Mendoza.- El Tribunal de Cuentas de la provincia revivió un viejo escándalo que involucró a los concejales de Luján. Por la causa de los "contratos truchos", el organismo de control condenó al ex edil peronista Sergio Abraham a devolver la suma de 114 mil pesos y a la ex concejal y actual precandidata a intendente del PJ Miriam Barroso, 2.259 pesos.

El fallo lleva el número 15.627 y es de febrero de este año pero fue publicado esta semana en el Boletín Oficial.

El resonante caso salió a la luz en junio de 2007, cuando un peluquero se acercó al Concejo Deliberante lujanino para solicitar un plan social y se lo rechazaron porque ya cobraba un sueldo como contratado. Resultó que el hombre figuraba como beneficiario de un contrato y alguien percibía el sueldo en su nombre.

A partir de esa intervención se desató una andanada de denuncias, surgieron más personas cuyos nombres integraban el listado de personal temporario sin que lo supieran y comenzaron las investigaciones judiciales, con participación de la Fiscalía de Delitos Complejos, y administrativas, como la del Tribunal de Cuentas, además de una faceta política porque se activó una comisión investigadora en el propio Concejo.

Si bien el principal sindicado fue el justicialista Abraham, quien estaba a cargo de la presidencia del cuerpo y tenía un estrecho vínculo con el oficialismo demócrata, el manto de sospecha se extendió a todo el cuerpo.

Casi cuatro años después del escándalo, el Tribunal de Cuentas mantiene observaciones y volvió a formular cargos contra Abraham e incluyó también a Barroso. En octubre de 2010, se conoció la primera sanción aplicada por el organismo al ex edil. En ese momento, lo condenaron a restituir 71.494 pesos.

Del texto de la sanción conocida ahora se desprende que, por un lado, los responsables no pudieron "acreditar fehacientemente" la prestación de servicios de los contratados y, además, que en las planillas de sueldos "donde debía figurar la firma de los agentes acreditando la percepción de los haberes, obran signos que no serían demostrativos de ello, ya que los mismos se repiten para varios agentes".

En principio, se hablada de 40 contrataciones falseadas, pero el número se fue incrementando con el correr de la investigación. En esta oportunidad, el órgano de contralor detectó irregularidades en la contratación de 13 personas.

De esa cifra sólo un contrato figura bajo la responsabilidad de Barroso. La ex edil actualmente encabeza como candidata a intendente una lista departamental que participará en la próxima interna del PJ.

El monto de los contratos variaba según la personas, pero se movían entre los 1.100 y los 4.500 pesos. Incluso, hubo un caso en que el aguinaldo superó el valor establecido en el contrato y con un solo mes de, supuesto, trabajo.

"Por ello, en función de las consideraciones señaladas (el Tribunal de Cuentas) resuelve formular cargo a los responsables por el monto de $ 82.065,26, con más los intereses determinados hasta la fecha según la normativa vigente, cuyo importe asciende a $ 35.000,76. Esta suma, adicionada al capital, totaliza un monto de $ 117.066,02", define la sanción.

Los ex ediles deberán depositar los importes dentro de los treinta días de anoticiados de la resolución en una cuenta del Banco Nación, y una vez acreditados, el Tribunal los girará a la tesorería del municipio.

Además de la actuación del Tribunal de Cuentas, se produjeron denuncias penales y civiles que aún persisten. Según informó Sergio Rocamora, apoderado general de la municipalidad, en las fiscalías de delitos complejos sigue la investigación para intentar establecer si hubo más responsables del desfalco al Estado por esos años, ya sea que fuesen miembros del Concejo lujanino, empleados o funcionarios comunales. Las causas están en manos de Claudia Ríos y Santiago Garay.

En cuanto a Abraham, pidió el beneficio del juicio abreviado y el 15 de abril de 2008 se declaró culpable del delito de administración fraudulenta con perjuicio al Estado municipal. Fue inhabilitado de por vida y condenado a tres años de prisión en suspenso por haber cobrado más de 40 contratos irregulares.

Tras haber aceptado los hechos que se le imputaban, el municipio de Luján le inició una querella en el fuero civil por el perjuicio ocasionado a la arcas municipales . El monto de la demanda es de 200 mil pesos, pero el monto puede crecer ya que está sujeto a probar mayor daño como así también se sumarán los intereses.