El legislador Gabriel Pluis lanzó la semana pasada la primera piedra sobre una nueva reconducción del presupuesto. La oposición legislativa hace tiempo adelantó que no aprobará una norma con endeudamiento y existen objeciones a la unificación de cuentas. El gobierno debería haber enviado un proyecto reformulado con una norma separada para la toma de crédito, pero hasta el momento no lo hizo. La reconducción automática, una excepción prevista para salvar anomalías, podría consolidarse como regla en esta gestión, que lleva dos períodos sin presupuesto aprobado. Así lo advirtieron desde el Centro de Investigaciones Sociales y Económicos.

Río Grande.- La ley de administración financiera ?N° 495- prevé el principio presupuestario de "anualidad", y fija inicio y final para cada período, del 1 de enero al 31 de diciembre. Sin embargo la gestión ARI hasta ahora eliminó el concepto de anualidad y viene reconduciendo el presupuesto del último año del gobierno de Hugo Cóccaro.

Al margen de que, siendo oposición, hubo un rechazo ferviente a una ley que incorporaba superpoderes y endeudamiento, el ARI podría intentar una nueva prórroga para 2010, si se cumplen los pronósticos del legislador Gabriel Pluis, el primero en advertir públicamente de estas intenciones.
La Constitución y la ley citada prevén una excepción para el caso que el Poder Ejecutivo no haya presentado el proyecto, o que habiendo sido presentado, no se hubiera aprobado al 31 de diciembre, y la denomina "prórroga automática del presupuesto del ejercicio anterior" o "reconducción automática del presupuesto". Es claramente una excepción a los efectos de salvar una "anormalidad", e impide la paralización de los servicios públicos o que el Poder Ejecutivo deba disponer pagos ilegalmente.

La ley que actualmente se aplica es la 723, sancionada en una sesión más que polémica: la ordinaria del 22 de diciembre de 2006 donde además se aprobó RENASA y la duplicación de las dietas para los funcionarios.

Con la asunción de Ríos, y aun cuando hubo seis meses de transición para elaborar un proyecto propio, se recondujo el presupuesto del 2007, y volvió a reconducirse en 2008 para el período en curso.

La excepción se convirtió así en regla, y si esto es así estamos en presencia de la ilegalidad, que podría consolidarse con una nueva prórroga.

Rechazo tras rechazo

Las razones del rechazo legislativo a los dos proyectos del ARI fueron prácticamente las mismas, el endeudamiento multimillonario que preveían y que nuevamente aparece en el proyecto 2010.

Tan inviable como entonces, la formulación técnica es inadecuada, se aparta del régimen de responsabilidad fiscal ?que sería flexibilizado por el Congreso- y de hecho no hay consenso entre oficialismo y oposición para la aprobación de una norma en estas condiciones.

En este marco, no es alocado pensar que el año 2010 podría ser el tercero consecutivo con el presupuesto reconducido del 2007, puesto que aun cuando la oposición apruebe una norma diferente, el Ejecutivo se reserva el poder de veto y, para la insistencia, se necesitan dos tercios de la Cámara.

Sobre la formulación técnica

Según un análisis realizado por el CISE -Centro de Investigaciones Sociales y Económicas- sobre la base de datos oficiales, el proyecto provincial para el 2010 estima gastos totales según su Art.1° por una suma de 2.880 millones de pesos. Si la proyección final de gastos devengados para el ejercicio en curso oscila entre 1.900 y 2.000 millones de pesos, el proyecto 2010 incrementa el gasto en aproximadamente 44%. 

Con el nivel de crisis que atraviesa la provincia, ese aumento parece al menos inconcebible, sostienen desde el organismo. 

Además, el proyecto prevé en el cuadro de AIF (Ahorro, Inversión, Financiamiento) un endeudamiento de 630 millones de pesos, casi el triple de lo que se endeudó en 2008 -con rechazo y críticas del ARI-. 

A partir del déficit primario, el endeudamiento total de 630 millones se destinarían en parte a financiarlo, contra las normas provinciales que imponen un equilibrio.

