisión de la Policía Federal es muy pobre y muchas veces tiene que ser a costa del propio agente; si dispara una bala, la tiene que reponer de su bolsillo, y lo mismo pasa con los uniformes". El abogado detalló que "los policías comunes siguen manteniéndose con la misma estructura: las esposas, el arma reglamentaria, dos cargadores extras, el bastón (tonfa), además de un chaleco antibalas, el chaleco amarillo, el uniforme y los zapatos que no son borceguíes".

Sin embargo, el exfuncionario del Ministerio del Interior en el primer gobierno kirchnerista advirtió que "se invierte más en los cuerpos de élite y en las fuerzas de choque, en la indumentaria como pecheras, rodilleras, cascos antidisturbios, además de escudos y gases lacrimógenos".


El personal es casi el 80% del gasto

La planta permanente de la Policía Federal Argentina (PFA) es de algo más de 38.000 integrantes, pero parte de ese total corresponde a personal administrativo y médico, que no porta armas ni usa chalecos. En 2008, según consta en el informe de la AGN, el presupuesto de la fuerza era de $ 1.949.255.209, y el 79,9%, unos $ 1.558.449.615, fue usado para cubrir gastos de personal. Durante el período auditado, la PFA estaba al mando del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, a cargo de Aníbal Fernández. Desde que pasó a la órbita del Ministerio de Seguridad que conduce Nilda Garré se invirtió en nuevos patrulleros, motos y cuatriciclos, pero no cambió demasiado la situación de las armas y los chalecos, ni los uniformes de los efectivos de calle.


PFA: sin relación con la comunidad

Además del uso de material en mal estado, el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la Policía Federal Argentina (PFA) observó que "no se evidencia la relación de la institución con la comunidad, (ni) reuniones con vecinos, ni análisis de sus propuestas para mejorar la seguridad".
 
Para arribar a estas conclusiones, el organismo de control tuvo que reconstruir los informes elaborados en las propias comisarías de la fuerza, ya que no había una memoria ajustada a las normas vigentes, ni tampoco se hacía referencia a los recursos financieros utilizados, ni sus desvíos.

Además, la fuerza enfrenta veinte mil juicios de sus propios agentes. El nivel de litigiosidad está relacionado con normas dictadas entre 1991 y 2003 en materia de remuneraciones y obra social. Hasta el 30 de septiembre de 2009, los auditores contabilizaron 9.769 juicios iniciados, que representan a 25.182 actores.