Publicado: 08-02-2011


Chubut.- La denuncia sobre el supuesto reparto discrecional de subsidios no reintegrables para la construcción de viviendas, entre familiares y amigos del poder, podría comprometer a altos funcionarios provinciales, según trascendió en medios tribunalicios.

De acuerdo con información confiable, la causa que es investigada por el fiscal de Trelew, Arnaldo Maza, ya tendría designados peritos para analizar la distribución de los subsidios que formaban parte del Programa de Fortalecimiento del Sector de la Construcción para la ampliación o refacción de las viviendas.


En un comienzo el Programa fue valorado por todos los sectores, incluso por la oposición parlamentaria. "Consideramos importante la iniciativa porque el programa estaba destinado a las personas de menos recursos", dijeron voceros del radicalismo, aclarando que a medida que se implementó aparecieron irregularidades, "y por ello decidimos hacer una denuncia en la Oficina Anticorrupción".

El conflicto se registró en septiembre del año pasado cuando se accedió al listado de beneficiados en los que figuran funcionarios del Ejecutivo, directores del Instituto Provincial de la Vivienda y una importante cantidad de empleados de esa entidad como del Ministerio de Educación.

Pero como la Oficina Anticorrupción que conduce Marcos Sánchez no dio ninguna respuesta, el bloque de la UCR decidió efectuar una denuncia penal ante el Procurador General; Jorge Miquelarena.

El Procurador al tener la documentación y observar que desde la Oficina Anticorrupción no se generó ningún avance decide pasar esa responsabilidad al fiscal Arnaldo Maza que está investigando el caso que se suma al pedido de renuncia que efectuó la diputada Marta Raso hacia los funcionarios que accedieron a esos subsidios, cuyo cupo total ascendió a 13 millones de pesos.

Raso lamentó que la transparencia del gobierno no se condice frente a lo que hicieron los funcionarios y empleados jerárquicos ya que para la diputada "deberían haber renunciado, pero algunos fueron beneficiados con cargos más importantes y no sólo la devolución del subsidio sería lo más adecuado sino que esos funcionarios si tienen un poco de vergüenza se tienen que ir del gobierno por recibir indebidamente dinero que no les pertenece", dijo la legisladora.

La diputada confía en la investigación del fiscal "porque en algo se ha movido" y espera que en las próximas semanas haya alguna resolución "la justicia está encaminando el hecho delictivo y el fiscal deberá determinar si hubo o no delito por parte del presidente del IPV, Gustavo García Moreno y de aquellos que tienen la responsabilidad de acompañar esa firma".

La legisladora dijo a El Diario que el tema lo está investigando la justicia "ante el adormecimiento y parálisis que sufre la Oficina Anticorrupción ya que había cajoneado el expediente decidimos dar un paso más hacia la justicia porque lamentablemente llevar un hecho a Marcos Sánchez es como que no pasa nada".

Recordemos que en el mes de septiembre del año pasado, la legislatura aprobó una Resolución por la cual solicitó al Poder Ejecutivo información respecto a la ejecución de dicho programa y en ese marco la nómina de beneficiarios de los subsidios. A partir de esa documentación, emitida por el IPV y entregada por el Ministerio Coordinador de Gabinete, se observó que entre los beneficiarios se encontraban funcionarios, que según la ley, se encuentran imposibilitados para recibir subsidios del Estado.

En la sesión del 18 de marzo de este año, la Legislatura aprobó con el voto del oficialismo prorrogar por seis meses más la Ley 394 de Fortalecimiento del Sector de la Construcción y que fuera aprobado por la Cámara el 19 de marzo del año pasado.

Para el diputado justicialista, Oscar García persisten las razones por las cuales es necesario prorrogar la ley para incentivar los puestos de trabajo del sector de la construcción.

Recordemos que en el debate del año pasado la diputada justicialista Rosa Muñoz, le dijo a Raso que han perdido la memoria "ustedes no se acuerdan lo que hicieron cuando gobernaron, le daban casas a sus amigos y a los hijos de los amigos. Si no, miremos quiénes viven en las casas que construyó el IPV sobre la avenida Yrigoyen, en Trelew.
Son todos los que formaban parte del gobierno radical".

Marta Raso no duda que la decisión del presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Gustavo García Moreno, posibilitó "un verdadero festival de subsidios que habilitan un uso desviado de fondos públicos, perjudicando al erario provincial y beneficiando indebidamente a personas que en modo alguno carecían de recursos como para resultar beneficiarios de este tipo de aportes, o bien se encontraban impedidos de recibirlos por su pertenencia como funcionarios públicos al staff gobernante".

Según la presentación se había creado "un sistema de beneficios individuales no reintegrables, que lisa y llanamente importaron transferir de modo discrecional y sin fiscalización alguna ingentes recursos públicos a particulares".

Por eso, la denuncia que presentaron los radicales y que lleva la firma de la legisladora considera que "existe una clara violación a las normas administrativas y penales sobre el programa".