Río Negro.- El Tribunal de Cuentas amplió el monto que deberán restituir ex autoridades de la Caja de Previsión por irregularidades en la utilización de fondos públicos.

En cinco nuevos hechos, el órgano de control exigió a ex funcionarios la restitución de unos 4.400 pesos por investigaciones que comenzaron hace más de una década.

Los hechos concluyeron en condenas en la Justicia de dos a tres años de prisión en suspenso por "defraudación a la administración pública", con fallo firme a fines del 2008.

El año pasado, el Tribunal ya había planteado la restitución de algo más de 228.000 pesos para los mismos funcionarios, por el manejo irregular de fondos de la ex Caja de Previsión Social.

En ese caso, los juicios de responsabilidad recayeron en el ex presidente de la Caja, Guillermo Pazzi, el ex director de Administración, Roberto Oscar López Ocampo; la ex directora de Turismo, Sonia Nazzetta y el empleado Walter Esteban Colombi.

En un expediente del 2001, iniciado por la Fiscalía de Investigaciones por contrataciones directas, el órgano de control incorporó recientemente otras condenas por responsabilidad patrimonial y exigió, en forma solidaria, la restitución de fondos a esos cuatro ex funcionarios y, además, al ex empleado José Herrero.

Las restituciones exigidas totalizan -con sus intereses- a 1.121,91 pesos; 295,24 pesos; 1.339,65 pesos; 1.055,70 pesos y 559,32 pesos, sumando 4.371,82 pesos. En su mayoría corresponden a facturas irregulares.

A mediados del año pasado, el Tribunal dispusó una devolución superior a los 228 mil pesos, con montos dispares por las responsabilidades en la unidad previsional. La mayor correspondió a Pazzi con 220.000 pesos, siempre compartidos con los otros ex funcionarios, mientras que López Ocampos -ex director de Administración- reunía 216.000 pesos. Las nuevas condenas suman 1.975 pesos y 3.030 pesos, respectivamente.

El expediente judicial central en la Justicia repetía la modalidad de contrataciones directas, sin trámite administrativo alguno y, muchos casos, los trabajos o servicios no se cumplieron o se concretaron en forma parcial.

Los hechos -que inicialmente rondaban el medio centenar- concluyeron en condenas a partir de que pagos irregulares (incluso algunos contratados afirmaron haber cumplido las tareas en casas particulares) y, entre otras cuestiones, la existencia de facturas abonadas que "no serían reales en razón de haber sido extraviadas por la proveedora".