La directora Ejecutiva de la Unidad de Gestión Local (UGL) del PAMI en el Chaco, Cristina Aboitiz, fue acusada por la muerte de Petronio Barboza, de 74 años, a quien el organismo, "por falta de cumplimiento de un convenio con los afiliados", no le proveyó medicamentos vitales, incluso desoyendo una medida cautelar de la Justicia.

Irónicamente, dos días después de su fallecimiento apareció una parte de las medicinas. No es el único caso de "abandono de persona" que le imputan afiliados, familiares de éstos y hasta legisladores. También hay cargos por pérdida de documentación para reintegros y hasta por malversación de fondos, sustanciados en el fuero Federal. Según la documentación a la que pudo tener acceso elDIARIO de la Región, sobre la ex funcionaria municipal pesan tres denuncias administrativas y 13 penales. Las primeras responden a irregularidades producidas en su gestión a cargo de la Unidad de Gestión Local XIII (UGL) -formuladas una de ellas por los diputados nacionales, Antonio Morante y Viviana Damilano- como también por grandes perjuicios ocasionados al patrimonio del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP). En contacto con este medio, Morante explicó que solicitaron a la Auditoría General de la Nación que se investigue sobre antecedentes que le llegaron respecto de supuestas irregularidades en la gestión de Aboitiz. La solicitud se realizó con fecha del 27 de noviembre de 2009, por lo tanto, "el informe de la Auditoría supongo que se dará a conocer a fin de año recién", estimó. 

Una muerte anunciada

La falta de cumplimiento de un nuevo convenio del PAMI con prestadores médicos se produjo un gran conflicto entre las partes y las consecuencias las padecieron los afiliados. La situación se volvió más tensa en las últimas semanas con la muerte de un afiliado. 

Se trata de Petronio Barboza, de 74 años, afiliado a la obra social quien padecía cáncer y para su tratamiento le habían recetado medicamentos que no llegaron a tiempo. El anciano murió el 1 de marzo, cuando el 8 de junio de 2009 su hija Karina Barboza acudió a la Justicia, la cual solicitó una medida cautelar a fin de que se ordene a PAMI que se haga efectiva la provisión de remedios para realizarle la quimioterapia. 

Además, el último 24 de febrero, a través del Juzgado Federal, se solicitó de manera urgente que se informe los motivos por los cuales no se dio cumplimiento a la medida dispuesta por el magistrado, puesto que aún no recibía la medicación. Lamentablemente, recién dos días después de la muerte del anciano, PAMI le entregó una parte de las drogas necesarias para el tratamiento. 

Por otra parte, hay denuncias penales de los entonces diputados provinciales, Alicia Terada, María Barrios, José Bergia y María Lisárraga, ante el Fiscal Federal por la muerte de afiliados del INSSJP, entre ellos, Florencio Martínez, Clotilde Fernández, Cirilo Mindolacio e Ignacio Díaz. Los ancianos eran residentes de la zona de Villa Ángela, que encontraron la muerte "por falta o por inadecuada asistencia del PAMI", según rezan los documentos. 

Imputaciones

Para dar cuenta de la grave situación en la que se encuentra involucrada la titular de la obra social en la provincia, sólo basta señalar algunas de las imputaciones que se le hacen. "Por administración fraudulenta, violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad por actos ejecutados por que implican un perjuicio al patrimonio de PAMI en la suma de 519.726.24 pesos". Además, por "incumplimiento de medida cautelar por falta de provisión de medicamentos, situación que trajo aparejada el fallecimiento del afiliado" en alusión a la muerte de Barboza. 

Como también está denunciada por "incumplimiento de deberes de funcionario público por habilitación al geriátrico Pierrete, ubicado a 120 metros de piletas de oxidación, incumpliendo con lo normado por el artículo 1 de la Ordenanza Nº 1978/1991 y por inacción en salvaguardar la salud y la integridad física de afiliados que se encuentran internados". Existen denuncias que involucran al PAMI por "mala praxis en prestación médicas asistenciales recepcionada por la afiliada de prestadores contratados por la contadora Aboitiz y ausencia de controlador de auditores" y "por pérdida de antecedentes necesarios para trámite de reintegro de gastos por atención de carácter privado por falta de prestadores e inexistencia de cobertura de PAMI". 

Se puede nombrar una "denuncia por abandono de persona por falta de asistencia a afiliado que se encontraba residiendo en el Instituto Geriátrico Modelo Virgen de Luján SRL y que requería internación por parte de la red de prestadores de Red PACHACO contratados por Aboitiz". Y se repiten las denuncias por incumplimiento de medida cautelar por parte de la titular del PAMI, falta de provisión de medicamentos, y que en una oportunidad trajo aparejada el fallecimiento del afiliado. Por otra parte, Fernando Sánchez y Elisa Carrió, en ese momento diputados por la Coalición Cívica, presentaron una denuncia penal contra el director Ejecutivo nacional de PAMI, Luciano Di Cesare, y otros funcionarios, por incumplimiento de sus deberes y abandono de persona. "Por escaso número de prestadores en nivel ambulatorio y sólo 3 sanatorios en la ciudad de Resistencia e inexistencia de médicos y entidades sanatoriales, por parte de prestadores contratados: Nuestra Mutual y Red de Prestadores del Chaco (Red PACHACO), a quien sin embargo, Aboitiz le había concedido la totalidad de las cápitas para la atención de los afiliados". Y también denunciaron la incompatibilidad del doctor Luís Bordón Insaurralde, quien en ese momento, se desempeñaba como jefe del Departamento de Prestaciones Médico de la UGL XIII – Chaco. Quien además, figuraba como socio en el Estatuto de Red PACHACO y médico auditor de Nuestra Mutual y socio del Colegio Médico Gremial del Chaco (todos prestadores incorporados con la gestión de Aboitiz).