Publicado: 07-11-2011
  
Buenos Aires.- Luego del recorte anunciado la semana pasada, ahora el Gobierno nacional prepara un recorte de al menos 20 mil millones de pesos. El escandaloso caso de los subsidios al tren Belgrano Cargas.

Con los miles de millones que el Gobierno nacional gastó en subsidios, que en su mayoría tuvieron como destino las arcas de empresas privatizadas, se creó una suerte de monstruo de diez cabezas que podría haber formado parte de alguna tragedia griega.

El monstruo se le está yendo de la manos al kirchnerismo y, por eso, ante el creciente deterioro de las cuentas fiscales y la crisis financiera internacional, ahora buscan domarlo mediante una cirugía mayor, sin anestesia. Concretamente, en 2012 se intentaría recortar al menos $ 20.000 millones, sobre un total de $ 75.000 millones contemplada para esas transferencias en el proyecto oficial de presupuesto del año próximo.

Pero el remedio puede ser peor que la enfermedad ya que semejante recorte, indefectiblemente, repercutirá en el precio de las tarifas de servicios públicos que pagan la clase media y los sectores populares, que forman parte del caudal electoral que le permitieron a Cristina Kirchner ser reelecta por el 54% de los votos.

Además, lo que no menciona el Gobierno nacional es que una parte no menor de los millonarios subsidios, en los últimos ocho años, estuvieron destinados a empresas amigas del poder. Un claro ejemplo son las concesiones ferroviarias, que siguen en manos privadas y prestan un servicio que deja mucho que desear, al igual que lo que sucedía en los años ‘90.

Esta complicidad política es la que permite que una empresa como el ferrocarril Belgrano Cargas haya registrado en los últimos años al menos 200 descarrilamientos y que ni siquiera se le haya aplicado una multa a los concesionarios del servicio. Así lo reveló un informe de la Auditoría General de la Nación, que fue revelado en los últimos días por el portal auditor.info.

El contrato de operación firmado entre el Estado nacional y la Sociedad Operadora de Emergencia SA (Soesa), que maneja el servicio del Belgrano Cargas, no dispuso un régimen de penalidades, por lo tanto, desde su creación en 2007, la empresa no fue multada por las faltas cometidas durante el servicio y no lo será hasta que no se establezca el sistema de sanciones.

"Frente a esta situación, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) constató irregularidades, como por ejemplo las de 2007: trenes con locomotoras que aún no tenían terminales del sistema satelital, siendo autorizadas a circular sin respetar los protocolos de seguridad previstos en el Reglamento Técnico Operativo y trenes circulando sin la debida autorización del uso de vía", dice el informe.

"Estos y otros incumplimientos ocasionaron accidentes, entre los cuales se destacan los producidos en 2007: 13 descarrilamientos ocurridos por exceso de velocidad, 26 descarrilamientos ocurridos por frenadas bruscas y otras falencias producidas por negligencias y descuidos del personal de conducción en el desempeño de sus tareas", agrega la auditoría.

Ante una consulta de Hoy, el ingeniero ferroviario Elido Veschi, integrante de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos, reveló que existe un entramado oscuro de negocios detrás del Belgrano Cargas: "Es controlado por una sociedad operativa entre Unión Ferroviaria y la empresa Soesa, vinculada al grupo de Franco Macri, que es la responsable de recibir el dinero del Estado nacional para hacer las inversiones que hacen falta y, a mayor gasto, más cobra".

Y agregó: "El Estado le está dando 26 millones de pesos por mes y el 6% del total de lo que se gasta es para Soesa, por eso a la empresa le interesa que se gaste más. Es un injerto que se hizo en la concesión, que desde el punto de vista legal es bastante riesgoso. Además de lo que le asigna el Estado, se gastó un millón de dólares por cada kilómetro de vías reparadas o construidas. En cambio, en Uruguay, se gastaron 300 mil dolares, en igual concepto. Evidentemente, hay algo que no cierra".


Las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA) fueron convocadas por el Gobierno para discutir en los próximos días la revisión de la política de subsidios a los sectores económicos destinada a recortar el gasto público en un contexto de crisis internacional.

El titular de la UIA, Ignacio de Mendiguren, reveló ayer que recibió un llamado en ese sentido del subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, que integra la comisión encargada de estudiar los subsidios.

Mendiguren afirmó que si bien no conoce los detalles de la medida por haber estado de viaje en la ciudad francesa de Cannes, donde participó de las reuniones del Grupo de los 20, "la dirección nos parece correcta".


Dante Miranda, integrante del Movimiento Nacional Ferroviario, afirmó a Hoy que todas las obras que se están haciendo las empresas privadas, en los ramales de carga, es con dinero del Estado.

"Por ejemplo las vías a Puerto Barranquera, la provincia de Chaco, están a cargo del grupo Emepa (Empresas Metalúrgicas Patricias Argentinas) que es de Benjamín Gabriel Romero, que tiene varias empresas de distintos rubros. También se está haciendo la renovación de vías en Córdoba y en Salta, todo esto con dinero del Estado. Pero es muy confuso, no se sabe bien de los negociados que hay en el medio", dijo Miranda. Y concluyó: "Lo que se sabe es que el ferrocarril es un elemento indispensable para generar y desarrollar economías regionales, pero no hubo avances en ese sentido, no exisitió ni existe planificación".

Belgrano Cargas actualmente opera 10.841 km de líneas férras a través del país. En 1999, comenzó su concesión a la Unión Ferroviaria (51%) y a la cooperativa industrial Laguna Paiva (48%). El Gobierno se adjudicó el 1% de ganancias y el derecho a elegir un director. En 2004 y luego de muchos problemas de concesión, se decidió reprivatizarla, pasando un 79% a manos privadas, un 20% a la Unión Ferroviaria y un 1% al Estado.