Adelanto exclusivo de Clarín

Encontraron todo tipo de irregularidades. La investigación será remitida la semana que viene al Congreso.
El ex rector de la Universidad Nacional de Jujuy es un visionario. Entre 2008 y 2014, mucho antes que se aprobara la reforma a la ley del impuesto a las Ganancias, él mismo se tomó las atribuciones de los legisladores y estableció un nuevo mínimo no imponible para docentes, no docentes e investigadores de esa casa de estudios. Los trabajadores, en principio, salieron beneficiados. Pero como la universidad no retuvo gran parte del impuesto, terminó generando una deuda de más de $ 10 millones con la AFIP, que ahora todos deben pagar.

Esta es apenas una de la innumerable lista de irregularidades que encontró la Auditoría General de la Nación en la Universidad de Jujuy durante la era K. El lapidario informe, al que tuvo acceso exclusivo Clarín, será remitido la semana que viene al Congreso y la Jefatura de Gabinete.

La Auditoría revisó las áreas de Presupuesto y de Compras y Contrataciones de esa universidad en el período 2013 y primer semestre de 2014, cuando el rector era el peronista Enrique Arnau, ligado al kirchnerismo. Ahora el rector es otro peronista, Rodolfo Tecchi, que tiene una alianza más amplia con sectores de Massa y el radicalismo. Y es el que impulsó la investigación de la AGN, “a raíz de que encontramos cuestiones que nos hacían pensar que era lo mejor”, según le dijo a Clarín.
El informe fue presentado el miércoles por el auditor radical Alejandro Nieva en el Colegio de Auditores y recibió la aprobación por unanimidad del resto del auditores. Es la primera vez que la AGN hace una auditoría de la Universidad Nacional de Jujuy en sus 42 años de existencia. Las principales irregularidades que encontraron están concentrados en el manejo contable, el movimiento de fondos y el uso de cuentas bancarias, cheques y cajas de seguridad.

Consultado por Clarín, Enrique Arnau se defiende: afirma que entregaron toda la información, “de acuerdo a las normas”, en varios CD. Y atribuye el contenido del informe de la Auditoría a que “son distintos puntos de vista, parcializados”, sobre los datos. También afirma que hicieron su propia auditoría al dejar la gestión que “dio todo bien”, aunque no pudo encontrarla para esta nota.

Una de las situaciones que genera más sospecha es el “Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo” (capacitación en oficios), que recibía fondos directamente del Ministerio de Trabajo de la Nación y que era coordinado por Cristian Arnau, hijo del rector y dirigente de La Cámpora. Por esta tarea, Cristian recibió $ 1,2 millones en 2013. El programa tuvo “deficiencias significativas de control e incumplimiento de la normativa en adquisiciones de bienes y servicios y contratación del personal”, de acuerdo al informe.
La AGN también detectó que, para este programa y solo entre el 20 y 30 de diciembre de 2013, se le pagó a la Universidad anticipos por $ 400.000 que fueron divididos en cuatro cheques de $ 50.000 cada uno. Este era el monto máximo que podía sacarse en efectivo. “Lo más extraño es que nosotros quisimos continuar con el programa. Pero ni bien asumimos, la subsecretaría de Trabajo dijo que dejaban de trabajar con la Universidad de Jujuy”, dice Tecchi.

Los auditores también encontraron irregularidades “de relevancia” en las contrataciones para obra pública: informan que en un solo caso hubo “procedimiento de la licitación” e hicieron énfasis en el cobro de anticipos de entre el 50% al 100% para obras que en muchos casos no se individualizan. Arnau lo niega: dice que hubo licitaciones y que trabajaron con las normas ISO 9001, que fueron certificadas en tres ocasiones.

El informe también alude al desmanejo de las cuentas bancarias: encontraron, en pleno cepo cambiario, diversas operaciones de compra y venta de dólares, una de ellas por casi $ 4 millones , en la que no se precisa el destino de ese dinero.

En el descargo, las nuevas autoridades afirman que que están adoptando medidas correctivas y que han instruido las investigaciones sumarias correspondientes.


Sospechas por el manejo de fondos

Un manto de sospecha cae sobre todas las universidades nacionales, por el manejo de los fondos que recibieron desde las diversas dependencias del Estado durante la era K. Los ex rectores de las universidades de Tucumán y de Formosa están procesados. Y este último embargado por 100 millones de pesos. En diversas causas, la Justicia sospecha que el Ministerio de Planificación las usó para contrataciones que eludan los controles legales y contables establecidos por el Estado. Frente a la dificultad de investigar todo lo ocurrido, el fiscal Marijuán denunció recientemente a 52 universidades.