El problema, entonces, no es numérico, sino legal.En 2008, último ejercicio fiscal completo disponible, el Gobierno dispuso ampliaciones y reasignaciones presupuestarias, por ejemplo asignando partidas de gasto de capital para que se ejecutaran como gasto corriente, por $ 41.537 millones. De ese monto, $ 36.727 millones se realizaron mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (el 1.472/08) que firmó Cristina de Kirchner cuando hasta hacía poco tiempo renegaba del uso de esos instrumentos.

Es decir que en uso de los superpoderes propiamente dichos, si por ellos entendemos las facultades que se fijaron en forma permanente en el ar-tículo 37 de la Ley de Administración Financiera en 2006 y las que están en el artículo 15 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, se incorporaron fondos al gasto que no estaban contemplados en el Presupuesto 2008 por sólo $ 4.810 millones. Es decir, el 0,33% del gasto aprobado en la ley de Presupuesto 2008. El resto de las ampliaciones corrieron todas por DNU.

Y esto fue así porque ni siquiera los superpoderes le permiten al Gobierno aumentar el gasto público en esa dimensión.El segundo problema que tiene la Argentina en materia de manejo de fondos es la forma en que se elabora el Presupuesto nacional. Por más que se afirme desde el Poder Ejecutivo que el uso de fondos públicos está controlado por los instrumentos de la Ley de Administración Financiera y la Auditoría General, lo cierto es que esos controles operan siempre con posterioridad a que el Gobierno tome las decisiones sobre el destino de los fondos.

No existe, nunca lo hubo, un sistema de control ex ante de las decisiones sobre el gasto, ni la forma en que el Ministerio de Economía elabora el Presupuesto y sobre qué bases lo hace.

En el Congreso, las computadoras de las comisiones de Presupuesto y Hacienda no están en línea con Economía, como sí sucede, por ejemplo, con la poderosa National Budget Office, que depende del Capitolio de Washington. De ahí que diputados y senadores, aunque hayan querido, nunca pudieron controlar si las proyecciones de crecimiento, recaudación, tipo de cambio y el destino de las partidas se ajustaban a la realidad.

¿Qué tiene que ver esto con los superpoderes? Gracias a esa falta de información, Domingo Cavallo pudo durante la era Menem sobreestimar ingresos que destinaba a mayor gasto en áreas como obras públicas, salud o servicios sociales, que luego, cuando la recaudación no alcanzaba para cubrir el gasto creciente o pagar un vencimiento de deuda, reasignaba mediante decretos o decisiones administrativas.

Con la llegada de Roberto Lavagna a Economía, en la presidencia de Eduardo Duhalde, se comenzó a apelar al mismo artilugio, pero en el sentido contrario: se subestimaba el crecimiento y por lo tanto los ingresos, y se sobreestimaban los gastos. Eso generó durante todo el Gobierno de Néstor Kirchner enormes excedentes de recaudación que luego, mediante el uso de los superpoderes, se destinaban a gasto que nunca había sido contemplado en el Presupuesto nacional, básicamente porque esos mayores fondos jamás habían sido contemplados en la ley.