Se reitera la delegación legislativa en el Ejecutivo, más conocida como "superpoderes", que el ARI siempre rechazó pero utiliza desde que llegó al gobierno. El proyecto oficial permite la reestructuración de los créditos del inciso 'Personal', así como por las adecuaciones que deriven de la reforma de estructuras ministeriales. Las mayores asignaciones presupuestarias que deriven de estos ajustes, deberán estar compensadas por la disminución de los gastos corrientes o de capital, y la atribución en todos los casos "sólo podrá estar delegada al Ministerio de Economía". 

Vale decir que el Ministro de Economía puede incrementar el gasto en "Personal" disminuyendo gastos de capital e incluso con endeudamiento, lo que hace prever serias dificultades de consenso en el ámbito legislativo para dar curso a la pretensión.

Por otra parte, la Constitución Provincial no permite endeudarse para los fines que pretende el gobierno. Ese endeudamiento sólo será viable "mediante leyes especiales sancionadas con el voto de los dos tercios de sus miembros" y para "la captación de empréstitos o la emisión de títulos públicos con base y objeto determinados, los que no podrán ser utilizados para equilibrar los gastos de funcionamiento y servicios de la administración".

Tampoco corresponde modificar el presupuesto de tal manera de restar gastos de capital para aumentar sueldos. Mucho menos, "establecer la libre disponibilidad de los fondos de afectación específica del Poder Ejecutivo como así también de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública y su inmediata incorporación al Tesoro de la Provincia, con excepción de los fondos nacionales con destino específico y los fondos de la Ley Provincial Nº 774", según se observa en el proyecto oficial.

Como su nombre lo indica, los "FONDOS DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA" son eso y han sido creados por alguna norma, por lo que deberían disolverse todas ellas para que sean de libre disponibilidad, siendo un claro ejemplo el desconocido destino de los fondos CRECE, declarados además intangibles.

Si bien el Congreso abriría un paréntesis a la ley de responsabilidad fiscal, hoy está vigente y la provincia no la cumple ni piensa cumplirla: la norma señala que la tasa de aumento del gasto público primario o corriente no puede superar la tasa de crecimiento del PBI , y se prevé un incremento del gasto público primario superior al 25% con una tasa de crecimiento del PBI que oscilaría entre un 3 y 4%. 

Equilibrio para el resto

Paradojalmente, el artículo 24 del Proyecto de Presupuesto 2.010 declama un equilibrio fiscal para los demás poderes, organismos de control y descentralizados, que no cumple a lo largo de todo su articulado. Señala que "el Poder Ejecutivo Provincial, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los organismos de control y los organismos descentralizados y autárquicos deberán ejecutar sus presupuestos preservando el equilibrio financiero. Dicho equilibrio se medirá como la diferencia entre los recursos percibidos y los gastos devengados".

La forma de aplicación de este artículo podría limitar las autonomías de los otros Poderes y organismos de control, ya que el Poder Ejecutivo tiene la obligación de girar los fondos en función de un flujo de caja que debe ser estudiado con anticipación a presentar el proyecto de presupuesto, en el cual no se han verificado las reglas básicas de equilibrio presupuestario, fiscal y financiero.

Sin consenso

Al margen de los análisis técnicos, es conveniente no omitir una mención a la coyuntura política. Es de conocimiento público que las relaciones entre los legisladores de la oposición y el oficialismo han tenido ribetes muy delicados, que denotarían una dificultad seria para construir consensos. 

Si este consenso ha sido muy difícil de construir hasta el momento, sería casi imposible que este proyecto prospere en función de todas las debilidades mencionadas.

Así las cosas, la redacción del proyecto es funcional a su rechazo que, de concretarse, traería como consecuencia no deseada que la provincia carezca de esta herramienta y, por ende, de un plan de gobierno. La ley de presupuesto necesita ser sancionada y ampliamente debatida, para plasmar a través de ella un plan de gobierno en cuyo diseño tiene derecho a participar toda la comunidad.